La información suministrada por el Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires en relación con las detenciones policiales de niños por su condición de pobreza permite reflejar una vez más la delicada y estrecha relación entre el cumplimiento de los derechos de la infancia y su correlato con la situación jurídico-institucional para su protección.
Es que, si bien la Convención sobre los Derechos del Niño se encuentra ratificada e incorporada a la Constitución nacional, a la vez que expresamente reconoce a los niños como personas con derechos propios y plantea claramente intervenciones y abordajes institucionales diferentes según el problema a resolver (asistencial, familiar, penal, etc.), todavía sus premisas plantean serios desafíos para su cumplimiento. Y uno de los más urgentes es la reforma legislativa para su adecuación.
En ese sentido, si bien la ciudad de Buenos Aires cuenta desde el año 1999 con una de las más innovadoras legislaciones en materia de protección a la infancia a nivel local –la Ley 114 de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires–, la reforma legislativa pendiente a nivel nacional, junto con la revisión institucional consecuente, le impide potenciar y desarrollar plenamente los dispositivos locales para la protección integral de los derechos de la infancia. De esta forma, la persistencia a nivel nacional de la Ley de Patronato de Menores de las primeras décadas del siglo XX y del Régimen Penal de Minoridad del último gobierno de facto, que en su aplicación permiten la separación de niños y niñas de su medio familiar y comunitario meramente por cuestiones asistenciales y de pobreza, la posibilidad de su encierro (institucionalizaciones en recintos policiales, institutos de menores, etc.), con las terribles consecuencias que generan en la vida de los niños, permite graficar de alguna forma la estrecha relación existente entre el marco legal aún vigente y su materialización en las historias repetidas de vulneración de derechos.
Estas situaciones deben alertar sobre la frágil situación que viven los niños, niñas y adolescentes para el cumplimiento de sus derechos, y orientar a tiempo para cesar en estas violaciones. Es momento de que los responsables de las decisiones y la misma sociedad tomen estos compromisos asumidos por la infancia argentina, y que las leyes y las instituciones respondan cabalmente al reconocimiento y respeto de los derechos y necesidades. Este es el tiempo de los niños y del pleno cumplimiento de sus derechos.

* Oficial de Protección de Derechos, Unicef Argentina.