Por Alejandro Bercovich

La Ley de Radiodifusión, sancionada en 1980 por la dictadura militar, prohíbe que entidades sin fines de lucro como cooperativas o asociaciones civiles figuren como titulares de frecuencias de radio o canales de televisión. El Congreso debate un nuevo texto que el interventor del Comfer, Julio Bárbaro, aspira a tener aprobado antes de julio. Pero esa prohibición podría mantenerse, según se quejan los cooperativistas, por la presión de empresarios privados de la televisión por cable.
El mercado en disputa lo constituye el millón y medio de abonados de las cableras del interior, que implica una facturación de unos 600 millones de pesos anuales, según cifras de la Asociación de Televisión por Cable (ATVC). Ese monto es sin contar los beneficios que acarrea en términos políticos el manejo de la información a nivel local, que se entrelaza en general con los más variados intereses empresarios.
La guerra entre las cooperativas y los proveedores privados llegó a su punto más álgido hace un año, cuando la Cooperativa Popular de Santa Rosa (La Pampa), que opera la luz y el teléfono en esa capital, decidió ignorar la ley y transmitir por aire cuatro canales en forma gratuita. Aunque se trataba sólo de una prueba piloto, la movida alcanzó para poner en guardia a los empresarios por el antecedente que sentaban. El gerente de la cooperativa pampeana, Oscar Nocetti, relató a Cash que una de las frecuencias que retransmitían era el Canal 7 estatal, que no llega por aire a Santa Rosa gracias al “alambrado técnico” instalado en su momento por el ex gobernador menemista Rubén Marín a fin de silenciar a los medios que estuvieran fuera de su alcance.
La experiencia duró 79 días. Las cableras acudieron a la Justicia y consiguieron abortar el proyecto, luego de acusar a la cooperativa de “competencia desleal” en virtud de su posición dominante en el mercado de servicios públicos local. El vicepresidente de ATVC y titular de la Red Intercable, José Toledo, dijo a Cash que las cooperativas “quieren usar sus ganancias del monopolio eléctrico y telefónico para imponerse en el negocio del cable”. El ejecutivo acusó también a la Popular de Santa Rosa de cobrar la luz un 25 por ciento más cara que en las localidades aledañas.
Las últimas cifras del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos (IMFC) indican que 590 de ellas proveen electricidad a 1,9 millón de usuarios, mientras que otras 340 administran más de 600 mil líneas telefónicas, y unas 640 llevan agua al 10 por ciento de la población del país. En varios pueblos y ciudades una sola entidad llega a proveer esos tres servicios y operar incluso en otras actividades como la producción agropecuaria o el comercio minorista.
Mientras en territorio porteño nadie cuestiona la hegemonía de los tres grandes jugadores del rubro –Multicanal (Grupo Clarín), Cablevisión (fondos Hicks y Liberty) y Telecentro (Pierri)–, el mercado aparece mucho más dividido a medida que se aleja la General Paz. Casi 700 pequeñas y medianas empresas se reparten los abonados de unos 800 municipios con cable, según los números de ATVC. “Si el mercado se abre a las cooperativas no queda ni una, y hay 6 mil puestos de trabajo en juego”, advirtió Toledo.
La batalla se libra también en las calles. Las cooperativas aducen que las cableras utilizan los postes eléctricos para abaratar costos sin pagarles el canon correspondiente, y éstas argumentan que los municipios no les permiten instalar los suyos propios. El asunto llegó más de una vez a cortes intencionales de líneas y demandas judiciales. Los cooperativistas cuestionan además que la regulación oficial permita a grandes multinacionales telefónicas comprar y vender canales de televisión y radios de alcance nacional, pero mantenga celosamente la veda para su entrada en la actividad. Veda que está cristalizada en el artículo 45 de la Ley de Radiodifusión y que fue declarada inconstitucional en dos oportunidades por la Corte Suprema.