Por Juan Puigbo *

Se impone poner en funcionamiento al Estado, el primer instrumento político de la sociedad, para cambiar la matriz económica. Y modificar la intervención del Estado en la economía, terminando con la composición injusta de la recaudación y los límites y distorsiones del régimen de gastos, transferencias y subsidios.
En lo que hace a la recaudación impositiva, mirada desde el porcentaje del PBI, en comparación con países presentados como paradigmas a imitar en los ‘90 –tales como Canadá, Estados Unidos y Australia– y teniendo en cuenta los porcentajes de la recaudación, tanto de impuestos directos (ingresos más patrimonios) como indirectos (transacciones de bienes y servicios), se pueden apreciar claramente las distorsiones del régimen argentino.
De esa comparación se pueden sacar tres conclusiones: a) la presión impositiva en la Argentina es baja; b) comparada con países como Canadá, Estados Unidos y Australia, nuestro sistema es profundamente regresivo, y c) los sistemas regresivos no sólo recaudan poco, con una tendencia a profundizar la baja de recaudación, sino que al interferir tan distorsivamente en los precios finales del consumo generan la sensación de que la presión impositiva es asfixiante.
Si se mira el gasto se debe remitir al actual presupuesto, que señala claramente las políticas públicas del Gobierno. Este presupuesto no impulsa políticas para sacar a los más de 20 millones de argentinos de la pobreza, consagra el régimen económico vigente y mantiene inalterada la matriz distributiva de profunda desigualdad. Carece además de obra pública y aumento de salarios, pone el acento en el asistencialismo, olvidando que éste nunca soluciona el problema social, en todo caso lo subraya. El Estado en esta hora debe reconstruir el círculo virtuoso del consumo y la producción, favoreciendo la demanda, expandiendo el mercado interno, impulsando el crédito, en particular el de mediano o largo plazo, que fomente la inversión, potenciando una estrategia de reindustrialización. Los recursos materiales y los instrumentos para ello existen.
La dirigencia empresaria debe aceptar que las políticas impulsadas en los ‘90 carecieron de responsabilidad social. Como ejemplo se encuentra la apertura asimétrica que se impulsó, cuyos resultados se reflejan en el siguiente dato: en 1989 había 3 millones de trabajadores industriales y a finales de 1999 quedaba sólo 1,8 millón.
Plasmar un país sustentable implicará una fuerte responsabilidad social de su dirigencia y un Estado al servicio de las mayorías. Seguramente en un país así la ciudadanía cruzaría las calles por la esquina, y si se cruza por la esquina no sólo respetará sus obligaciones, disfrutará también de sus derechos.

* Sociólogo y licenciado en Ciencias Políticas.
Miembro del Club Argentino Arturo Jauretche