La conflictiva negociación que mantiene el Gobierno con Aguas Argentinas volvió a enturbiarse en los últimos días. Luego de haber asumido, el presidente Néstor Kirchner puso a la compañía, controlada por la francesa Suez, en la picota debido a sus incumplimientos contractuales. “Lamentablemente el agua está privatizada, pero es hora de que aquellos que ejercen la privatización tengan en cuenta que con nosotros no habrá impunidad”, señaló. Entonces se especuló con la rescisión del contrato, pero la necesidad de contar con el apoyo del gobierno francés en el medio de las negociaciones con el FMI forzó una tregua plasmada en el ActaAcuerdo de mayo de 2004. Allí se contemplaba una inversión empresaria anual de 242 millones de pesos, la extensión del fideicomiso para gestionar parte de las obras, la suspensión del juicio que Aguas inició en el CIADI (el tribunal de inversiones del Banco Mundial) y el mantenimiento de las tarifas congeladas. Sin embargo, el acta que fijaba las reglas de transición quedó sin efecto en diciembre, dejando un confuso entramado legal, pues el contrato original sufrió tantas modificaciones que, según los expertos consultados por Cash, no existe un texto ordenado que fije con claridad cuáles son las obligaciones del concesionario.

Para cerrar un acuerdo y salir del limbo actual, la empresa solicitó que los ingresos de la concesión aumentaran un 60 por ciento (entre ajuste de tarifas y rebajas impositivas), dejar sin efecto el fideicomiso y preservar el histórico modelo de concesión. Para colmo, amenazó en una carta reservada dirigida a Roberto Lavagna con retirarse del país. Fuentes cercanas al Gobierno reconocieron a Cash que se ofreció un aumento de entre 16 y 24 por ciento, pero destacan que el problema no es la tarifa sino quién controla las inversiones. La empresa acepta que el Gobierno cubra la diferencia existente entre los 240 millones de pesos que promete aportar y los 450 millones que se requieren de inversión anual, pero no está dispuesta a compartir el poder de decisión sobre las obras. Del otro lado del mostrador, el ministro Julio De Vido sostiene que si el Estado va a aportar dinero debe poder capitalizarlo en la empresa y opinar sobre el destino de los fondos. Si no se llega a un acuerdo, en el Gobierno afirman que la rescisión será inevitable y no descartan la posibilidad de hacerse cargo del servicio. Para descomprimir la situación, Aguas depositó el viernes 3,2 millones de pesos para el fideicomiso. Pero aclaró que la decisión no implicaba aceptar su validez, y se negó a suscribir el plan anual de obras que presentó el Gobierno. A partir de mañana, la administración Kirchner y la empresa continuarán con la negociación, que parece ingresar en su tramo final. Cash consultó a diez especialistas sobre qué hacer con el servicio de aguas.

JORGE SCHVARZER
economista UBA
“Sistema mixto”
El servicio de agua tiene costos muy grandes de inversión y costos operativos relativamente bajos. Falta darle agua corriente y cloacas a una gran parte de la población de Buenos Aires, la mayor parte de la cual es pobre. Para ello hay que hacer una inversión muy rentable desde el punto de vista social, pero que económicamente sólo es rentable en el largo plazo o con tarifas muy altas. Este fenómeno se contradice con la existencia de una empresa privada que quiere ganar dinero. Una opción para resolver el problema de agua y cloacas es implementar un sistema mixto en el cual la empresa privada cobra una tarifa por la operación normal y el Estado hace las inversiones necesarias, asesorado por la empresa desde el punto de vista técnico. El costo de las inversiones dependerá de los años en que se quiera resolver el problema. Si se plantea un plazo razonable las inversiones no son terribles. Se está hablando de 150 millones de dólares por año y una parte saldría de la propia empresa. En la actualidad, Aguas Argentinas cobra mucho más de lo que le cuesta operar porque una parte de su facturación está prevista para inversión. Ese dinero se lo podría dar al Estado para encarar el programa de inversión.

EDUARDO MONDINO
defensor del Pueblo de la Nación.
“Incorporar nuevos operadores”
El modelo de concesión configurado al momento de la privatización está agotado. El contrato actual no tiene posibilidades de renegociación. Más allá de los incumplimientos de la empresa y la permisividad del Estado, la dimensión del área gestionada y la diversidad de problemas de las distintas zonas vuelven inmanejable la concesión. Debemos imaginar un nuevo modelo donde pueda haber más de un operador. En otros países, la gestión de los servicios no se encuentra necesariamente integrada. Por un lado, está la producción y distribución de agua y, por otro, los servicios de saneamiento. Incluso se podría pensar en la existencia de una distribuidora para Capital y otra para el conurbano porque los problemas de ambas regiones son diferentes. La eficiencia de un servicio público no depende de quien lo controla. Si se cambia un operador privado por uno público o mixto, pero se mantiene el actual modelo de concesión, la prestación del servicio no va a mejorar sustancialmente. Sería sólo un parche. Lo que se agotó es el modelo de concesión exclusiva en un solo operador. Si se quiere evitar la rescisión, Aguas Argentinas podría seguir participando, pero no de manera exclusiva.

