En su portada del sábado pasado, Página/12 informa acerca del proyecto presentado por el ministro Aníbal Fernández para reformar la Ley del Nombre. Se explica que esta reforma terminaría con el uso del posesivo en la conformación del apellido de las mujeres casadas, sumaría el apellido materno a los hijos y permitiría elegir nombres extranjeros, entre otros cambios. Esta iniciativa, que compartimos en general, se produce, sin embargo, sin contemplar la mayor violación a los derechos humanos que la legislación actual sobre la identidad legal de las personas sigue perpetrando: la negación del derecho a la identidad de las personas trans.

Mi nombre es Marcela Romero. Pero mi documento dice otra cosa. Para la ley, no existo sino como alguien que no soy yo, con un nombre de varón que no me nombra y por el que nadie, absolutamente nadie me conoce.

Luego de más de diez años de haber iniciado el reclamo judicial para que se rectifique mi partida de nacimiento, sigo esperando que la Justicia reconozca que soy la que soy y no otra ni otro, que me llamo como me llamo, como todos me llaman, y que mi identidad es esa que vivo, y no la que figura en unos papeles amarillentos con un sello oficial del Registro Civil, que nada dicen sobre mí.

Miles de hombres y mujeres transexuales vivimos el calvario cotidiano de no tener un nombre reconocido por la ley. Eso nos produce infinitos daños morales y materiales. El proyecto de ley de Identidad de Género, elaborado por la Falgbt junto con el equipo de la diputada Silvia Augsburger y presentado por esta legisladora con la firma de diputados de diferentes partidos políticos, propone terminar con esta aberrante violación a nuestro derecho a la identidad. Esperamos que, con el mismo impulso que el gobierno nacional ha decidido darle a esta nueva Ley del Nombre, nuestro derecho humano a tener un nombre también sea reconocido.

* Vicepresidenta de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans.