Por MoisEs Resnick Brenner *

El Gobierno ha planteado la transparencia como uno de los aspectos centrales de su gestión, en línea con lo reiterado en las últimas reuniones anuales del BID, en especial la de Nueva Orleáns, en la que se cuestionó la falta de respuestas sociales en América latina, donde, a pesar del importante crecimiento de la economía, se produjo la más fenomenal regresión en la distribución del ingreso del planeta.
Esto muestra que la distribución de la renta nacional y sus beneficios no surge espontáneamente sino que debe ser direccionada con políticas activas, descartando aquellas teorías sobre el derrame del ingreso. Estas muestran que en la Argentina durante la década del ‘90 no se cumplió la Ley de la Gravedad: en lugar de derrame del ingreso tuvimos una elevación del ingreso hacia arriba.
Las cifras del Indec muestran que en la Capital Federal mientras en 1991 el 20 por ciento más rico de la población recibía 17,5 veces más que el 20 por ciento más pobre, luego de doce años de convertibilidad esa relación se elevó a 81,2 a octubre 2002 y bajó a 52,7 veces en mayo de 2003, ya con el actual gobierno y otra política económica. Todo ello agravado cuando sólo el 10 por ciento más rico concentra el 51,7 por ciento del ingreso nacional. Esto producía que cien personas por hora descendieran la línea de pobreza convirtiéndose en nuevos pobres, generando un sentimiento de gran frustración por haber perdido mejores condiciones de vida que habían logrado años antes.
Este alarmante cuadro de desigualdad coincide con los resultados sobre la pobreza efectuado por el Banco Mundial, según el cual cerca del 40 por ciento de la población es pobre. El Plenario de Obispos en el Cónclave del Episcopado planteó esa situación como alerta social, destacando la exclusión social, la inequidad y su derivación en violencia y marginalidad. Proceso que demuestran que el aumento de los delitos contra la propiedad cometidos en la última década tiene una relación casi directa con la regresividad de la distribución del ingreso.
Esas desigualdades –según informes sobre Desarrollo Humano del PNUD– se traducen en exclusión social, marginando a individuos que se sienten incapaces de igualar a sus congéneres con acceso a bienes de consumo. En ese documento se aclara que aquella exclusión se produce cuando el sistemas de valores de una sociedad otorga más importancia a lo que se posee que a lo que una persona es o puede llegar a ser por sus méritos y esfuerzos.
Inequidades como las excesivas cargas fiscales sobre los sectores de menores recursos, costos financieros y mala distribución del ingreso hacen urgente que la comunidad política y técnica abran un diálogo profundo que permita encontrar soluciones serias y sustentables que se reflejen en políticas activas para nuestra sociedad. Estudios del comportamiento de distintos parámetros de la economía internacional prueban que en los últimos 25 años, aquellos paí-ses que han estimulado el ingreso de los sectores medios de la población han logrado un mayor crecimiento del PIB per cápita.
Mientras esos estudios muestran la situación de la trama social, las políticas de ajuste que esos mismos organismos exigen que los países cumplan tienen fuertes críticas por parte de distinguidos economistas internacionales. Estos señalan que los países más exitosos del mundo son lo que no han seguido esas recomendaciones, como lo muestra el crecimiento actual de nuestra economía a un ritmo que ha motivado el asombro de los mismos funcionarios del FMI.
En los últimos días el presidente Néstor Kirchner viene denunciando –como lo había prometido durante su campaña electoral– acciones de lobby sobre el Gobierno para incrementar el 3 por ciento del PIB comprometido en el último Acuerdo con el FMI. Ese ajuste restaría ingresos necesarios para lograr el desarrollo del país como forma de recuperar la dignidad y la decisión nacional para que el gobierno sea de todos.
En ese mismo orden, los años de transición democráticas en los países de la región ponen de manifiesto que a fin de mejorar la posición o satisfacer a determinados grupos de amigos, muchas veces se ha desconocido el marco constitucional e institucional más esencial, con lo que se infringe un grave deterioro en la seguridad jurídica, indicador que los sectores de empresarios más serios toman en cuenta para saber hacia dónde dirigir sus inversiones.
La continuidad jurídica del Estado garantiza que se cumplan lo que determinan las leyes sancionadas por el Congreso Nacional. Pero, ¿hasta dónde debe cumplirse con otro tipo de resoluciones tomadas sólo por el Poder Ejecutivo, que contengan cláusulas de inconstitucionalidad manifiestas, con el agravante de que fueron tomadas después de haber sido denunciadas públicamente? Al respecto es conveniente recordar que el New York Times se ocupó de esa cuestión explicando que las pérdidas sufridas por el sector público generalmente sólo han podido producirse por complicidad con algunos sectores del poder.

* Presidente de la Comisión de Economía del Centro Argentino de Ingenieros.