Desconectar el respirador artificial a una persona lúcida, que tiene chances de seguir viviendo, pero que ha rechazado hacerlo en esas condiciones, plantea una situación límite para la bioética. ¿Se trata de un suicidio asistido o, lisa y llanamente, un caso de eutanasia? ¿O es, simplemente, el rechazo de un paciente a continuar con un tratamiento? Página/12 consultó a especialistas en bioética que analizaron el caso y trazaron paralelos con la situación en la Argentina.
Para el médico Carlos Gherardi, director de Bioética de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, el de Miss B. “es claramente un caso de rechazo de tratamiento por parte de la paciente, como una expresión autónoma de su voluntad”. En cambio, para el juez Pedro Hooft, presidente de la Asociación Argentina de Bioética, se trata de un caso fronterizo con la eutanasia, dado que “el paciente no puede desconectar por sí mismo el respirador, y la intervención queda en manos del médico”.
Según Gherardi, la resolución del alto tribunal de Gran Bretaña es, “desde el punto de vista moral, un avance en el respeto a los derechos del paciente en un país tan conservador como el Reino Unido”. Para el especialista –director del Comité de Bioética del Hospital de Clínicas– no se trata de un caso de eutanasia pues ésta consiste “en provocar la muerte en forma activa”.
“Aunque es altamente probable que con el retiro del respirador la paciente muera, también es posible que esto no ocurra, como pasó en el caso de Karen Quinlan, en los Estados Unidos, en que la paciente vivió diez años más después de que le quitaron el respirador artificial”, afirmó Gherardi. El especialista aclaró que, de todas formas, el médico no puede ser obligado a cumplir con la medida y “sólo puede hacerlo si no tiene objeción de conciencia”.
En cambio, según el juez Hooft, el caso presenta un dilema que expresó en términos dramáticos: “Se trata de la diferencia entre matar y dejar morir”. El magistrado –titular del Comité de Bioética de la Universidad de Mar del Plata– defiende el criterio de que ninguna persona puede ser sometida a tratamiento contra su voluntad. “Cuando el paciente se niega a operarse o a recibir determinado tratamiento, la actitud del médico es pasiva, pero cuando tiene que desconectar un respirador, debe adoptar una conducta activa”, explica. También plantea las diferencias con el suicidio asistido, dado que en esos casos, “el médico sólo receta la medicación, que es administrada por el propio paciente”. Para Hooft, la resolución de estos casos merece un profundo debate ya que “de extenderse este tipo de decisiones, la sociedad podría desentenderse de las personas más vulnerables”.
Con respecto a la situación en la Argentina, el Congreso ha esquivado hasta ahora una legislación sobre el tema, lo que deja en desamparo a los médicos y, sobre todo, a los pacientes en situaciones extremas. “Hay penalistas que creen que es necesario modificar el Código Penal para eximir de responsabilidad a los profesionales que actúen en estas circunstancias, mientras que los civilistas encuadran la elección del paciente como una decisión privada, protegida por el artículo 19 de la Constitución Nacional”, dijo Gherardi. Por las dudas, los médicos se abstienen de tomar decisiones de este tipo “o la hacen en un acuerdo en la intimidad con el paciente y su familia, sin consentimiento escrito”.