La red de espionaje montada por Nina quedó al desnudo en marzo de este año, cuando los 40 mil expedientes atesorados por el régimen juarista fueron encontrados durante un allanamiento. Ese hallazgo fue uno de los motivos por los que el matrimonio terminó con una orden de arresto domiciliario desde el 1º de abril, el mismo día en que asumió la intervención. A cuatro meses de ese día, la ex gobernadora de Santiago perdió su condición de detenida por una decisión de la Justicia Federal santiagueña. Un tribunal de alzada le dictó la falta de mérito en dos de las tres causas pendientes. Su relación con la Justicia ahora está atada sólo al procesamiento por espionaje ilegal, aunque nadie sabe si prosperará. Los santiagueños están convencidos de que con Carlos Arturo Juárez ocurrirá algo parecido. Detenido por sus vinculaciones con la causa de los desaparecidos durante los años previos al golpe militar, sus abogados procuran la nulidad y pueden lograrla. Ya lo decía hace meses Angel de Jesús Toledo, el único juez federal de Santiago: “Esto es un juzgado federal, se miden tiempos judiciales y políticos”. Después de rumiarlo, pensarlo y razonarlo, Toledo firmó las dos órdenes de detención horas después de que el Congreso nacional diera por aprobada la intervención federal a la provincia. En ese momento, los Juárez se mostraban abatidos y como supuestos cadáveres políticos.