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A partir del hallazgo de un archivo denominado “Bicho”, encontrado en la computadora personal de María Marta García Belsunce, y contando con el aporte del sistema VAIC para el cruce de llamados telefónicos y datos que surgen de otras causas judiciales, el fiscal Diego Molina Pico despliega una farragosa hipótesis que vincula al victimario, a la víctima y a otros personajes del caso con entidades financieras relacionadas con el Banco General de Negocios, una de las pantallas utilizadas para blanquear el dinero sucio del Cartel de Juárez. Respecto del crimen propiamente dicho, Molina Pico le atribuye importancia a una transferencia ilegal de fondos, esquivando el corralito, realizada presuntamente por Carlos Carrascosa, a través de la firma Exprinter Representaciones, el 4 de noviembre de 2002, es decir ocho días después de la muerte de María Marta. Esos fondos, se supone, fueron depositados en el exterior a nombre de Carrascosa.
Ese 4 de noviembre hubo dos llamados a Exprinter, ambos desde El Carmel, uno del teléfono a nombre de Carrascosa y el siguiente desde una línea que estaba a nombre de la víctima. El titular de Exprinter era en ese momento Vicente Fernández Ocampo, quien trabajó durante mucho tiempo en Compañía General y en la Compañía General de Inversiones, dos entidades vinculadas al Banco General de Negocios. De acuerdo con los datos que menciona el fiscal Molina Pico, el Banco General de Negocios y Carlos Carrascosa crearon, en 1991, la Compañía General de Negocios Bursátiles S.A. Luego le agregan a la sigla “Sociedad de Bolsa” y empiezan a operar en el Mercado de Valores de Buenos Aires. Carrascosa es nombrado vicepresidente y María Marta García Belsunce directora suplente. Ambos dejaron esos cargos en 1994.
El fiscal deduce que el nombre clave “Bicho” era el que identificaba a Vicente Fernández Ocampo, el dueño de Exprinter, quien también tenía una fluida relación con Sergio Binello, otro de los involucrados en el crimen. En la agenda personal de María Marta estaba asentada la dirección y el número de teléfono de Exprinter bajo el rótulo “Fernández Bicho”. El mismo Fernández Ocampo y un hermano suyo vivieron en Juncal 721, de la Capital Federal, que también fue domicilio de Rodolfo Hamilton Taylor, padre de Miguel Enrique Hamilton Taylor, esposo de Nora Burgués, alias “Pichi”, también imputada en el caso María Marta.
A partir de todas estas relaciones comprobadas, el fiscal estima que entre todos “no sólo existía amistad sino también intereses económicos de unos, resguardados por los otros”. Molina Pico afirma que a partir del marido de “Pichi” Burgués “también se llega al Banco General de Negocios, ya que la firma Valbone S.A. –integrada por el nombrado, su padre Rodolfo y por Oscar Guillermo Kraft (...) recibía dinero de esa entidad bancaria”, como está asentado en un balance del año 1998. Kraft está casado con una hermana de Miguel Taylor.
La hipótesis diseñada por el fiscal Molina Pico incluye una serie de citas de distintas causas judiciales y admite que hay distintas pruebas en trámite, en lo que respecta a la presunta vinculación de los protagonistas con el BGN, donde María Marta “pudo haber tenido una caja de seguridad durante el año 2002”. En todos los movimientos, el fiscal pone en un rol importante a Guillermo Bártoli, como supuesto testaferro de Carrascosa. Molina Pico cree que el móvil del crimen podría ser una disputa por el dinero que fue transferido al exterior 8 días después del homicidio.