Por Alejandro Vanoli *

En las últimas décadas, la Argentina convivió con un virtual “tutelaje” del Fondo Monetario Internacional. Un repaso de dicha relación muestra un resultado desastroso. El FMI demostró una enorme complacencia con el inviable modelo de los ‘90. Se lavó las manos en la eclosión de 2001. Y complicó la salida de la crisis impulsando medidas absurdas, como la libre flotación del dólar en febrero de 2002 y promoviendo medidas recesivas y reformas estructurales absolutamente desatinadas y afortunadamente rechazadas, demoradas o sólo parcialmente implementadas. Lo expuesto no sólo es responsabilidad del FMI, sino también de los propios argentinos, que por acción u omisión consienten ya en democracia el camino al abismo.
La Oficina de Evaluación Independiente del FMI efectuó un estudio con cierto tono autocrítico respecto del manejo de la crisis argentina. Más allá de lo tardío y parcial del documento, la imposibilidad de modificar el doloroso pasado y el elevado costo que implicará revertir sus efectos presentes, si resulta pertinente establecer de qué manera actúa el FMI en la actualidad. En particular, si además de reconocer algunos errores su actual accionar recoge la experiencia de su autoevaluación.
El FMI ha impulsado la liberalización de la cuenta capital a contramano de su accionar histórico, a pesar del rol que tuvo dicha política en las crisis financieras internacionales en los últimos años. En cuanto a las políticas siguen presionando por mayores ajuste fiscales que generan recesión y otras reformas cuya exégesis en los ‘90 derivó en rotundos fracasos.
El Fondo no está dando señales claras respecto de la necesidad de sustentabilidad en la reestructuración de la deuda y privilegia la aceptabilidad, reclamando una mejora en la oferta que implicaría presentar un esquema no sustentable. Asimismo sigue presionando para reformar la banca pública, que sin duda requiere cambios, aunque no en el sentido que impulsa el organismo. También se involucran en el tema de los precios de los servicios públicos, lo que era razonable cuando éstos eran de propiedad estatal y afectaban el resultado fiscal.
En todos esos casos, como en tantos otros, el FMI exhibe una combinación de miopía ideológica y subordinación demagógica a ciertos intereses públicos y privados de algunos de sus socios mayoritarios. El FMI ha demorado la revisión del acuerdo vigente a pesar del sobrecumplimiento de las metas fundamentales sin ningún justificativo.
La experiencia de fines de 2002 y de 2003, donde se evitó acordar para proteger las reservas y el crecimiento, han demostrado que es mejor un no acuerdo que un mal acuerdo. La Argentina debe mantener una actitud pragmática y de “serena firmeza”. De esta forma, evaluar en los próximos meses los beneficios y costos asociados de mantener o no un acuerdo con el FMI. Esto implica seguir negociando alejándose tanto del “acatamiento” del pasado como de utopías infantiles. En el caso de que la discusión en la revisión de las metas, las exigencias del FMI sean incompatibles con la profundización del sendero de recuperación económica y social, la Argentina deberá plantearse no renovar el acuerdo.
Lo expuesto no es una cuestión dramática. Es poner a Argentina en el nivel de la mayoría de los países que no se financian con el FMI. Es el caso de México y numerosos países de Asia y Europa Oriental que han dado por terminados los acuerdos. Los países que tienen convenios con el FMI son muy pocos. Brasil, Argentina y Turquía concentran casi dos tercios de la exposición crediticia del FMI.
Hace unos meses, en un trabajo efectuado junto a Benjamín Hopenhayn, elaboramos dos escenarios posibles de reestructuración de la deuda. Uno, relativamente similar a lo que es hoy la Propuesta de Buenos Aires. El otro, un escenario B donde no se renueva el acuerdo con el FMI. Este último implica mayores pagos netos al FMI, lo que redunda necesariamente en menores pagos a los tenedores en default y en una mayor tasa de refinanciación de los vencimientos de la deuda “interna” en situación normal.
La clave es recuperar poder de negociación para estar en mejores condiciones en la relación con los bonistas y el FMI sin recibir la presión combinada de ellos. Un no acuerdo con el FMI no les conviene a los bonistas y generará condiciones para un mejor acuerdo futuro que no implique condiciones tan desfavorables para nuestro país. Si se opta por no renovar el acuerdo con el FMI, en caso de no alcanzar uno digno, estaremos ganando grados de libertad que nos permitirán volver a ser una nación que asuma por sí sola el comando de su destino y la plena responsabilidad de sus políticas. Será a diferencia de lo que sostienen los epígonos de la dependencia “volver al mundo”.

* Economista.