Por Claudio Lozano *

El debate por la coparticipación merece contextuarse adecuadamente. Tres son las claves que han definido la debilidad fiscal del Estado:
1. Creciente importancia de los pagos por deuda en el presupuesto público.
2. Déficit creciente del régimen público previsional en razón de su privatización y el traslado del aporte de los trabajadores activos al régimen de AFJP.
3. Sistema impositivo profundamente injusto e incapaz de gravar en un contexto de elevada concentración de los ingresos a los sectores de mayor capacidad contributiva.
En un escenario donde la mitad de la población se encuentra en situación de pobreza, crece la proporción de pagos por deuda y no se ponen en marcha estrategias impositivas y previsionales que recapitalicen la “caja” del sector público; la discusión entre la Nación y las provincias tiene un final anunciado. La Nación debe mantener su participación actual en el total de recursos –en lo posible incrementarla– a efectos de sostener los pagos por deuda. Difícilmente pueda modificar los límites que a la normativa vigente en materia de coparticipación impusieran los distintos pactos fiscales que, como es sabido, redujeron la participación de las provincias en la masa de recursos coparticipables.
Hasta el momento, las tres cuestiones que definen la fragilidad fiscal no sólo no han sido abordadas sino que se han adoptado estrategias contrarias. En este sentido, los compromisos en materia de deuda se han incrementado, se han dado garantías de continuidad al régimen privado de fondos de pensión y la reforma impositiva ha desaparecido de la discusión. En este marco, no sólo es estéril sino absurdo el debate.
La lógica política más elemental indicaría la necesidad de impulsar un esfuerzo conjunto entre la Nación y las provincias con el objeto de:
1. Definir una base común de grandes contribuyentes a efectos de focalizar en ellos la administración tributaria.
2. Puesta en marcha de una drástica reforma impositiva que, basada en el reconocimiento de las condiciones de conglomerados (grupos económicos), concentración y extranjerización, privilegie cobrar sobre rentas, patrimonio y consumo superior.
3. Construcción coordinada de un sistema de políticas públicas en materia social con instrumentos específicos de carácter universal dirigidas a jefes de hogar desocupados, menores de 18 años y mayores de 65 años sin cobertura previsional.
4. Definición de un nuevo proyecto productivo estructurado en base a polos de desarrollo regional dirigidos a agregar valor sobre la dotación existente de recursos naturales.
En este marco cobra un sentido distinto el debate sobre la coparticipación. Debate que debe guiarse por el criterio de la igualdad de derechos. La tarea del Estado es hacerse responsable de garantizar un piso básico de derechos a lo largo y a lo ancho del país. Esta es la verdadera discusión sobre la coparticipación.

* Diputado de la Nación.