Tres pilares fundamentales constituyen la base del proyecto de unión civil nacional que presentará la CHA: los derechos a la herencia, a la adopción y a la pensión por fallecimiento. Es decir que si se aprobara este proyecto, la unión civil tendría un status similar al del matrimonio. Las diferencias, sin embargo, no estarían sólo en el nombre: los impulsores del proyecto hablan de una herramienta más moderna, que permita acuerdos sobre aspectos patrimoniales y de más sencilla disolución que el matrimonio. Que pueda ser usada, eso sí, tanto por parejas homosexuales como heterosexuales. Conscientes de que necesitarán un consenso amplio para evitar un rechazo de entrada, la organización buscará aportar información a la sociedad antes de que el proyecto llegue al Congreso.
La cuestión de la denominación no es menor y ha sido evidentemente debatida. “No, no se llamará matrimonio –sostiene Marcelo Suntheim, secretario de la CHA–. Hay puntos interesantes a favor y en contra. El matrimonio es una figura muy ligada a la Iglesia. Nuestra ideología está atravesada por la conciencia de que el cambio se da paso a paso y nosotros lo que realmente queremos son beneficios concretos, la protección del Estado a nuestras familias. Entonces la igualdad final es algo bastante más lejano. Hoy, políticamente es más fácil establecer el debate sobre la unión civil que sobre la reforma de la ley de matrimonio. Y además es consecuente: si se llama unión civil o matrimonio, a la hora de las necesidades sólo tiene importancia ideológica. Lo correcto sería pedir una igualdad total ante la ley, pero lo posible hoy en América latina es esto. Además, en Argentina la gente ya conoce la unión civil.”
Actualmente, están trabajando en un borrador del proyecto. Un equipo jurídico asesor estará encargado de sugerencias y correcciones. Entre sus integrantes –algunos de los cuales ya están trabajando, otros lo harán después– figuran la jueza Graciela Medina (quien fuera la redactora del proyecto de unión civil para la ciudad de Buenos Aires), el abogado Eduardo Barcesat, Martín Bohmer (decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo), Eduardo Molina Quiroga, de la Asociación de Abogados de Buenos Aires; Nelly Minyersky, del Colegio Público de Abogados, y Daniel Borillo, abogado argentino de la Universidad de París.
Pedro Paradiso Sottile, asesor jurídico de la CHA, sostiene que se busca que la gente “tenga una nueva herramienta jurídica que privilegie la libertad y la voluntad de las partes: un nuevo instituto, diferente al matrimonio. Que sea más moderno, que tenga mayor libertad, que tenga, por ejemplo cláusulas sobre el tema patrimonial. En la Argentina, el matrimonio es sólo ganancial. Nosotros queremos que sea más amplio, que no sea imperativo. El matrimonio hoy en día está en crisis y se ve por muchos motivos. Mucha gente no puede hacer el divorcio por falta de dinero y porque es muy complicado. Nosotros pretendemos que también sea más libre en la disolución. Lo que debe ser muy claro es el tema de las obligaciones, sobre todo cuando hay descendencia. Pero en cuanto a las relaciones interpersonales, queremos que esté lo más librado posible a la voluntad de las partes”.
Paradiso Sottile argumenta que al no tener una figura de este tipo, el Estado está violando la Constitución, “porque no le da la oportunidad a las parejas de regularizar sus relaciones. Mi amor con mi pareja es diferente para el Estado al de Juan y Silvia –sostiene–, ya que no hay posibilidad de regulación, a mí no me dan los mismos beneficios, hay discriminación”.
Evidentemente, de los tres derechos planteados en el proyecto es el de la adopción el que va a generar más polémicas. “Somos conscientes de que tenemos que llevar una gran cantidad de información a los medios de comunicación y también de que todas las instancias del Estado que trabajan con la adopción, y las cátedras de universidades, las ONGs, las sociedadesmédicas, todos aquellos que trabajan con la adopción deben salir a dar información, son los referentes para este debate”, explica Suntheim.
Como antecedentes internacionales, menciona un conocido estudio de la Sociedad de Pediatría de Estados Unidos, que hace dos años evaluó positivamente la experiencia de padres gays y padres lesbianas, y también el caso de Canadá, con la adopción por parte de parejas del mismo sexo.
Es en este marco que la CHA habla de la necesidad de que se conozca información antes de presentar el proyecto de ley. “La sociedad, y la sociedad científica, deben manejar esta información, si no el tema no podrá ser debatido, van a prevalecer los prejuicios”, dice Suntheim. En esa dirección va el libro que presentarán próximamente, con escritos de psicólogos y psicoanalistas que trabajan en el tema, como Raíces Montero, Eva Giberti, Isabel Monzón y Alfredo Grande, entre otros.
En busca de aportar experiencias también están invitando, a través de la embajada canadiense, a funcionarios del área del menor de ese país, para que trasmitan la experiencia recogida allí en cuanto a las adopciones. Todo eso sucederá antes de que el proyecto llegue al Congreso, aproximadamente en octubre o noviembre. “Queremos instalar el debate a nivel científico y social –explica Suntheim–, recién ahí van a estar dadas las condiciones para presentar el proyecto en el Congreso.”