Más del 80 por ciento de las empresas argentinas no tienen política de incorporación de discapacitados y casi el 30 no incluye a mujeres en sus cargos directivos. Estas formas de discriminación quedaron plasmadas en un reciente estudio sobre “responsabilidad social empresaria”, un concepto muy de moda en Europa, pero aún novedoso en el país. El análisis estuvo a cargo de la Fundación El Otro, eslabón local de una cadena de ONG que, alentadas por Holanda, tratan de difundir esa idea en América latina. Según explicó a Cash Juan Carrera, uno de los responsables de la encuesta, existe un estímulo importante para esa difusión: los productos fabricados con sueldos de explotación o violando normas ambientales serán marginados de los principales mercados del mundo.
¿La responsabilidad social empresaria es un concepto tan amplio que va desde el pago de buenas remuneraciones hasta la relación con los proveedores?
–Si la única visión fuera la del negocio en sí, sin que importe la polución o el hecho de que se genere riqueza sólo para un núcleo muy estrecho, como ocurría hace 30 años, las cosas ya no podrían funcionar.
¿Pero no se trata de un concepto demasiado novedoso y ajeno a la idiosincrasia local?
–Sí.
Los empresarios latinoamericanos, en general, o argentinos, en particular, buscan maximizar la renta al costo social que fuere.
–No es tan así. Además, la situación es diferente en una pyme que en una multinacional. En la Argentina, por la envergadura de la crisis, hay empresarios que están sólo pensando en sobrevivir. De nada sirve cuidar a la gente cuando la empresa no es viable.
¿Hay sectores más comprometidos que otros con la responsabilidad social?
–En general hablan más sobre el tema las empresas más comprometidas, como las petroleras, tabacaleras o químicas. No estamos hablando de buenas o malas personas sino de negocios desarrollados en el marco de ciertos valores. La explotación de petróleo produce daño. Al igual que el tabaco. Por eso están inducidas a respetar normas para atenuarlos.
¿Es socialmente responsable una empresa que cumple con normas medio ambientales y, al mismo tiempo, le exige al Gobierno dureza con los piqueteros porque obstruyen el tránsito?
–También hay empresas que se consideran socialmente responsables y, al mismo tiempo, reducen personal y dejan afuera a 300 personas. Hay firmas que tienen programas educativos muy importantes pero, al mismo tiempo, fabrican un producto muy contaminante o no tienen normas de higiene en sus plantas. La responsabilidad social no es un escalón. Es un proceso y por eso no es posible una categoría de cumplidora o incumplidora.
¿Cuál es el beneficio de ser “socialmente responsable” para una empresa que opera en la Argentina cuando ni siquiera hay una cultura de usuarios y consumidores que le exijan calidad en el producto, como sí ocurre en Europa?
–Eso es cierto. Sin embargo, no debemos hablar de un beneficio directo e inmediato, como el de aumentar las utilidades: si soy responsable gano más. Pero hay normas muy estrictas de exigencias de calidad en países del Primer Mundo que, si no se cumplen, impiden el acceso a esos mercados. Por ejemplo, los supermercados europeos adhieren a una serie de normas definidas como buenas prácticas alimentarias y si los productos no las cumplen, no llegan a las góndolas. Y no se trata sólo de reglas de calidad en la elaboración del producto en sí. También imponen condiciones como que no trabajen niños en ningún lugar de la cadena de producción, o que se paguen sueldos “vivibles”, categoría superior a la de “dignos”.
¿Esto significa que Europa podría bloquear la importación de un producto argentino porque la empresa que lo fabrica no paga sueldos “vivibles”?
–Exactamente. O porque no cumplan normas de calidad ambiental. También las empresas de vestimenta están sujetas a reglas y hasta hay entidades específicas que rastrean la confección de una prenda y certifican que no se violaron normas laborales o ambientales. Si no cumplen esas especificaciones no entran a los mercados más importantes.
El estudio señala que el monto invertido por las empresas en programas propios de ayuda a la comunidad es de 90 mil pesos por año. ¿No es una suma magra?
–No porque se refiere sólo a la modalidad de proyectos propios. Pero las empresas tienen varias modalidades de aportar dinero a la comunidad. Y éste es apenas un aspecto de la responsabilidad social empresaria.
También del estudio surge que la principal preocupación empresaria es el estado de su personal. ¿No hay cierta incongruencia entre esto y la política que comúnmente aplican?
–Hay falencias. Muchas empresas dicen que lo más importante es su equipo, su gente, su personal, pero luego eso no se refleja en acciones concretas. Hay cosas que las empresas perfectamente podrían hacer y normalmente no hacen, como la capacitación técnica y hasta política de su personal. Hay firmas que se quejan de que faltan técnicos de una especialidad y no hacen nada para formarlos.