El violento desalojo que sufrieron Atilio Curiñanco y Rosa Rúa Nahuelquir el 2 de octubre de 2002 había sido ordenado por el juez de Instrucción de Esquel, José Colabelli, conocido en la Patagonia por sus rápidos fallos siempre opuestos a los intereses de los pueblos originarios. La parcialidad también la notó el Consejo de Magistratura –luego de reiteradas denuncias del pueblo mapuche– que a través del Tribunal de Enjuiciamiento destituyó a Colabelli a principios de este mes. Los argumentos del veredicto fueron de una dureza inusual: “Mal desempeño de su función y desconocimiento inexcusable del derecho”.
“Tenía una trayectoria de permanentes atropellos a la gente más débil”, había afirmado el abogado Gustavo Macayo, impulsor de la causa y permanente defensor de los derechos de los mapuches. El referente de la Organización 11 de Octubre, Mauro Millán, había resaltado que “la destitución del juez no fue un hecho inmediato, fue el resultado de una lucha de diez años contra ese personaje nefasto y es una muestra de la situación lamentable de la Justicia huinca”.