El Gobierno de Kirchner manifestó desde su inicio la intención de reorientar el Plan Jefes de Hogar hacia actividades productivas para favorecer la reinserción laboral de los desocupados. Se destacó la necesidad de vincular la generación de ingresos con el desarrollo local para tomar distancia de las recetas asistenciales implementadas en los ‘90. Los créditos y herramientas otorgados a través del Plan Manos a la Obra son el ejemplo de ese nuevo perfil productivo tendiente a valorizar las capacidades instaladas en las distintas regiones. Sin embargo, los subsidios monetarios para fortalecer el ingreso de las familias continuarán siendo el eje central de las políticas sociales durante los próximos años. En la actualidad el Estado otorga 150 pesos por mes a 2,2 millones de personas entre los que se encuentran 1,75 millón beneficiarios del Plan Jefes, 240 mil del Plan Familias y cerca de 200 mil integran el Programa Empleo Comunitario. El viceministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, afirmó a Cash que de ese total, 600 mil personas “tienen un mayor potencial de incorporación al mercado laboral”, mientras que el resto, cerca de 1,6 millón beneficiarios, dependerá de la ayuda monetaria del Estado por lo menos durante los próximos cinco años, a no ser que se implemente un megaplán de obras públicas, de esos que siempre se anuncian y muy pocas veces se concretan.
Los diez años de desocupación por encima de un dígito han configurado un escenario de pobreza y desempleo estructural difícil de modificar en el corto plazo. Los trabajadores que no consiguen empleo desde mediados de los ‘90 quedaron definitivamente fuera del mercado formal y sobreviven con la ayuda del Estado y/o con empleos informales de precariedad extrema. La suerte de ese sector no depende del crecimiento que experimente el PIB en los próximos trimestres porque no hay “derrame” capaz de sacarlos de la exclusión, sobre todo si tienen la “mala suerte” de tener más de 35 años. A su vez, la ausencia de una política de redistribución del ingreso, evidenciada en el mantenimiento de los altos índices de pobreza y en el aumento de la brecha entre ricos y pobres, agrava aún más la situación. Ante ese crítico escenario, Cash consultó a un conjunto de expertos en política social para que evalúen el trabajo que viene realizando el Gobierno. Las que siguen fueron las tres preguntas a los entrevistados:

1.	¿Qué medida destaca como positiva de los programas sociales implementados por el gobierno de Kirchner para reducir la pobreza y la desocupación?
2.	¿Qué medida considera negativa?
3.	¿Qué propondría para mejorar la política social?

Leonardo Gasparini
economista Universidad de La Plata
“Existe concienciadel problema”
1. El principal éxito del Gobierno en términos de reducción de pobreza y desempleo no proviene de su política social, sino de un manejo macroeconómico hasta ahora prudente. Ese manejo contribuyó a la superación de lo peor de la crisis, y a una reducción moderada de la pobreza y el desempleo. Un aspecto positivo de esta administración es la conciencia de la gravedad de los problemas sociales del país. Si esta sensibilidad se combinara con coraje político y racionalidad económica, se podría avanzar hacia una política social efectiva.
2. Lamentablemente, me parece que a su sensibilidad social, el Gobierno no le ha agregado suficiente coraje, voluntad de cambio y racionalidad. Por ejemplo, el Gobierno mantuvo el Plan Jefas y Jefes de Hogar motivado, a mi juicio correctamente, por el objetivo de aliviar la situación de los carenciados. Sin embargo, hasta ahora no ha tenido la voluntad política de eliminar el manejo clientelista del plan. Y tampoco se ha movido con celeridad para reducir los problemas de desincentivos al trabajo que genera el particular diseño del plan.
3. El Plan Jefas y Jefes se puede mejorar redefiniéndolo como un programa asistencial focalizado en familias carenciadas y no el híbrido actual que está dirigido a jefes desocupados, y que por ende genera incentivos al fraude asistencial, al trabajo informal y al desempleo. Pero el fracaso de los programas sociales está fundamentalmente en la gestión y no tanto en el diseño. El Estado nunca ha administrado bien la mayoría de esos programas, que han sido presa del clientelismo y la corrupción. Es necesario repensar el marco institucional en el que esos programas se desenvuelven y estudiar formas de gestión alternativas.

