El tráfico de seres humanos, junto con el de las armas, es el más rentable después del de tóxicos prohibidos, a la vez que el más reprobable moralmente por instrumentar a personas. Nos escupe en la cara que la esclavitud tantas veces abolida en los discursos sea moneda corriente en el mundo contemporáneo, donde el comercio de seres humanos afecta por lo menos a cuatro millones de sujetos cada año. La explotación sexual y laboral, fundamentalmente de mujeres y niños, debe llamar la atención de países y gobiernos, pero también de la sociedad civil, tanto más cuanto no se alzan muchas voces de organismos, iglesias ni juristas ante un fenómeno que parece encerrar prejuicios discriminatorios de orden sexista, y hasta a veces racista.

Los esfuerzos multilaterales trazados desde el orden internacional revelan que algunas exigencias abundan muchas veces en un sinnúmero de paradojas: capital digitalizado que circula mundialmente a costo cero junto con muros que impiden el traslado de personas; economías que demandan menores costos a través del empleo ilegal acompañadas de estrategias que sólo atienden el control de la oferta; instrumentos de Naciones Unidas desatendidos o tardíamente ratificados al lado de la persistencia en un paradigma exclusivamente securitario a nivel global.

Nadie puede desconocer que en materia de trata estamos frente a un problema que debe ser abordado desde la perspectiva de los derechos humanos, como que también guarda relevancia en las migraciones internas dentro de nuestras propias fronteras nacionales. La iniciativa de actualización normativa a estándares internacionales del delito exige la correcta adecuación del Código Penal, para lo que es propio desatender toda distinción por rango etario y cualquier relevancia del consentimiento del explotado adulto. Más aún: demanda que no se caiga en el absurdo de reprimir con penas más severas los tráficos de drogas que los de personas. Pero, como todos sabemos, la prohibición por ley es una hoja de papel que poco puede hacer sin una marcada actuación gubernamental. Una eficaz búsqueda a través de la constitución de un registro de personas extraviadas y un presupuesto integrado por un fondo constituido con bienes decomisados, con más la activa participación de los sectores interesados, forman parte de una mejor respuesta que debe brindar el Estado. Porque la finalidad de este denunciado “combate” no puede ser otra que la de garantizar la asistencia y protección especial que merece la víctima.

* Secretario de Política Criminal de la Nación.