En las observaciones que hizo el Comité de Derechos Humanos de la ONU sobre el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que tiene rango constitucional, se señalaron algunos de los problemas que requieren políticas concretas e iniciativas institucionales por parte del Estado. La lentitud para investigar las responsabilidades de los grupos económicos en delitos de lesa humanidad, los cambios en la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la persistencia de las prácticas de tortura y las detenciones arbitrarias por parte de la policía fueron algunas de las situaciones que destacaron los expertos que escucharon a representantes del gobierno y de algunas organizaciones, como Amnistía Internacional, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Equipo Latinoamericano de Justicia de Género y las Católicas por el Derecho a Decidir. El Estado debería ahora implementar las recomendaciones para materializar el compromiso expresado por sus funcionarios con la ONU.

Entre los hechos que fueron motivo de preocupación y que se destacan en el documento del organismo internacional figuran:

- Demoras para investigar la responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad y cambios preocupantes en áreas del Estado vinculadas a la protección de los derechos humanos: la ONU destacó el informe sobre la responsabilidad empresarial en delitos contra trabajadores durante la dictadura y la creación de la Comisión Bicameral de Identificación de las Complicidades Económicas “pero lamenta los obstáculos en el avance de las investigaciones de estos delitos y que dicha Comisión no haya sido implementada hasta el momento”. Exige que se avance en el juzgamiento de los empresarios y del personal de las empresas involucrados en delitos de lesa humanidad. En varios puntos, expresó preocupación por “la adopción de recientes medidas de reducción de personal y cambios institucionales en áreas destinadas a la protección de los derechos humanos, particularmente respecto a las instituciones destinadas al proceso de memoria, verdad y justicia”.

- Preocupación por las reformas a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que favorecen la concentración: de acuerdo con el Comité de Derechos Humanos de la ONU, el Estado debe “revisar las recientes reformas en el servicio de comunicaciones audiovisuales que podrían tener el efecto de concentrar la titularidad de los medios de comunicación y afectar negativamente el derecho a la libertad de expresión”. El documento exigió la adopción de medidas para impedir esa concentración.

- Persistencia de prácticas de tortura y malos tratos y falta de investigación y sanción: los expertos de la ONU manifestaron preocupación por los niveles de autogobierno de los servicios penitenciarios y el escaso número de condenas a los responsables de torturas o malos tratos. Recomendaron medidas específicas para una mejor investigación y sanción de estos delitos y señalaron que urge la implementación de la Ley que creó el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura. Para el Comité, se debe “asegurar que el Mecanismo Nacional de Prevención (de la Tortura) sea establecido en todas las regiones del país (y que) disponga de recursos humanos y financieros suficientes para funcionar eficientemente”.

- Hacinamiento en las cárceles y lugares de detención prohibidos: el Comité solicitó que el Estado adopte “medidas eficaces para mejorar las condiciones materiales de los centros penitenciarios, reducir el hacinamiento existente y responder debidamente a las necesidades fundamentales de todas las personas privadas de libertad, en particular el acceso a la salud, tanto en el ámbito federal como provincial”. También indicó preocupación por el uso de las comisarías como lugares permanentes de detención.

- Muertes en el hospital neuropsiquiátrico Melchor Romero. Necesidad de implementar la Ley Nacional de Salud Mental: la ONU expresó preocupación por “internaciones por períodos prolongados, sin control efectivo, y el fallecimiento de 133 personas en el Hospital Melchor Romero, entre 2012 y 2014”. Recomendó “la plena aplicación de los estándares internacionales y de la Ley Nacional de Salud Mental”.

- Detenciones policiales arbitrarias: el Comité de Derechos Humanos cuestionó la normativa y las prácticas policiales para la detención de personas sin orden judicial. Expresó particular preocupación por las detenciones por averiguación de identidad sin control judicial suficiente.

Exigió que el Estado tome “todas las medidas necesarias, incluyendo medidas legislativas, con el fin de combatir eficazmente las detenciones no vinculadas a la comisión de un delito”.

- Lentitud e información limitada sobre la investigación del ataque a la AMIA: la ONU subrayó que “el Estado parte debe intensificar sus esfuerzos para investigar lo ocurrido en el ataque en 1994 al edificio de la AMIA, con el fin de que los responsables sean llevados ante la justicia” y “tomar las medidas necesarias para garantizar que la investigación se lleve a cabo de una manera rápida, efectiva, independiente, imparcial y transparente”.