SANTIAGO URBIZTONDO
economista FIEL
“Descongelar tarifas”
La concesión de Aguas Argentinas tuvo problemas, incluyendo incumplimientos contractuales, en parte por un diseño deficiente del contrato, que llevó a su repetida renegociación. En términos de evolución tarifaria, hubo aumentos encubiertos por causa de los revalúos inmobiliarios y recategorizaciones, que hicieron que la facturación por conexión subiera más del 50 por ciento durante la convertibilidad, pero si se compara con la situación de la década del ‘80, las tarifas igualmente terminaron siendo menores en 2001. La calidad (presión) y la cobertura aumentaron significativamente (salvo en cloacas, que fue a menor ritmo que en agua). La discusión contractual actual no tiene mucho que ver con esta experiencia. Los incumplimientos de Aguas Argentinas en los ‘90 pueden dar lugar a penalidades, pero fundamentalmente deberían llevar a una corrección del contrato y del marco regulatorio para ayudar al cumplimiento espontáneo del mismo. Hoy la situación de congelamiento tarifario, con una mayor injerencia del Estado en la definición de inversiones, no es parte de una solución apropiada. Además, no hay justificativo para rescindir la concesión si de hecho el motivo es que la empresa no acepta continuar con tarifas congeladas luego de una inflación mayorista acumulada superior al 120 por ciento.

CLAUDIO LOZANO
economista CTA
“Gestión pública”
Aguas Argentinas es, junto a correos, ferrocarriles y peajes, el paradigma del incumplimiento. No hay ninguna razón que justifique la continuidad del contrato. La empresa no sólo no cumplió con las inversiones sino que ni siquiera constituyó las garantías previstas al momento de asumir la concesión. Si el Gobierno decide rescindir no habría lugar para ninguna represalia por parte de la empresa. Aguas ni siquiera está en condiciones de presionar con la demanda en el Ciadi, porque el Gobierno puede cuestionar ese juicio, ya que el Banco Mundial es juez a través del Ciadi y parte al ser accionista de la empresa. Las alternativas para gestionarla empresa deben ser discutidas por la sociedad. En el caso del agua potable mi opinión es que la gestión pública es necesaria y posible porque es un servicio esencial y está en juego la salud de la población. No obstante, el mero hecho de que esté en manos del Estado no garantiza la cuestión pública. Hay que establecer mecanismos de gestión participativa para que la empresa no sea un botín de los grandes grupos empresarios. Para ello la empresa debe contemplar mecanismos de representación de organizaciones intermedias con mecanismos de participación directa.

ERNESTO SCHARGRODSKY
economista Universidad Torcuato Di Tella
“No comparar con ideales”
Una cuestión que me preocupa del actual debate es que se compara entre el servicio provisto por Aguas Argentinas y el servicio ideal que la sociedad se merece. En ese caso, el resultado de la gestión privada sin duda no es satisfactorio. También es cierto que ha habido (de ambos lados) incumplimiento de los contratos. Sin embargo, lo que se debe comparar no es la gestión privada respecto del ideal, sino respecto de lo que era la gestión pública. En un estudio donde comparé la evolución de la tasa de mortalidad infantil por enfermedades relacionadas con el agua en todo el país, encontramos que la mortalidad se redujo más en las zonas donde la provisión fue privatizada. La expansión de la red fue más veloz en esas zonas y estas expansiones beneficiaron a los pobres, que no tenían agua. No hay ningún impedimento teórico para que la provisión pública sea incluso mejor que la privada. Hay un montón de países donde la provisión de agua la hace el Estado de manera eficiente, pero con la pobre capacidad de gestión de nuestro sector público aquí no ocurrió así. La opción de que el Estado se haga cargo sólo de financiar las inversiones no es mala si sirve para destrabar el conflicto. La ventaja es que el Estado puede priorizar zonas atrasadas o acelerar la expansión de la red cloacal que es menos lucrativa. La contracara es que puede permitir una asignación clientelística de las inversiones.

ARIEL CASARIN
economista IAE-Universidad Austral
“Renegociar con la empresa”
La estatización de la empresa de agua o la conformación de una compañía mixta supone la suspensión del contrato ya sea por el abandono de la concesión o por una rescisión concretada por el Estado. El abandono de la concesión sería poco probable porque la empresa ha ganado suficiente dinero como para que la opción de esperar una futura renegociación siga teniendo sentido. La opción de rescindir podría plantear una situación de injusticia federal en caso de tener que indemnizar, pues todo el Estado nacional estaría afrontando los costos legales de una cancelación ocasionada en un solo distrito. Además, los antecedentes del Estado como operador de servicios públicos hacen pensar que no sería una buena alternativa capaz de generar mayor eficiencia. Una opción viable es renegociar con la empresa y promover el financiamiento de las inversiones a través de fideicomisos. Por ejemplo, un fideicomiso conformado con la recaudación del IVA que se obtiene de los usuarios de Aguas más un aumento del 50 por ciento al 20 por ciento de las familias más ricas podría en conjunto generar los fondos para expandir el servicio a quienes no lo tienen. Luego sólo quedarían por ajustar los costos de la operación de acuerdo a la evolución de los costos empresarios.

