La denuncia que más suena de un lado de la línea telefónica 102, en varios puntos del país, es por violencia familiar y violación de los derechos del niño. Del otro lado, quienes la reciben son operadores capacitados para escuchar y dar un principio de solución a problemas familiares que van desde el maltrato enquistado entre sus miembros hasta los ultrajes más oscuros. En Misiones, “la mayoría de las denuncias son por abuso sexual o trata de niñas y niños”, afirmó el representante local del 102. Durante dos días, operadores de varias provincias se reunieron para evaluar sus experiencias y trazar líneas de acción conjunta durante la primera Jornada Nacional de Líneas Telefónicas de Ayuda a Niños, Niñas y Adolescentes que tuvo lugar en la ciudad de Buenos Aires.
En Neuquén “tenemos 1600 llamadas por año. La mayoría son denuncia por maltrato familiar y físico; unas 10 veces al día llaman por problemas conyugales. Es más, hasta llaman chicos para hacer bromas –reconoció Mónica Belli–; eso es bueno porque quiere decir que se apropiaron del 102”, añadió y provocó la sonrisa de los operadores que dialogaron con Página/12.
En Misiones, “los procesos son muy lentos. Hubo una nena que había sido abusada en su familia. Y la Justicia, en lugar de excluir al abusador, lo mantuvo en la casa hasta que se pronunció cuatro meses después”, contó Miguel Silva. En esa provincia, el 102 es tan popular que suele ser nexo entre la gente y, por ejemplo, los bomberos. La mayoría de los llamados que sí le corresponden son por casos de violencia contra mujeres, abuso sexual intrafamiliar o trata de niños y niñas. “Cuando hacemos la denuncia –se lamentó Miguel– y pedimos que allanen un prostíbulo donde explotan a niños, resulta que detrás había algún político y después todo vuelve a ser lo de siempre.”
Pese a las diferencias entre las provincias, “mayoritariamente, las llamadas de consultas son por distintas formas de violencia: física, psicológica o institucional”, puntualizó María Elena Naddeo, titular del Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes porteño. “Se notó que algunas líneas de provincia sólo están dedicadas a receptar casos de violencia y otras están incorporando la temática de adicciones.”
“Una de las estrategias analizada fue si (los operadores) sólo debían atender y derivar o hacer un seguimiento de los casos en equipos de constatación para tomar el caso o no”, sintetizó Sara González, vicepresidenta del Consejo. “Lo importante –añadió Mónica Fernández, miembro del Consejo Nacional de la Niñez– sería tener indicadores por región para trabajar tanto por los niños como para la contención de los operadores.”
Fabián Galaraga, coordinador del 102 de Concepción del Uruguay, Entre Ríos, planteó una cuestión de fondo: “Los ‘90 fueron los años de mayor adhesión del Estado argentino a las convenciones internacionales por la infancia. Pero fueron los años en que más se retrocedió en materia de derechos de los niños porque la pobreza es un factor que hace emerger la violencia contra ellos”. Entre Ríos tiene cuatro 102 y divide a la provincia en grandes áreas que trabajan con un hilo conductor: “Nuestra idea es no judicializar. Es más, estamos tratando de que nuestra legislación (similar a la Ley de Patronato) cambie y permita que el Consejo del Menor decida qué hacer con el chico en lugar de que lo haga un juez”, admitió Nora Musio, de Paraná.
En los últimos tres meses, en Chaco, 610 llamadas tuvieron que ver con violencia familiar y 170 pidiendo asistencia a chicos en situación de calle. “Hay llamados que por ahí son mentira, pero nosotros vamos igual, ¡mirá si es verdad y le pasa algo a esa criatura! Es mejor viajar de más que no ir”, opinó Lucinda Barrios.
La jornada fue auspiciada por Unicef, cuyo representante, Jorge Rivera Pizarro, opinó que “un operador es casi un psicólogo que recibe fuertes cargas atendiendo llamadas de violencia. Por ello debe tener más apoyo y las instituciones deben pactar más acuerdos” para la posterior contención de niñas y niños.

Informe: Adrián Figueroa Díaz.