“Este es el resultado de un trabajo de más de 20 años y un logro de la ciudadanía. No estamos solas, la despenalización del aborto en Uruguay tiene el apoyo de una articulación de muchísimas organizaciones sociales que trascienden el movimiento de mujeres”, celebró ayer Lilián Abracinskas, directora de Mujer y Salud en Uruguay, una de las caras más conocidas del feminismo del país vecino, motor de las alianzas y estrategias que se tejieron en la última década para llegar a la media sanción de ayer en el Senado.

Abracinskas coordina además la Comisión Nacional de Seguimiento: Mujeres por Democracia, Equidad y Ciudadanía, una articulación de sesenta organizaciones de mujeres de todo el país que han levantado la bandera de la despenalización del aborto y ayer estaban de festejos, pero sin demasiada euforia. En el recuerdo está el tratamiento de la despenalización del aborto en la anterior legislatura: en aquel momento, 2004, el proyecto –que ya tenía media sanción de Diputados– no pasó el examen del Senado. Ahora el final podría ser distinto.

–¿Cómo analiza el resultado en el Senado? –le preguntó este diario, minutos después de la histórica votación.

–Se desobstruyó el debate democrático, trabado por la amenaza de veto de Tabaré Vázquez. Es un logro del movimiento ciudadano: nadie creía que iba a haber debate parlamentario en este período. Pero el reclamo ciudadano lo consiguió.

–¿Es un triunfo del feminismo?

–Es el resultado de más de 20 años de trabajo. Pero no estamos solas. Logramos una articulación de muchísimas organizaciones sociales que incluye a la Central Unica de Trabajadores, organizaciones de derechos humanos, de diversidad sexual, de jóvenes, de mujeres judías y de otras religiones, de juntas departamentales, el Sindicato Médico, y multiplicidad de actores del ámbito académico. El debate sobre el aborto en Uruguay, desde la redemocratización del país en 1985, ha sido parte del desarrollo de una agenda social basada en una perspectiva integral de los derechos humanos, que refleja el surgimiento y maduración de nuevos consensos y la ampliación del ejercicio ciudadano. Fue la reivindicación social y la situación de las muertes maternas lo que desencadenó el proceso legislativo.

–¿Cuáles argumentos pesaron para que el Senado reconsidere el proyecto?

–El amplio consenso social que ha alcanzado en todo el país fue fundamental. La ineficacia de la ley del ’38, que penaliza el aborto, es una realidad que se palpa con las consecuencias en la salud de las mujeres que recurren a esta práctica clandestina. Despenalizar el aborto no es promoverlo. No es estar a favor de este procedimiento. Por eso es tan importante que el proyecto de salud sexual y reproductiva sea integral y contemple políticas de prevención. El aborto es la última opción para enfrentar un embarazo no deseado.

–¿Las mujeres argentinas –cuando se convierta en ley– podrán ir a Uruguay para acceder a un aborto seguro y legal?

–La ley incluye un artículo que exige residencia de más de 42 semanas para evitar el turismo por aborto. Pero se va a analizar que se incluya como excepción cuando haya una mujer extranjera que tenga que interrumpir un embarazo porque la gestación pone en riesgo su salud.

–¿Qué va a pasar con el veto anunciado por Tabaré Vázquez?

–Todavía falta el debate en Diputados. Pero el veto se podría estar levantando si en la Asamblea General, que reúne las dos cámaras, se juntan los tres quintos de los votos. Habrá que ver si el presidente no desiste del veto ante ese escenario.