El 17 de julio pasado, Yoel murió de bronquiolitis. Tenía seis meses de edad y estaba preso. Vivía con su madre tras las rejas, en la U33, de Los Hornos. Yoel era uno más de los 76 chicos menores de cuatro años, presos en cárceles bonaerenses. Las autoridades hablaron de muerte súbita. En todo caso, lo súbito era previsible desde su nacimiento, meses antes (en noviembre de 2006) cuando las presas de las U33 y U8 de Los Hornos, incluyendo su madre, sostuvieron una huelga de hambre en reclamo de mejoras en la atención para sus chicos. La muerte de Yoel disparó urgencia en Diputados. El 8 de noviembre pasado se dio media sanción a un proyecto de ley que faculta a los jueces a otorgar el beneficio de la detención domiciliaria a mujeres con hijos en prisión y a embarazadas presas. La votación fue de 127 a 2. Falta aún el voto del Senado para que el proyecto se transforme en ley. De todos modos, una vez sancionada, la futura ley no podrá modificar una realidad insoslayable: los hombres no podrán quedar embarazados. Es probable que la Cámara Igualdad de Géneros de San Nicolás considere la ley inconstitucional.

El proyecto fue promovido en el Congreso por las diputadas Diana Conti (kirchnerismo) y Marcela Rodríguez (ARI) y surgió tras el reclamo de las presas que fue tomado por el Comité Contra la Tortura, de la Comisión Provincial por la Memoria, entre otros organismos civiles y de derechos humanos, entre ellos el Centro Interdisciplinario de Estudios de Políticas Públicas (Ciepp), el CELS, ADC y el Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ). El CIAJ y el CCT habían presentado un pedido a la Suprema Corte bonaerense para que diera una resolución a cada tribunal, solicitándoles la aprobación de pedidos de morigeración de la pena para mujeres embarazadas y madres presas con sus hijos.

La interpretación del Trío Antidiscriminación Masculina que sostiene que mantener a los hijos con sus madres es una elección materna se da de cabeza con el informe del CCT, presentado esta semana, donde se explica por qué no es una elección sino casi un destino: “Las mujeres sufren un doble castigo –dice–, por haber infringido la ley, pero también por no haber cumplido con el rol esperado por la sociedad para una madre y una mujer. La familia le delega el cuidado de sus hijos, aun estando en prisión. Falta de recursos del núcleo familiar para hacerse cargo del niño. La posibilidad certera de que su hijo podrá ser institucionalizado en caso de no ingresar junto a su madre a las cárceles”.