Por Ignacio Molinari

Una nueva resolución de la Inspección General de Justicia intenta poner fin al fraude que se realiza mediante las llamadas sociedades “off shore”. Estas sociedades, que están conformadas por capitales argentinos, se constituyen en el extranjero normalmente para evadir impuestos y responsabilidades ante sus deudores.
Las sociedades off shore son inversiones ficticias que más sacan del país de lo que dejan. Y como dice Ricardo Nissen, actual inspector de Justicia de la Nación, todos sabemos quiénes las conforman, son sociedades que debieron ser argentinas, pero no lo son porque en muchos casos buscan violar expresas normas de la legislación del país. “Es decir –dice Nissen–, mientras que el pícaro de esta historia se disfraza en muy pocos minutos y con muy poca plata, las víctimas de esta ilegítima manera de actuar deben esperar eternos juicios para poder llegar hasta el patrimonio del verdadero responsable.”
La resolución no afecta a la inversión de capitales extranjeros, sino que por el contrario las atrae, promoviendo la seguridad jurídica en el país y combatiendo la viveza de capitales argentinos que se resguardan en el exterior y que, como roedores de la economía de argentina, desaparecen del país cuando se los busca.
La resolución 7/03 de la I.G.J. básicamente exige a aquellas sociedades off shore que informen sobre su patrimonio y actividad real fuera del país. Y en caso de que la sociedad carezca de activos en el exterior se adecuarán sus estatutos y se aplicará la ley argentina de acuerdo al artículo 124 de la ley de sociedades.
Esta nueva resolución apunta a que si la empresa es realmente extranjera se debe reconocer la ley de su país, pero si la empresa es argentina, se le debe aplicar la ley argentina. Visto desde otro ángulo, la resolución pareciera decir: “Señores, inviertan en la Argentina, pero inviertan. No engañen”.
Esta resolución busca poner fin a las estafas millonarias que continuamente ha vivido y vive nuestro país. Poner fin a la situación argentina que el Subcomité del Senado de los Estados Unidos, mientras investigaba actividades del banquero Raúl Moneta, describió como muy propicia para maniobras ilegales por la falta de controles adecuados. Poner fin al abuso de la figura societaria que permite actividades como el lavado de dinero, el vaciamiento de las empresas, la evasión tributaria. Poner fin a la exportación del capital que es producto de la economía nacional.
Sin duda que esta audaz resolución estará sujeta a revisión de los tribunales y en la aplicación directa se observará la efectividad buscada. Pero más allá del resultado práctico que todavía nadie puede conocer, es claro que la resolución trae un mensaje moralizador en búsqueda de la seguridad jurídica de nuestro país y –por qué no– en búsqueda de la genuina inversión extranjera. Esta vez se trata de jugar en la globalización igual que antes, pero con precaución.