Por Ariela Ruiz Caro *

Las inagotables gestiones brasileñas no pudieron evitar que fracasara nuevamente el proyecto de realizar una cumbre ampliada presidencial de los países del Mercosur con los de la Comunidad Andina, que celebrara el inicio de un acuerdo de libre comercio entre ambos bloques. El gobierno uruguayo, anfitrión de la cumbre presidencial del Mercosur, había anunciado, días antes, que los alcances del acuerdo que podría lograrse no justificaban una reunión de ese nivel con los andinos.
Los términos del acuerdo para crear una zona de libre comercio entre ambas subregiones a partir del 1º de julio, logrado entre gallos y medianoche en Montevideo, vienen siendo discutidos desde 1997 y son menos ambiciosos a los inicialmente propuestos. Aunque tardíamente, el aún inconcluso acuerdo tiene sobre todo importancia política porque ocurre en medio de las negociaciones que los gobiernos andinos alistan con Estados Unidos para firmar Tratados de Libre Comercio (TLC).
La estrategia reciente de Estados Unidos de aceptar negociar estos tratados con países latinoamericanos dispuestos a no resistir demasiado la inclusión de temas que sólo interesan a Washington, así como a colaborar con sus objetivos políticos en las negociaciones del ALCA y la OMC, le ha quitado sustento a la conformación de un Area de Libre Comercio Sudamericana. El camino de sumar tratados bilaterales de libre comercio para construir el ALCA al que aspira Estados Unidos significa, aunque retóricamente se pretenda negarlo, una cuña para el proyecto de construcción de un espacio político y económico de integración en América del Sur.
Por ello, uno de los interrogantes que surge en este contexto, es si América latina podrá preservar sus esquemas de integración subregionales y responder con cierta autonomía a la estrategia de regionalización hemisférica impulsada por Estados Unidos, o si ésta terminará extinguiéndolos. La opción de los países andinos por suscribir individualmente TLC con Estados Unidos, sin que se hayan cumplido las metas que plantea el proceso subregional, podría dar lugar a que los lineamientos y objetivos de este proceso sean primordialmente funcionales y facilitadores de la libertad de movimientos de los grandes capitales internacionales. El hecho de que el representante comercial norteamericano, Robert Zoellick, haya anunciado una negociación en bloque con los países andinos (menos Venezuela), facilitaría este proceso.
Esta realidad contradice las declaraciones conjuntas que los presidentes de América del Sur han suscripto desde el 2000. En ellas se consideraba imprescindible concretar la integración entre la CAN y el Mercosur para “fortalecer la capacidad negociadora sudamericana en otros procesos de negociación, particularmente el ALCA”, bajo el supuesto de que una América del Sur integrada económicamente reduciría los costos de una liberalización con Estados Unidos y otros bloques regionales. Asimismo, permitiría una participación activa en los diseños de las políticas globales que garanticen contenidos más justos y favorables para la región.
Este proyecto exige una perspectiva que trascienda la estrecha visión de balance de pérdidas y ganancias por accesos al mercado, único móvil perseguido por muchos gobiernos sudamericanos. Como señalaba el desaparecido secretario general de la Comunidad Andina, Sebastián Alegrett, “los acuerdos de integración deben obedecer a una determinación esencialmente política que mire el largo plazo y responda no sólo a consideraciones mercantiles sino al desarrollo y fortalecimiento de las economías y las sociedades que intervienen en ese proceso”. En efecto, muchos gobiernos latinoamericanos no tienen una concepción de proyecto de desarrollo común y menos del papel que aspiran a desempeñar en el juego político y económico internacional.

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