Los jóvenes y los ancianos conforman los dos sectores con mayores niveles de exclusión social. Según datos oficiales, en el país hay 1,4 millones de jóvenes entre 15 y 29 años que no estudian ni trabajan. Mientras que cerca de 1,2 millones de personas mayores de 65 años no cobran jubilación ni pensión debido a la imposibilidad de acreditar aportes. Pese a la delicada situación que atraviesan, la ayuda social les llega con cuentagotas. La mayoría quedó fuera del Plan Jefes de Hogar por no cumplir con los requisitos y los programas específicos destinados a cubrirlos son acotados y presentan niveles de subejecución presupuestaria alarmantes, dejando en evidencia la contracara del millonario superávit fiscal que difundió el equipo económico la semana pasada.
En el caso de los jóvenes, el Gobierno lanzó recientemente un Programa de Inclusión Juvenil destinado a asistir a quienes tienen entre 18 y 25 años, por considerarlos el grupo social de mayor vulnerabilidad. Sólo en esa franja, hay 1 millón de chicos que no estudian ni trabajan. Sin embargo, durante el primer año se buscará cubrir a 100.000 beneficiarios, el 10 por ciento del universo seleccionado, de los cuales apenas 15 mil recibirán una beca de 100 pesos. Al resto se les brindará cursos de capacitación durante seis meses para que puedan formular un proyecto productivo que luego será financiado por el Gobierno. El alcance del programa es limitado, aunque si se cumplen los objetivos propuestos se logrará un crecimiento exponencial en relación con los 225 proyectos financiados en el 2003 que contaron con la participación de apenas seis mil jóvenes.
Las iniciativas productivas apuestan a favorecer la inserción laboral intentando superar el tradicional esquema asistencial. El problema es que la mayoría de los jóvenes excluidos nunca lograron insertarse en el mercado de trabajo o lo hicieron en condiciones de precariedad extrema, fundamentalmente en la construcción, la gastronomía y el servicio doméstico. Además, en muchos casos provienen de hogares empobrecidos donde el estudio y el trabajo de sus padres no sirvieron para esquivar la debacle. Por lo tanto, la nula experiencia y las bajas expectativas en relación con el futuro representan el principal escollo de las estrategias de reinserción, sobre todo cuando aparecen acotadas a períodos de capacitación breves.
“Puede ser que algún emprendimiento funcione, pero si ésa es la gran propuesta para salir de la crisis, la situación va a ser difícil”, afirmó a Cash Ana Gravina, integrante del equipo de coordinación de la Red El Encuentro, institución que nuclea a 20 organizaciones comunitarias en José C. Paz, Malvinas Argentinas, San Miguel, Moreno y Pilar. Esas organizaciones se limitaban a funcionar como guarderías y brindar apoyo escolar, pero los chicos fueron creciendo y, al no insertarse laboralmente, los centros tuvieron que generar sus propios espacios para tratar de contener a la juventud en zonas donde abundan la exclusión, la violencia y la marginalidad. Gabriel Amarillo, coordinador del área de jóvenes del Centro Comunitario La Merced, aseguró a Cash que “no creo que en seis meses se vaya a poder elaborar un proyecto para competir en el mercado. En la actualidad son muy pocos los emprendimientos que funcionan y lo venimos intentando desde hace varios años”.
Por el lado de los ancianos, la subejecución presupuestaria del Plan Adultos Mayor Más es la causa principal que explica la continuidad de los altos niveles de exclusión. En agosto del año pasado, el Gobierno anunció la universalización de las pensiones no contributivas vitalicias a los mayores de 70 años, para “garantizar la contención integral de mujeres y varones de la tercera edad”. La medida implicó la eliminación de las restricciones presupuestarias porque hasta entonces sólo se concretaban altas por bajas. Así fue como en el presupuesto 2004 la partida aumentó 547 millones de pesos, ampliando la meta de 38.253 a 237.253 pensiones por vejez. Sin embargo, un informe reciente del Centro de Estudios Legales y Sociales, elaborado por los investigadores Julieta Rossi y Luis Campos, al que tuvo acceso Cash, asegura que hasta julio se produjo una fuerte subejecución presupuestaria que, de mantenerse, implicaría hacia fin de año un ahorro de casi 500 millones de pesos, cifra similar al aumento presupuestado inicialmente.
El viceministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, aseguró a este suplemento que la subejecución fue producto de limitaciones operativas, pues el aparato burocrático no estuvo en condiciones de absorber el aumento de la demanda, pero aseguró que en los últimos meses la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales (CNPA) comenzó a trabajar las 24 horas para cumplir con las metas presupuestadas. No obstante, en el CELS afirman que la CNPA no es el único cuello de botella. Los ancianos deben iniciar el trámite en Centros de Atención Personalizada (CAP) existentes en las distintas provincias y en el informe se detalla que en la ciudad de Buenos Aires y en nueve provincias funciona un solo CAP; en otras diez provincias hay sólo dos, mientras que en la provincia de Buenos Aires funcionan quince CAP, de los cuales sólo siete se encuentran en el conurbano. La escasez de centros no es un detalle menor, porque el subsidio se debe tramitar personalmente y quienes lo necesitan son ancianos indigentes de más de 70 años que en muchos casos tienen problemas de salud.
Otra limitación está dada por los requisitos. Para acceder a la pensión los interesados deben acreditar que no poseen bienes, ingresos ni recursos que permitan su subsistencia; que su cónyuge no está amparado en algún régimen de previsión, retiro o prestación no contributiva y que no tienen parientes en condiciones de ayudarlos. El amparo familiar es uno de los temas más conflictivos, porque el criterio para definir si los hijos de un anciano pueden mantenerlo no está bien definido y termina siendo decidido subjetivamente por la persona que analiza el expediente.
Mercedes Aranda, presidenta del Centro 10 de Noviembre de Jubilados, Pensionados y Tercera Edad, ubicado en Virrey del Pino, afirmó a Cash que “desde que lanzaron el plan estamos tratando de inscribir a 20 abuelos del centro que cumplen con los requisitos, pero les exigen tantos papeles que todavía no pudimos terminar el trámite”. Rubén Ruiz, integrante de Cáritas San Isidro, remarcó a Cash que “las pensiones vitalicias se siguen asignando con el mismo ritmo que se lo hacía antes de los anuncios de universalización de la prestación”. Un trabajo de investigación, elaborado por becarios de la Universidad de General Sarmiento en cuatro CAP del conurbano durante junio, confirmó la lentitud. En el CAP de San Justo se iniciaron 108 expedientes por mes entre diciembre y mayo solicitando el subsidio, pero el promedio de aprobación fue sólo de 18 por mes.
A las restricciones que imponen los planes se les debe sumar la exclusión que sufren las personas que tienen entre 60 y 70 años, muchas de las cuales están en la misma situación que los mayores de 70 años, pero no pueden acceder al Plan Adultos Mayor sólo por una cuestión de edad. Lo mismo les ocurre a los jóvenes de 14 a 18 años que no estudian ni trabajan, pero no pueden inscribirse en el Plan Incluir también por una limitación etaria.
Las restricciones podrían ser entendibles en un contexto de fuerte restricción presupuestaria, pero los especialistas consultados afirman que las barreras que se les ponen a los sectores más vulnerables no tienen sentido cuando se reivindican políticas universales y se cuenta con un amplio superávit fiscal primario disponible para mejorar el bienestar de los ciudadanos.

