Aníbal Fernández realizó ayer dos presentaciones ante la Justicia por los sucesos ocurridos en la estación de trenes de Haedo y sus inmediaciones. El ministro del Interior acercó a tribunales filmaciones obtenidas por los canales de televisión, pero dejó de lado las acusaciones personalizadas. Sin embargo, en sus declaraciones públicas siguió señalando a dirigentes sindicales, de la agrupación Quebracho, e incorporó en la nómina de supuestos responsables de los disturbios al Partido Obrero.
Fernández se presentó como querellante ante el juez federal número 1 de Morón, Germán Andrés Castelli. Con un escrito y muestras fílmicas, sobre todo de Crónica TV y Canal 9, puso en conocimiento de los sucesos que a su entender pudieron configurar un delito de acción pública.
“Estamos presentando varios casetes de todo lo que se filmó en ese momento, donde hay un lugar donde se están distribuyendo las molotov y hay filmaciones donde un sindicalista está arengando al conflicto”, señaló el ministro, desde Mar del Plata.
Castelli recibió las filmaciones de manos de la abogada Silvina Zabala, actual subsecretaria de Interior. El juez debe abocarse ahora a investigar si se configuró delito y, eventualmente, pedir la ampliatoria de la causa. Es recién allí donde Fernández –según informó su vocero– aportaría nombres y apellidos.
Más allá de la presentación, el juez Castelli envió un oficio a los ministerios de Interior y de Seguridad de la provincia de Buenos Aires para que aporten pruebas sobre la denuncia de “sabotaje” (ver aparte).
Fernández está convencido de que lo hubo.
“Se desconectó una tercera vía para que se rompa la zapata, que es la que toma la energía, y eso produce un chisporroteo fuerte bajo la máquina, lo que produce que el maquinista avise en la próxima estación que se tiene que detener. Lo hace, se pone un tren a la par y no quieren subir y 35 minutos después se producen los incidentes”, justificó su hipótesis.
Según Fernández, esa maniobra sólo la pueden realizar entendidos en el tema. Y es allí donde sugiere la participación de los delegados de la Unión Ferroviaria. El ministro volvió a señalar como uno de los que motorizó los disturbios a Edgardo Reynoso, quien responde políticamente al ex candidato a diputado por el Movimiento Socialista de los Trabajadores, Rubén Sobrero.
Reynoso reconoció haber estado en el lugar, aunque manifestó que eso no configura ningún delito. Más aún: se mostró convencido de que el “irresponsable de Fernández” –así lo llamó– está buscando un “chivo expiatorio”, para poner a resguardo a TBA, la concesionaria del servicio, por sus “malas prestaciones”.
Los otros señalados por Fernández, sobre los que dice tener “documentación incontrastable”, fueron Armando Vivas, un ex integrante del sindicato de conductores de trenes La Fraternidad, miembros de Quebracho y del Partido Obrero, a quienes no identificó. Ayer, el piquetero Néstor Pitrola, en nombre del PO, exigió la renuncia del ministro por “la patraña de responsabilizar sin pruebas” y sugirió una suerte de connivencia entre Fernández y TBA.
Además de la presentación ante la Justicia federal –ése es el fuero que se ocupa de hechos ocurridos en la jurisdicción de ferrocarriles– Fernández realizó otra ante la bonaerense Unidad Funcional de Investigación número 8, a cargo de la jueza Norma Menéndez, para que se investiguen presuntos delitos ocurridos fuera de la estación.