Algunos de los jueces que firman la “Declaración de magistrados argentinos por una política de drogas respetuosa de los derechos humanos” explican aquí sus razones.

- Angela Ledesma, camarista de Casación federal. “El flagelo de la droga se enmarca en la triste realidad que consagra la selectividad penal, mano dura para pobres e impunidad para poderosos. Este cuadro de situación recurrente se pone de manifiesto frente a un sistema penal que sigue persiguiendo al consumidor y no logra juzgar a los integrantes de las grandes redes de criminalidad enquistadas en el mercado, en éste caso los verdaderos ‘narcotraficantes’ que hacen de los más débiles sus ‘víctimas’. Es importante destacar en qué contexto se formula esta Declaración y motiva mi adhesión. No propugno el consumo de drogas, sino que desde hace treinta años trabajo por la reforma de la justicia penal en aras de lograr mayor eficacia en la persecución del delito. La experiencia judicial ha demostrado que se sigue juzgando a quienes son captados por las grandes redes que dinamizan la cadena de tráfico de estupefacientes y encuentran luego como consumidores a sectores vulnerables de la población, incluso con particular daño incluso de aquellos que tienen menor capacidad económica y consumen droga de baja calidad y alto nivel de toxicidad, como es el caso del “paco”. En lugar de perseguir y juzgar a los responsables, se está re victimizando a los consumidores y sectores más débiles de la sociedad. Sin atender adecuadamente el problema de aquellos que sufren la adicción”.

- Guillermo Scheibler, juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario de CABA. “Nuestro actual régimen de penalización de drogas es liberticida y perverso, pero fundamentalmente inútil. Liberticida pues al perseguir al consumidor coarta libertades constitucionales básicas, tal como viene señalando la Corte Suprema –con intervalos no lúcidos– desde hace 30 años. Perverso pues, por un lado, descarga todo el poder punitivo del Estado mayoritariamente sobre los eslabones más débiles de la cadena del consumo y tráfico. Perverso también, pues las condiciones de prohibición total generan las mejores condiciones para que florezcan las organizaciones violentas y se expanda la corrupción institucional. Pero lo más triste, es que es total, soberana y completamente inútil. Pues ni ha logrado desmantelar el tráfico ilegal, ni se ha constituido en un factor idóneo para proteger la salud pública en general y menos aún la de los consumidores en particular”.