Daniel Arroyo, viceministro de Desarrollo Social

“Vamos a ejecutar el presupuesto”

El Gobierno anunció en agosto del año pasado la universalización de las pensiones para mayores de 70 años, pero un informe de CELS señala que la ejecución presupuestaria es similar a la del 2003.
–La universalización de las pensiones no contributivas generó una demanda significativa que el circuito administrativo no pudo absorber. La foto presupuestaria es correcta, pero no está bien anualizar los datos porque hemos hecho cambios para revertir la situación. Desde julio la Comisión de Pensiones trabaja 24 horas y se pasó de asignar 500 a 5000 pensiones mensuales. A fin de año vamos cumplir con la ejecución presupuestaria.
A ese ritmo igual no van a llegar a asignar las pensiones prometidas.
–Se van a cubrir con esos cambios y la incorporación de 60 mil personas mayores de 70 años que estaban en el Plan Jefes y van a pasar a cobrar pensiones no contributivas. Lo que se ahorre en el Plan Jefes a partir de ese traspaso lo vamos a destinar a emprendimientos productivos.
Pero las condiciones para ingresar al Plan Adultos Mayores siguen siendo rígidas, más allá de la eliminación de la restricción presupuestaria.
–Ampliamos la cobertura sin cambiar los formularios. Por lo tanto, los mecanismos no están adecuados a un acceso más directo. En una segunda etapa, se apuntará a simplificar los instrumentos.
¿Qué características tendrá el Programa de Inclusión Juvenil?
–Los jóvenes van a tener seis meses de capacitación. Durante los dos primeros meses, se los ayudará a identificar sus habilidades laborales y formular proyectos productivos. Los otros cuatro meses se dividirán de acuerdo con el tipo de proyecto que van a presentar. Luego el Gobierno financiará herramientas, maquinarias y crédito para ponerlos en marcha.
¿Por qué abarcará sólo a 100 mil jóvenes si el Gobierno reconoce que entre los 18 y 25 años hay un millón de personas que no estudian ni trabajan?
–Cien mil beneficiarios es poco, pero igual es el programa más grande para jóvenes que tuvo la Argentina en los últimos siete años. Además, en los dos años siguientes queremos incorporar a 400 mil jóvenes más.
¿Por qué no los incorporan ahora?
–Entre las causas hay una combinación de restricciones presupuestarias y capacidad logística del Estado, porque no estamos en condiciones operativas de iniciar el programa con un millón de jóvenes.