Por Fernando Krakowiak

Durante los ‘90, los economistas asumieron dos posturas bien diferenciadas con relación a la deuda pública. Por un lado, se ubicaron quienes la definieron como impagable y, por otro, quienes recomendaron profundizar el ajuste fiscal para evitar la cesación de pagos a cualquier precio. Con el default consumado y la renegociación en puerta aquella polémica quedó añeja. Ante el nuevo escenario, Cash convocó a un representante de cada sector para saber cómo se debe seguir de ahora en más. Alejandro Vanoli, profesor de la Universidad de Buenos Aires, integrante del Grupo Fénix y temprano defensor de la necesidad de encarar una renegociación, apoyó la quita del 75 por ciento propuesta por el Gobierno y afirmó que “en seis meses se va a cerrar un acuerdo”. Mientras que para Pablo Rojo, candidato a ministro de economía de Carlos Menem durante la última campaña presidencial y ex titular del Banco Hipotecario, la propuesta de quita es correcta, pero “la probabilidad de que hoy se logre un acuerdo importante es baja”.
¿Qué opinión tienen sobre la propuesta de reestructuración de la deuda formulada por el Gobierno?
Alejandro Vanoli: Es una propuesta realista. La Argentina tiene dificultades fiscales y externas que han limitado su capacidad de pago. La quita expresa lo que los acreedores reconocen. Los títulos de la deuda valen entre 20 y 30 por ciento.
Pablo Rojo: Está bien que el Gobierno fije una posición de máxima para negociar. La Argentina formuló la propuesta 18 meses después del default. Eso no es habitual, porque los países que declararon la cesación de pagos como Rusia, Ecuador, Corea y Tailandia iniciaron mucho más rápido la reestructuración de su deuda y al cabo de 18 meses ya habían terminado. Esas negociaciones fueron más amigables. Las ofertas reflejaron en un 80 o 90 por ciento lo que el mercado estaba esperando. No es el caso argentino, pero si luego de tanto tiempo, el Gobierno hubiera presentado una propuesta amigable habría resultado contradictoria.
¿La propuesta se debería haber hecho antes?
P.R.: La Argentina comenzó a salir de lo más profundo del pozo en julio del año pasado. Lo razonable hubiera sido sentar las bases de renegociación en ese momento. El tiempo no juega en favor del país. Hoy las tasas de interés a nivel mundial están extraordinariamente bajas. Cuanto más tiempo se pierde, más riesgo se corre de tener que negociar en un contexto de tasas de interés más altas. El default también genera enormes perturbaciones económicas y financieras. Si no hemos tenido un boom exportador en el sector industrial es por la carencia de mecanismos de financiación del comercio exterior. Además, la incertidumbre sobre la reestructuración tuvo efectos muy negativos en el balance de capitales. A pesar de haber devaluado 200 por ciento, la salida de capitales no se detiene. Al cabo de 2003 se habrá fugado del país el equivalente a 3 puntos del PIB.
A.V.: No comparto la urgencia. Hasta octubre del año pasado era insostenible hablar de la renegociación de la deuda con un tipo de cambio descontrolado y una fuga de capitales mucho mayor. No me parecería atinado apurar la renegociación aceptando una quita del 35 por ciento por miedo a una suba de tasas. En la deuda, pesa mucho más el componente de valor presente que el de la tasa de interés. Es preferible no acordar antes que firmar un mal acuerdo. Hay que recordar el megacanje. Entonces, se trató de dar una rápida señal y los acreedores vieron que en realidad, se trataba de un manotazo de ahogado.
P.R.: Cerrar un acuerdo que no sea sustentable es el peor escenario. Pero los acreedores ven que la economía está mucho mejor y tienen más apetito. Hace un año una quita del 75 por ciento hubiera sido infinitamente más aceptable porque la economía se estaba desmoronando. Ahora que se está creciendo al 7 por ciento los acreedores piden más.
A.V.: No es bueno negociar cuando las cosas van para peor...
P.R.: Sin embargo, Rusia renegoció la deuda mucho tiempo antes de que su economía se recuperara y así obtuvieron las condiciones que se habían planteado.
A.V.: Entonces, para vos hubiera sido posible obtener una quita del 75 por ciento el año pasado.
P.R.: No digo eso, pero la quita hubiera sido mucho más grande que la que van a aceptar ahora. El mercado cree que la Argentina está en condiciones de llegar a un acuerdo en mejores términos para los acreedores, que el delineado por Lavagna en Dubai porque la capacidad de pago mejoró.
¿Qué capacidad de pago tiene la Argentina?
