Durante varios años, Virgilina Fidelis de Palma investigó la sucesión del comendador Domingo Faustino Correa, probablemente el proceso judicial más extenso que haya tenido lugar en los tribunales brasileños. En 2001 un resumen del trabajo de Fidelis fue incluido en el primer número de la revista Justicia & Historia, presentada en el Tribunal de Justicia de Rio Grande do Sul. Allí, la investigadora cuenta que el juicio se inició el 27 de junio de 1874, duró 107 años, provocó una “corrida ilusoria tras la fortuna del Comendador”, y que en ese tiempo miles de “herederos” se inscribieron, pero esas supuestas riquezas nunca se distribuyeron.
La autora sostiene que si la sucesión del comendador fue tan trabajosa, se debió no sólo a su propio testamento sino también a uno previo: el de su mujer, Leonor María Correa. Fallecida en 1865, había nombrado a su marido inventariante y usufructuario universal de sus bienes. Eso permitió que al morir en 1873, él le pasase esa tarea a su propio inventariante, provocando la ira de los hermanos de Leonor, a quienes ella había nombrado como herederos y un reclamo por la partición que consumió años en los tribunales.
El testamento del comendador dejó bienes a diversas personas: sus llamadas “crías” (hijos que había tenido con las esclavas), diversos amigos y un par de sobrinos. “Caprichoso en las disposiciones y rico en imaginación fue el comendador al labrar su testamento –escribe la investigadora–. Un verdadero laberinto de ideas y disposiciones casi imposibles de ser cumplidas”. El ejemplo que toma del testamento es clave para sus presuntos herederos locales: “Declaro que la administración de bienes legados (a las “crías”) durará hasta la extinción de la cuarta generación de los legatarios, es decir los bisnietos, cuando cesará el usufructo del campo de Canudos y se devolverá a mis herederos o legítimos sucesores”.
La autora explica que los larguísimos tiempos que consumió la sucesión se debieron en parte a la lentitud de la Justicia de la época y a que “había ya un enorme número de herederos anotados, pues además de los tres hermanos de Doña Leonor María, estaban los descendientes de los once hermanos del comendador”.
El segundo período del juicio sucesorio empieza en 1970, cuando “por medio de la recisión, el proceso fue reabierto y se posibilitó una avalancha de peticiones”. “Hasta hoy –explica la autora–, contadas 50 de las 483 cajas, se obtuvo un total de 1952 peticiones y 6336 ‘habilitados’, en un período medio de seis meses. En cuanto al número de apelaciones, embargos y recursos, lo que se puede decir es que, hasta la fase actual de la investigación, aún no fue posible llegar a una cuantificación precisa, de cara al enorme volumen del proceso. Es cierto que vinieron peticiones de todas partes del mundo para que se habilitase la herencia, pero del universo de 6336 habilitados, solo dos fueron considerados por el inventariante como herederos del comendador”.
Sobre la avalancha de peticiones ocurrida en la década del ’70, “una verdadera corrida ilusoria tras la fortuna del comendador”, dice la autora que se inició en 1966, cuando una nueva inventariante incluyó “una fantasiosa nómina de 109 bienes de propiedad del comendador”. Ahí empezó “toda la propaganda en torno a la supuesta herencia, dada a conocer en la prensa del mundo entero como ‘oro caído del cielo’ o ‘la herencia del siglo’. La fantasía de esta nómina de bienes demandó una exhaustiva investigación en los registros y sólo terminó con una palabra de orden del Tribunal de Justicia archivando definitivamente el proceso en 1984”.