Alberto Barbeito
economista de CIEPP
“No se reduce el clientelismo”
1. No hay elementos positivos para destacar porque se evidencia una continuidad con los lineamientos centrales de la política social de los ‘90, expresada en el régimen de previsión social, el sistema educativo y las políticas habitacionales. En materia asistencial, se continúa con el programa de emergencia impulsado por la administración Duhalde durante la salida traumática de la convertibilidad.
2. Hay intentos de alteración marginal de los programas sociales que son incorrectos. Por un lado, se trata de convertir el Plan Jefas y Jefes en programas de desarrollo productivo y, por otro lado, se intenta mostrar un grado mayor de eficiencia con la introducción de la tarjeta de compras. La tarjeta no reduce el clientelismo porque el problema está al momento de ingresar a la lista de beneficiarios y no en el medio de pago. Mientras que los microemprendimientos no pueden ser imaginados como opciones masivas. En el contexto macroeconómico actual se exponen a un alto índice de mortandad porque deberán competir entre sí por una demanda muy restringida.
3. Se debería plantear una redefinición de los programas sociales a partir de la implementación de un ingreso ciudadano universal para la infancia y para los mayores en edad pasiva. Esta medida debería ser consistente con otro conjunto de políticas, incluida la política económica, que apunten a reactivar el mercado interno para que haya mayores oportunidades de desarrollo de actividades productivas para las pymes. En ese contexto,adquieren sentido los emprendimientos productivos impulsados para favorecer la inserción laboral de los desocupados.

Jose Luis Coraggio
economista Universidad Nacional de Gral. Sarmiento
“Universalizar el subsidio”
1. El Gobierno incentiva desde el nivel nacional, y con la opción de una gestión participativa local, formas asociativas de producción enmarcadas en programas de desarrollo local. Canaliza recursos mediante el programa Manos a la Obra. Eso va en la dirección correcta, pero tiene insuficientes recursos y debilidad en la capacidad de gestión.
2. La falta de confianza en las organizaciones colectivas, y que el Presidente vea esta política como gasto asistencial a minimizar y no como una inversión en el desarrollo productivo del país. La desesperación por acordar una deuda cuestionable, cuando ni la inversión extranjera, ni el mercado mundial, ni los planes de obras públicas que se puedan financiar con más deuda van a resolver por derrame la situación social. La política social, separada de la política económica, es insuficiente para atender el reclamo de justicia social, el desarrollo de otras bases políticas y la gobernabilidad.
3. Universalizar el subsidio de desempleo, como derecho y no como favor. Generar plataformas de apoyo al desarrollo productivo desde lo local, redistribuyendo recursos hoy inactivos (tierras, edificios, ahorros, capacidades nacionales de formación, investigación y generación de tecnologías) hacia las MiPymes, los trabajadores asociados y las comunidades del campo y la ciudad en condiciones de generar sistemas autosustentables. Garantizar el acceso a bienes públicos de calidad, cobrar impuestos a los más ricos, y avanzar hacia una reforma fiscal progresiva. Bajar el espíritu mercantilista y microemprendedorista de las políticas de promoción de la economía social, priorizando la resolución inteligente de las necesidades y la ampliación de las capacidades productivas de las comunidades locales.

Carola Pessino
ex secretaria de Equidad Fiscal de Roque Fernández
“La cobertura es amplia”
1. Lo positivo es que haya una cobertura social amplia para la población que se encuentra por debajo de la línea de pobreza. La mayoría de los programas sociales focalizados comenzaron en la década del ‘90. El Plan Jefas y Jefes es la continuidad del Plan Trabajar, pero ahora se cuenta con un mayor presupuesto.
2. Los problemas surgen en el diseño y la implementación de los programas. El Plan Jefas y Jefes se le otorga a las personas que están desocupadas, pero es muy difícil controlar la desocupación cuando hay un 50 por ciento de los trabajadores en negro. Además, mucha gente que está recibiendo el plan no estaba buscando trabajo, pero se presentó como desocupado y comenzó a recibir el beneficio. El plan desincentiva la búsqueda de empleo porque si consiguen trabajo dejan de cobrar. Eso ocurre fundamentalmente en las provincias del norte donde se paga cerca de 150 pesos por algunos trabajos de baja calificación. Se genera una dependencia alta de los planes porque no mejoran la situación de los beneficiarios en el largo plazo.
3. La mejor política social es la que incentiva la generación de empleo en el sector privado. Para lograrlo se deben eliminar las restricciones y regulaciones existentes en el mercado laboral formal porque empeoran la distribución del ingreso y aumentan la pobreza. Los impuestos al trabajofuerzan a los empleadores a tomar gente en el sector informal y es muy difícil salir de la pobreza trabajando en negro. Además, en los hogares con pobres estructurales hay que intervenir dándole ayuda a los padres para que sus hijos tengan el mismo incentivo inicial que tienen los chicos de clase media. Para la reinserción de los adultos que no tuvieron esos incentivos lo mejor es otorgar subsidios al empleo privado.