AMERICO GARCIA
economista y presidente de Unión de Usuarios y Consumidores
“La gestión privada fracasó”
El tipo de propiedad de la empresa no es neutral al momento de lograr la universalización del servicio de agua. El esquema privado fracasó al intentar ese objetivo. En la mayoría de los países el servicio es de propiedad estatal, mixta o comunitaria, salvo en el caso de Inglaterra. Lo ideal sería tener una empresa donde pueda haber participación privada, pero también participación de los usuarios y de los trabajadores. No obstante, creo que no es sincera la posición del Gobierno cuando habla de rescindir del contrato, pese a que existen múltiples causas para hacerlo. La disputa es en torno a cómo y quién maneja las inversiones. Eso queda claro cuando el ministro De Vido dice que lo importante no son las tarifas sino las inversiones. Si el resultado de la negociación es que el Estado se hace cargo de las inversiones y delega la operación comercial en la empresa, lo importante es que haya mecanismos de participación de los usuarios para que las presiones empresarias tengan un contrapeso. Hay muchas organizaciones sociales que se conformaron en torno al agua para exigir la prestación del servicio. Su participación dependerá de la correlación de fuerzas.

ANDRES CHAMBOULEYRON
economista
“El Estado no debe ser socio”
No están dadas las condiciones para rescindirle el contrato a Aguas Argentinas, porqueun eventual incumplimiento de las metas de inversión no implica violar el contrato de concesión, pues los contratos tienen contempladas penalidades por incumplimientos. El que violó el contrato fue el Gobierno al congelar las tarifas. Si ahora deciden estatizar la empresa la consecuencia inmediata va a ser la paralización de las inversiones, como ocurrió a fines de los ochenta, porque si el Estado hubiera podido garantizar agua corriente y cloacas a los usuarios no habría privatizado la empresa en su momento. Es probable que la solución óptima sea unacombinación de inversión pública y privada, porque en general las empresas de servicios públicos tienen hoy dificultades financieras y, aun aumentando las tarifas, les va a ser difícil conseguir financiamiento para la inversión. Sin embargo, el Estado no tiene que participar de las decisiones de la compañía siendo socio porque al momento de ejecutar las obras es probable que prevalezcan objetivos políticos clientelares por sobre las inversiones rentables desde un punto de vista social. Si el Estado desconfía de las empresas debe fortalecer el papel de los entes reguladores.

MIGUEL ZANABRIA
director académico Instituto para el Modelo Argentino
“Participación de la comunidad”
El objetivo es recuperar la categoría de usuario dejando atrás la de cliente. Eso implica que la empresa debería asegurar una serie de requisitos. Por ejemplo, la continuidad del servicio, el acceso universal y la transparencia financiera. Eso no está asegurado a priori. Cuando la propiedad es privada los encargados de hacer cumplir esos objetivos son los entes reguladores, pero en Argentina han fracasado. La estatización tampoco asegura que la gestión sea eficiente. Por lo tanto, la idea es ir hacia un modelo de empresa pública donde la comunidad esté representada enel directorio. Debería haber representantes del Estado, los usuarios, los trabajadores y la industria. La idea es que todos los que tienen intereses sobre la provisión del servicio público puedan estar representados dentro de la empresa. Incluso se podría contemplar una participación minoritaria de capitales privados. En el corto plazo, la opción más probable es que el Estado se haga cargo de las inversiones conformando una estructura de propiedad mixta. Eso es un avance, porque el representante del Estado en la empresa puede defender el punto de vista de la comunidad.

PABLO ROJO
ex titular del Banco Hipotecario
“Reestructurar el contrato”
Estatizar Aguas Argentinas sería una decisión errada porque el Estado ha sido muy deficiente en la prestación de los servicios públicos en Argentina. Un riesgo es que la gestión estatal revele los mismos vicios que tuvo en el pasado: politización de tarifas, exceso de personal, captura de la empresa por parte de los sindicatos, generalización de la corrupción y recreación de los mecanismos de contratación de obra pública de acuerdo a patrones no competitivos. Otro riesgo está vinculado a la señal que se estaría dando en materia de inversiones y de seguridad jurídica. La revocatoria del contrato de concesión traería aparejado un enorme riesgo jurídico y estaría dando una señal muy negativa en términos de inversiones en el sector privado. La solución consiste en reestructurar el contrato a las circunstancias económicas que la Argentina tiene en la actualidad y sobre esa base establecer un programa de inversiones viable, financiado por la empresa y por el Estado. Además, a medida que se vaya restableciendo la ecuación económica empresaria, la compañía no sólo puede financiar las inversiones vía tarifas, sino que puede recurrir al mercado de capitales para adelantar la disponibilidad de fondos.