A.V.: La capacidad es muy limitada. Para pagar los títulos en default yo estimo que se dispone de 1000 millones de dólares anuales con un crecimiento del 3 por ciento anual. Tenemos que ser serios. Si proyectamos que la economía va a crecer al 6 por ciento anual durante 30 años, que va a tener una apreciación del tipo de cambio del 50 por ciento y un superávit fiscal que nunca tuvo, la capacidad de pago será mayor. Pero esos supuestos no se van a cumplir. Se debería fijar un mecanismo de estabilización para ahorrar cuando la economía crece y tener para pagar la deuda cuando el ciclo decae.
P.R.: Lo más lógico sería que los mecanismos anticíclicos se incorporen a la reforma del régimen de coparticipación federal no sólo para el pago de la deuda pública, sino también en relación con el sostenimiento de los ciclos de empleo, ingresos y crédito.
A.V.: Estas reformas también tienen que ir acompañadas de un cambio de paradigma político-económico que garantice desarrollo y no meramente crecimiento. La experiencia neoliberal de apertura comercial y financiera irrestricta no la podemos repetir. Tenemos que estimular el ahorro interno y un proceso de creación de ventajas comparativas. La destrucción del aparato productivo y la inequidad social provocadas por el neoliberalismo hacen que hoy no tengamos capacidad de pago.
P.R.: La capacidad de pago se destruyó con la devaluación. Durante la década del ‘90 la Argentina tuvo un índice de endeudamiento sobre su PIB menor al 50 por ciento, similar al de Bélgica e Italia. Ahora debe el 130 por ciento de su producto por la devaluación y las compensaciones posteriores que aumentaron la deuda pública entre 30 mil y 40 mil millones de dólares. La deuda nunca había aumentado tan rápidamente como lo hizo durante los últimos 20 meses.
A.V.: Esa relación deuda-producto es parcial porque la deuda de Bélgica e Italia es en su moneda, mientras que en la Argentina el 97 por ciento de la deuda estaba denominada en dólares, lo que constituía un factor de vulnerabilidad. Además, hay que recordar que gran parte de la deuda estaba en manos de inversores especulativos...
P.R.: El 40 por ciento de la deuda en default está en manos de inversores argentinos.
A.V.: Porque hubo muchos inversores del exterior que salieron ordenadamente entre 1998 y el 2001. No obstante, la sustentabilidad de la deuda es algo más que proyectar un superávit fiscal y medir una relación deuda-producto con un criterio voluntarista. La relación de los intereses y de la deuda respecto de las exportaciones era el peor record de los mercados emergentes.
¿Fue correcta la decisión de no incluir en la quita a los organismos multilaterales?
P.R.: Creo que se podría haber negociado una refinanciación de los intereses con los organismos multilaterales, para ofrecerles a los privados, una recompra de papeles de la deuda pública al 30 o 40 porciento de su paridad técnica. Eso hubiera generado algún incentivo para que se acepte la propuesta. Cuando el Gobierno acordó con el FMI sin contemplar una reducción del capital adeudado a los organismos multilaterales, y con el compromiso de pagar en efectivo los intereses que vayan devengándose durante los próximos cuatro años, quedó claro que la propuesta a los acreedores privados iba a ser de extrema dureza.
A.V.: La Argentina no tenía capacidad de plantear otro tipo de negociación con los organismos multilaterales de crédito porque el Grupo de los Siete no lo contempló. Además, los organismos multilaterales no han prestado a tasas de mercado y actuaron como una suerte de prestamista de última instancia.
P.R.: No se trataba de imponerle quitas al Fondo, pero sí de obtener la refinanciación de los intereses.
A.V.: En 2002 hubo cancelaciones netas de capital e intereses muy fuertes. Me parece que el esquema que se negoció ahora con los multilaterales es más razonable.
¿Qué probabilidades ven de llegar a un acuerdo con los acreedores privados?
P.R.: Hoy la probabilidad de que se logre un acuerdo importante es baja. Por eso el Gobierno hace bien en seguir con las negociaciones. El riesgo es que la oferta sea aceptada por menos del 60 por ciento de los acreedores, y que quienes no acepten se vuelquen masivamente a litigar. En ese caso, los jueces podrían embargar los fondos que se utilicen para pagarles a los que acepten la reestructuración.
A.V.: A fines de enero se les presentará una propuesta detallada a los acreedores y en los seis meses siguientes se va a cerrar la negociación. Si me pongo del lado de los acreedores, lo mejor es amenazar con la vía judicial, pero cuando el proceso de negociación se encarrile la inmensa mayoría de los tenedores de bonos va a aceptar la propuesta.