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La intervención del gremio de las trabajadoras sexuales fue el pronunciamiento político más duro del día. Elena Reynaga, la secretaria general de la Asociación de Mujeres Meretrices Argentina (Ammar) viajó a Rosario apenas supo la noticia. Después de varias llamadas, organizó una conferencia de prensa para instalar el crimen como resultado directo o indirecto de las acciones de la corporación policial: “El mayor proxeneta que tenemos –dijo– es la policía”. El ministro de Justicia, Gustavo Beliz, llamó a la CTA para ponerse a disposición del gremio.
Reynaga recibió un mensaje de uno de sus compañeros de la CTA de Capital que le avisaba los efectos del homicidio a nivel nacional. El ministro Beliz se había comunicado más temprano con ellos para conocer los detalles del caso. “Si no llamaban, yo misma les iba a pedir una audiencia”, decía más tarde. “Hasta hace poco tiempo (otro proxeneta) era el Estado, por primera vez ahora demuestra que no es sordo, vamos a aprovechar para llevar nuestros reclamos a la Casa Rosada”.
Los integrantes de Ammar Capital conocían bien de cerca a Sandra. “Cómo no iba a estar acá –decía Reynaga– si hablaba todos los días con ella, se la pasaba haciendo denuncias, peléandose con la policía”, dijo a Página/12.
En la conferencia de prensa que ofreció en Rosario, ese perfil quedó planteado: “Sandra tenía muchos ovarios para luchar contra un poder tan corrupto y sanguinario como es la policía –decía–. Pagamos impuestos para que nos cuiden, no para que nos maten. Acá el mayor proxeneta que tenemos es la policía, pero nosotros vamos a seguir denunciando hasta que caiga el último policía corrupto”.
En ese mismo discurso quedó planteado el escenario en el que confrontan las trabajadoras sexuales de Rosario que intentan abrirse un camino por afuera de la estructura protegida por la policía o regenteada por los propietarios de los prostíbulos privados. “Los saunas y prostíbulos les están dando ganancias a los jefes de policía; porque ellos son cómplices –dijo Reynaga a este diario–. Porque si vos lo sabés, como lo saben todos los ciudadanos, ¡cómo no lo va a saber la policía!”.
Las denuncias de Sandra Cabrera contra esa estructura la convirtieron en un blanco móvil. Desde el mes de septiembre, cuando denunció la estructura de Moralidad Pública tuvo su casa vigilada por un custodio policial. El viernes pasado su hija se fue con un grupo de boy scout a Mendoza, y en ese momento pidió que le levanten la custodia. Entre los aspectos denunciados por ella, también estaba el abuso de menores en los locales privados. Con relación a ese punto, Reynaga decía ayer: “Yo les digo que hay saunas que traen a compañeras extranjeras por 30 pesos, del Paraguay, son mujercitas a las que nosotras ni las llamamos trabajadoras (sexuales) porque son menores de edad”.