Roxana Mazzola
coordinadora de Proyectos Area Política Social, Grupo Sophia
“Se incrementó el presupuesto”
1. En el último año, el Gobierno ha generado políticas para amortiguar los efectos de la crisis sobre la población: incrementó el presupuesto destinado a la atención de los más pobres en un 15 por ciento en términos nominales y en un 4 por ciento en términos reales respecto al año 2003. Este aumento se orientó a garantizar una adecuada alimentación (Programa El Hambre más Urgente), fortalecer el ingreso y la inserción laboral (Adultos Mayores, Manos a la Obra, partidas del programa del Plan Jefas y Jefes de Hogar) de la población más vulnerable.
2. Las políticas no son suficientes para responder a la actual situación social de dimensiones sin precedentes. En el transcurso de las últimas décadas, la estructura social argentina se ha transformado radicalmente: la pobreza y la exclusión dejaron de ser una situación transitoria y se encuentra en crisis la centralidad que el trabajo siempre tuvo como integrador social.
3. El Estado debería contemplar la creación de una red de protección social que garantice un ingreso mínimo no contributivo a todas las familias en situación de pobreza, tomando como base al Plan Jefas y Jefes de Hogar y otros programas sociales de transferencias de ingresos y su articulación con el sistema de seguridad social. Esta política debería garantizar no sólo una mejora en el ingreso de las familias, sino también en los procesos de otorgamiento y control. Hoy las intervenciones del Estado en materia de política social no pueden seguir siendo pensadas como paliativo a la emergencia. La desocupación, informalidad del empleo y crisis del sistema de seguridad social, son problemas estructurales que demandan repensar los modos de operar a fin de lograr igualdad de oportunidades.

Juan Pablo Nicolini
rector Universidad Torcuato Di Tella
“Hay problemas de diseño”
1. Lo positivo es la voluntad política para tratar de mejorar la situación de los sectores que más han sufrido la crisis.
2. Soy mucho menos entusiasta al evaluar el camino que se tomó para intentar resolver la situación de los más pobres. Se ha abusado de la utilización política de los programas sociales y no se profundizó en los mecanismos tendientes a mejorar su eficiencia. No obstante, lo más grave no son las fallas que puedan haber surgido en la implementación sino la falta de una política sistemática de evaluación que permita hacer un análisis profundo del impacto de los planes para saber si los objetivos se están cumpliendo. Los únicos elementos con los que se cuenta en la actualidad son algunos análisis parciales del Banco Mundial y de investigadores locales que marcan que hay problemas de diseño.
3. Hay dos cuestiones necesarias para garantizar el éxito de los planes. La primera es impulsar la administración de los programas sociales en una sola dependencia. Cuando un Gobierno tiene dos programas socialesmanejados por dos autoridades distintas que no necesariamente intercambian información el efecto puede llegar a ser fatal. Se pueden malgastar muchísimos recursos si cada Ministerio impulsa su programa social. El Estado debería tener un organismo estatal como la AFIP que se encargue de instrumentar toda la política social con un alto grado de independencia. A ese organismo habría que exigirle la evaluación de impacto porque lo importante no es cuánta plata se gastó en los pobres sino cuantos pobres salieron de la pobreza.

Jesko Hentschel
director de Desarrollo Humano del Banco Mundial para Argentina
“Discutir el sistema de previsión social”
1. Se ha logrado con éxito dar continuidad y mejorar la ejecución de los programas de asistencia social diseñados durante la emergencia y se empezaron a identificar los caminos para transformar las políticas orientadas a superar la emergencia, en programas de mediano plazo que apunten a una reducción efectiva de la pobreza, que funcionen como una red de protección para los pobres y que permitan la reinserción laboral de los desempleados en el mercado de trabajo. El programa Jefas y Jefes de Hogar esta siendo analizado por el Gobierno, para introducirle mejoras que acompañen las necesidades de capacitación, educación, inserción laboral, protección familiar y desarrollo local de quienes en él participan.
2. Creemos que se debería avanzar en la discusión sobre el sistema de previsión social para mejorarlo. Por ejemplo, la cobertura de seguridad social de la población de tercera edad ha caído de 77 por ciento en 1993 a 67 por ciento en 2004, lo cual significa que un tercio de la población está sin pensión formal.
3. Acompañamos las necesidades que surgen del Gobierno financiando programas de inversión o reformas que se deseen impulsar. Un ejemplo de ello, es que estamos trabajando mucho con los Ministerios de Desarrollo Social y Trabajo en programas que permitan al Plan Jefas y Jefes reorientarse y brindar las herramientas que los beneficiados necesitan para su reinserción laboral.