Ginés González García celebró la sanción de la ley de donante presunto como un triunfo personal: después de batallar durante tres años en las dos cámaras del Congreso, logró que los 45 senadores levantaran la mano para aprobar la norma. En cuanto a los resultados, el ministro de Salud es optimista. “En tres años –dijo a Página/12–, esperamos reducir a la mitad la lista de pacientes que esperan un trasplante”, que hoy son alrededor de 5700. Sólo el 5 por ciento de los fallecidos es apto para donación.
–¿Qué cambia a partir de ahora?
–Esperamos que esto genere mayor disponibilidad de órganos para trasplantes y que rápidamente pueda disminuir la lista de espera. El sistema vigente hasta ahora no representa la expresión solidaria argentina. Hoy tenemos 1.600.000 donantes. A partir de ahora tenemos 37 millones. Aunque hay que tener en cuenta que no cualquier persona fallecida puede ser donante: si murió por una enfermedad crónica o infecciosa, sus órganos no van a ser aptos para trasplantes. De acuerdo con las estadísticas, de cada 100 personas fallecidas sólo 5 o 6 pueden ser donantes: los que murieron por un accidente cerebro-vascular o por un incidente de tránsito.
–En los últimos años se había logrado mejorar la tasa de donantes sin necesidad de una ley como ésta. ¿Por qué no se siguió en esa línea?
–En tres años creció la tasa de donantes de 6 por millón de habitantes a 11 por millón. Con la ley de donante presunto pensamos que en los próximos tres años se puede duplicar la cantidad de donantes y disminuir a la mitad la lista de espera.
–Entre las críticas al proyecto se sostiene que se toma como consentimiento la omisión del paciente, su no opinión.
–La persona que no quiere donar sus órganos tiene la posibilidad de expresarlo, pero además se tendrá en cuenta la opinión de la familia. Si el paciente no dejó expresada su negativa, el médico les preguntará a los familiares si alguna vez el fallecido manifestó su voluntad de no donar sus órganos. Si dicen que sí, la ablación no se hará. A diferencia del sistema actual, no se les pedirá autorización a los familiares sino que se les pedirá este testimonio. En ese momento de dolor, no se puede cargar sobre los familiares con una decisión tan fuerte como donar o no los órganos del fallecido.
–¿No cree que, por tener donantes garantizados, futuras gestiones abandonen las campañas a favor de las donación de órganos?
–No, porque la propia ley es parte de la campaña. Se ha trabajado y se está trabajando mucho en el entrenamiento de los médicos y en crear una conciencia colectiva. Cuando empezó el tratamiento de esta ley, el proyecto tenía un 14 por ciento de aceptación en la opinión pública. Hoy está por encima del 80 por ciento.