Cuando la lucha social se enfrenta a una sofisticación de los métodos de represión del Gobierno y de los servicios, es inevitable que se pongan de manifiesto las limitaciones políticas de quienes protagonizan estas luchas. Tanto el CELS como las Madres de Plaza de Mayo (Línea Fundadora) denunciaron que en la última represión actuaron policías de civil, infiltrados que siguen un diseño político emanado del Ministerio del Interior y de la SIDE. Esta metodología procura presentar a la represión desde un ángulo defensivo, para conciliar la exigencia patronal y del imperialismo de que el Estado recupere el control de la calle con la promesa oficial de no criminalizar la protesta social. La represión parapolicial se viste de paisana para pagar un tributo de respeto al estado de derecho. No es el gobierno de Kirchner, por cierto, el que inventó esta metodología. Tampoco es casual que los “servicios” filmen lo que esperan presentar más tarde ante la Justicia como el video de la historia oficial. Por mucho menos, el control fotográfico del tránsito se denunció en la Legislatura la violación estatal de la privacidad. Ante esta operación centralizada del Estado (y sus enormes recursos) emergen las limitaciones de los movimientos que luchan. En primer lugar, su falta de unidad. La manifestación del martes para reclamar la libertad de Castells fue absolutamente improvisada. No es ninguna novedad que el Gobierno ha venido operando para dividir a los piqueteros: el Estado se niega a atender las reclamaciones piqueteras como un conjunto. Operan igual las tendencias políticas que buscan subordinar los movimientos de lucha a tendencias extrañas a la clase obrera, incluido el petardismo. La respuesta es hacer consciente la necesidad de la unidad de clase. No hay como la presión del Estado para desarrollar, como respuesta necesaria, la conciencia política del pueblo.

* Partido Obrero.