La habilitación del local donde funcionó República Cromañón era “irregular” desde su inauguración como bailanta en 1997. La afirmación se desprende de un análisis que legisladores porteños del Interbloque de Izquierda hicieron al informe que el jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra, entregó en su presentación sorpresiva ante los representantes de distintas bancadas el 5 de enero pasado, cuando expuso su primer informe sobre el caso del boliche incendiado. La puntillosa evaluación detectó que los planos de incendio presentados incumplían con las normas establecidas en los códigos de Edificación y de Habilitaciones, que las inspecciones municipales y de bomberos estaban vencidas y que algunos inspectores no tienen una capacitación adecuada para su labor. Los argumentos serán presentados hoy durante la interpelación al titular del Ejecutivo porteño. Pero el informe ya fue presentado ante el juzgado de María Angélica Crotto y el tribunal en lo Contencioso Administrativo y Tributario porteño.
El informe de los legisladores, al que tuvo acceso Página/12, detalla una irregularidad edilicia en Cromañón, otras dos relacionadas con los controles de organismos públicos, y una cuarta dirigida a la Unidad Polivalente de Inspecciones (UPI). Respecto del primer punto, el documento remarca que el primer piso del boliche incumple con los códigos de Edificación y de Habilitaciones, y la ordenanza 45.425 (de exigencia en medios de salida). Según los planos originales, la zona vip fue denominada como “entresuelo” o “piso intermedio”. Pero de acuerdo con lo normado, estas últimas definiciones corresponden a las superficies menores a los 300 metros cuadrados. Y como el entrepiso del boliche excede esa medida se convierte en un “piso independiente”. Por este motivo está obligado a tener una salida de emergencias autónoma en ese nivel. Ante la inexistencia de esa alternativa, durante la noche del incendio los chicos debieron acudir a las puertas de abajo por las escaleras o arrojándose al nivel inferior, tal como lo hicieron cuando el fuego y el humo avanzaron.
A esta situación se agrega otra que también jaquea la habilitación: la normativa establece que no puede haber más de 40 metros desde cualquier punto del local hasta una salida, común o de emergencia. En la planta baja de Cromañón, esta indicación se cumplía. Pero, según el informe, desde el entrepiso y cualquiera de las puertas de salida hay, por lo menos, 50 metros de separación. “Las distancias del plano de incendios (de donde se sacó las medidas) contradicen el Código de Edificación. Es decir que todo estaba mal desde el principio”, sostuvo la legisladora Beatriz Baltroc, del Interbloque de Izquierda. “Además, los detalles quedaron ratificados en los testimonios de la gente que estuvo allí y que en ningún momento se habló de una puerta de emergencia hacia el exterior del local en el piso superior”, añadió.
Este error está en los originales que fueron aprobados en 1997, durante la gestión de Fernando de la Rúa, cuando Enrique García Espil era el secretario de Planeamiento Urbano y a su cargo estaba la Dirección de Fiscalización de Obras y Catastro que “certificó el cumplimiento de las normas contra incendio”. Pero como las “irregularidades” continuaron, los responsables de su vigencia “son los actuales funcionarios”, sentenció la legisladora del Partido Autonomía Popular.
Pero hay más. El informe indica que también se transgredió la ordenanza 50.250 que exige la renovación anual del certificado de bomberos: los papeles presentados por Ibarra indican que la última inspección tiene fecha del 24 de noviembre de 2004. Es decir que para el 30 de diciembre trágico estaba vencido por más de un mes. Al respecto, Baltroc aclaró que “es cierto que esos controles los hizo la Superintendencia –que no depende del Ejecutivo de la ciudad– pero el gobierno porteño tiene la obligación de hacer su control sobre los controles hechos”. Y, precisamente, de aquí deviene la restante acusación.
Aparentemente se habría violado la ordenanza 51.239 que establece un plazo de 120 día para que el Ejecutivo porteño verifique el normal funcionamiento de la iluminación de emergencia, condiciones de prevencióncontra incendios, ventilación mecánica y el coeficiente de ruidos y vibraciones. Y el informe sostiene que la última verificación de este tipo se remonta al 29 de marzo de 2003.
“Es evidente que las habilitaciones se hicieron violando las normas –sentenció Baltroc–, y en eso también tiene que ver la capacitación irregular de los inspectores. Algunos son abogados o tienen profesiones que no tienen nada que ver con la preparación que debieran tener.” Al decir de la legisladora, esta situación “no mejoró” con la creación de la UPI porque “ese organismo no les da capacitación”. Según dijo, “hubiera sido más apropiado que las inspecciones quedaran en manos de la CGP”. El Interbloque solicitará “que Ibarra ponga a disposición su renuncia”, reveló. “Todo demuestra que hubo deficiencias en la habilitación original y en las inspecciones posteriores, que la ciudad fue un desgobierno durante años”, concluyó.

Informe: Adrián Figueroa Díaz.