Por Natalia Aruguete

Las supuestas coimas en el Senado volvieron a poner en discusión temas relativos a la actual precariedad del mercado laboral. Sin embargo, lejos de modificar sustancialmente la situación de los trabajadores, la ley del 2000 “profundizó la tendencia flexibilizadora de los ‘90”, apuntó Luis Beccaria, analista del mercado de trabajo en la Argentina, en diálogo con Cash. Para el economista e investigador de la Universidad de General Sarmiento, es necesario polemizar sobre la cuestión formal de las regulaciones porque, en la medida en que se cristalizan los mecanismos más flexibles, “quedan para el futuro”.
¿A qué responde el crecimiento del 5 por ciento en el empleo privado formal?
–El Producto creció a un nivel del 7 por ciento. La respuesta del empleo es superior a la que se esperaba. Se da en el sector de la industria, donde la capacidad ociosa hace que el aumento de la demanda se abastezca con un aumento de la mano de obra. No hay aún indicios de por qué es tan significativa. Mi duda es sobre la sostenibilidad de esto en el tiempo.
¿Qué efectos tiene sobre el actual nivel de pobreza?
–El indicador de la pobreza es más sensible a los salarios reales que al empleo. Si las remuneraciones no mejoran, no habrá un cambio en el nivel de pobreza. Hay que esperar a ver cuál es el impacto del empleo total, porque los números que se conocen son de las empresas. La economía está creciendo, pero eso sólo no va a cambiar el amperímetro. El empleo aún no volvió a los niveles del 2001 pero, si así fuera, la pobreza no se va a recuperar porque los salarios siguen muy por debajo.
¿Cuánto y durante cuánto tiempo debería crecer la economía para que la desocupación baje a un dígito?
–Si el Producto crece a un promedio del 5 por ciento anual y se da una elasticidad de la relación Producto-trabajo, en siete u ocho años se podría llegar a un dígito. Lo que ha pasado este año muestra que esta relación es más alta que la pensada y que el Producto crece más. Si el Producto crece al 7 por ciento se podría lograr en cinco años. El problema de crecer al 7 por ciento pasa por el sector externo. Esta es una economía que demanda mucha importación. Si se crece mucho, el superávit fiscal tiende a achicarse.
¿Qué efectos reales tiene la extensión de la doble indemnización?
–El costo de indemnización puede desalentar al empresario a despedir, pero en cierta coyuntura. Los estudios internacionales muestran que si la indemnización es costosa en caídas de corto plazo, los empresarios tienden a no despedir. Aquí hubo una crisis muy grave. Por lo tanto, ese efecto fue secundario. Actualmente se discute si desalienta la contratación. Pero como esto sólo se aplica a los viejos trabajadores, ese efecto es casi inexistente. La legislación no tiene un impacto significativo sobre el tema del empleo. Hoy se pide una flexibilización que reduce la protección laboral. Ese es un tema peligroso.
¿Qué cambios introdujo la ley de flexibilización laboral del 2000?
–Se incluyó la ultraactividad. La flexibilidad de la jornada laboral implicó que se pagasen menos horas extra, porque se podían distribuir durante el año. A lo largo del ‘90, las horas totales no bajaron, pero se redujeron las horas extra. También se habilitó a que se discutiese la flexibilidad horaria en las negociaciones colectivas. Es importante dar cuenta de la cuestión formal de las regulaciones porque quedan para el futuro. Si en el futuro baja la tasa de desempleo, estarán cristalizados los mecanismos más flexibles de regulación.
¿La reforma del 2000 introdujo un cambio sustantivo o profundizó la tendencia de los ‘90?
–Es una continuación de la flexibilización de los ‘90. En los ‘90 hubo un hiato. La ley de 1998 desflexibilizó: eliminó los contratos a tiempo determinado y el período de prueba. Menem quería ganar apoyo sindical parala reelección. En el 2000 se alargó el período de prueba –un año para las pymes es demasiado– y se autorizó que la negociación de las firmas fuera más importante que la del nivel superior. Antes, los acuerdos de las firmas podían prevalecer si mejoraban el acuerdo de las ramas. En el caso del 2000, fue al revés. Un aspecto importante es que la impulsó un gobierno teóricamente progresista. Si lo hubiese hecho Menem, a nadie le hubiera llamado la atención. Algunas de las medidas anteriores fueron más flexibles.
¿Cuánto ayudaron las supuestas coimas y cuánto la debilidad del sector sindical para la sanción de esta ley?
–El frente sindical estaba debilitado. No tenía capacidad de reaccionar. Y el gobierno estaba en una posición más fortalecida. El impacto coima en la práctica pudo haber tenido efecto, pero desde el punto de vista sindical, no habría hecho diferencia. Los sindicatos no tenían chance.
¿Cuánto bajó el costo laboral a partir de la flexibilización?
–El costo laboral depende del salario de bolsillo, de los impuestos al trabajo y de la productividad. A principios de los ‘90, el salario de bolsillo subió más del 20 por ciento respecto de 1989/90, lo que incrementó el costo salarial. Las regulaciones, fundamentalmente a partir de 1996, redujeron los aportes patronales. Esa fue la medida más significativa. Otra fue la contratación por tiempo determinado. Además, durante el período de prueba no se hacían aportes patronales. El aumento de la productividad también bajó ese costo. Al final de la década, aun con el atraso cambiario, había menos costos regulatorios para los empresarios.
¿Cuál fue el costo fiscal de la reducción de las cargas patronales?
–Las contribuciones patronales a la seguridad social financian el sistema jubilatorio de reparto. Cavallo eliminó a fines del ‘94 este aporte para el sector industrial. Con la crisis del Tequila, retrotrajo esa disminución. Pero en 1996 extendió esa reducción a todas las actividades. Las contribuciones cayeron en promedio un 40 por ciento. En un momento esto no se pudo hacer más por un problema fiscal. Machinea, sin oponerse a esta reducción, no pudo profundizarla por el agujero fiscal que ocasionaba. Este hecho y la privatización de la seguridad social fueron las principales causas del problema fiscal.