En Ciudad Juárez ni siquiera se sabe exactamente cuántas son las mujeres asesinadas en los últimos doce años. Las cifras oficiales hablan de 320, pero Amnistía Internacional lleva el cálculo a 370 y otros organismos consideran que ya llega a los 400. Un químico egipcio y varios miembros de dos bandas han sido condenados por una decena de estos crímenes. Sin embargo, las manifiestas irregularidades en las investigaciones, la fabricación de pruebas y las confesiones obtenidas bajo tortura han viciado los procesos, al punto de que nadie cree en sus resultados.
Es, sin duda, difícil saber qué criterios se siguen para incluir o no la muerte de una mujer en esta lista de crímenes: recientemente la titular de la comisión para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez, Guadalupe Morfín, señalaba que es prioritario “identificar los criterios de las clasificaciones correctas de estos crímenes, como el feminicidio sistémico sexual, con un patrón de secuestro, donde existen las vejaciones y se tira a la mujer en un baldío”.
Aunque existen líneas de investigación abiertas sobre pornografía, trata de blancas, asesinatos seriales y narcotráfico en torno de estos homicidios, el primer informe de la fiscalía especial de la Procuraduría General de la República para el caso no arrojó resultados en ese sentido. La mayoría de los casos “resueltos” responden a violencia familiar. Otras hipótesis han ido más allá: sobre la base de las mutilaciones que presentaron algunos cuerpos (senos cortados, marcas en forma de equis en pecho o espalda), se consideró la acción de cultos satánicos. También corrió el clásico rumor de tráfico de órganos, se habló de “millonarios sádicos” y del uso de mujeres para filmar videos snuff, donde la víctima es asesinada durante el acto sexual. No hubo, sin embargo, evidencias que respaldaran estas teorías.
En 1995, cuando los asesinatos de mujeres ya habían sembrado la preocupación en Ciudad Juárez, apareció el presunto “culpable”: el químico egipcio Abdel Sharif, que tenía antecedentes de violación y una condena en Estados Unidos. Ya detenido por la denuncia de una trabajadora de una maquila, quien lo acusó de violarla, Sharif fue señalado como el monstruo que estaba tras todos los crímenes. Las autoridades consideraron entonces que el caso estaba resuelto. Sin embargo, los asesinatos siguieron. Poco después, varios miembros de las bandas Los Rebeldes y Los Toltecas fueron acusados de cometer otros crímenes instigados por Sharif: se dijo que, a fin de desviar la atención sobre él, les había pagado para que cometieran los asesinatos con su mismo modus operandi. Los detenidos confesaron todo eso, pero después dijeron que lo habían hecho para detener la tortura. Abelardo González, director del penal donde estaba Sharif, declaró que fue forzado a renunciar porque se negó a alterar los registros de visitantes: así se intentaba probar que Los Rebeldes habían tenido contacto con el egipcio.
Un juez terminó por desechar años más tarde la relación entre Sharif y las bandas. Ocho años después de haber sido detenido, el químico egipcio fue condenado a 20 años de prisión por uno de los asesinatos: el de Elizabeth Castro. Fue precisamente el día en que el procurador estatal debía partir hacia Washington para informar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos los avances en las investigaciones de Ciudad Juárez, una coincidencia que los organismos de derechos humanos marcaron como prueba de que la sentencia sólo había salido para que no fuera con las manos vacías.
El pasado 5 de enero, nueve años después de su detención, también fueron condenados –a sentencias de entre 24 y 40 años de prisión– cinco integrantes de la banda Los Rebeldes y cuatro de Los Toltecas, por el homicidio de diez mujeres. Hasta último momento insistieron en su inocencia.