“Realmente no sé qué fue lo que aquella noche me decidió a llamar a la policía, pero siempre digo que fue el verme limpiando mi propia sangre.” Este es el relato de Lorraine (Inglaterra), pero también es la realidad de muchísimas mujeres.

A pesar de la existencia de varios instrumentos legales nacionales e internacionales, en el mundo al menos una de cada tres mujeres ha sido golpeada, obligada a mantener relaciones sexuales o sometida a algún tipo de abuso a lo largo de su vida. En el 70 por ciento de los casos, el autor de estos hechos ha sido un familiar o conocido (Population Report, 1999). Sólo en 2005, en Argentina 7532 mujeres han denunciado haber sido víctimas de delitos contra la integridad sexual y el 33 por ciento de los homicidios dolosos ocurren en los domicilios particulares (Sistema Nacional de Estadística Criminal, 2006).

En todas estas situaciones, y en virtud del principio jurídico de la “diligencia debida”, los Estados siempre tiene la responsabilidad de prevenir, investigar, sancionar a los perpetradores y garantizar reparaciones para las víctimas de violencia; aun en los casos en que los perpetradores fuesen “agentes no estatales”.

En este sentido, el reconocimiento de la violencia contra las mujeres como una cuestión “pública” de interés para toda la sociedad claramente muestra algún grado de avance; sin embargo, esto no nos impide señalar algunas de las deudas que aún mantienen los Estados para con las mujeres en materia de derechos humanos: reconocer en sus prácticas que las víctimas de la violencia de género son en su mayoría mujeres, crear leyes integrales para proteger a las mujeres y promover sus derechos, tomar todas las medidas necesarias para que puedan acceder a la Justicia, garantizar escuelas y lugares de trabajo libres de violencia y discriminación, asegurar refugios dignos para las mujeres que escapan de la violencia, establecer un sistema estadístico nacional sobre violencia para una correcta evaluación e implementación de medidas, asignar, garantizar y aumentar los presupuestos destinados a las políticas públicas que tengan como objeto empoderar a las mujeres.

Por todo esto Amnistía Internacional ha lanzado en 2004 la campaña mundial “No más violencia contra las mujeres” en la que denuncia con vehemencia que la violencia contra las mujeres es una violación de derechos humanos, que no es una licencia social, no es normal, no es legal ni aceptable y jamás debe tolerarse ni justificarse.

* Campaña No más violencia contra las mujeres, Amnistía Internacional-Argentina.