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Por Mariana Alvarez Guerrero *

El Estado es el principal encargado de redistribuir ingresos. Los servicios públicos a su vez son un importante instrumento para lograrlo. Por esta razón tanto desde la regulación, cuando se trate de empresas privatizadas, como desde el diseño de las políticas públicas dirigidas al sector, la disminución de la pobreza debe ser considerada “ex ante” como un aspecto clave. Examinemos el sector eléctrico. Luego de una década de reformas en este sector, la pregunta sobre el grado en que estas reformas han beneficiado a los pobres debe plantearse como una cuestión impostergable. Centrar la atención en la pobreza antes de diseñar nuevas reformas e intervenciones en el sector energético, donde las familias de altos ingresos tienen energía eléctrica y la población más pobre no, es uno de los grandes desafíos con los que se enfrenta el Gobierno, más aún si se considera los enormes efectos que la energía y la infraestructura pueden tener sobre la calidad de vida de los ciudadanos.
Los problemas de eficiencia y de distribución no pueden separarse en las decisiones de política económica como se separan en los libros de microeconomía clásica. Mas aún, el objeto de la mayoría de los programas de subsidios es el de promover algún tipo de bien social, tal como mejorar la calidad de vida de un grupo de personas o redistribuir ingresos a grupos menos privilegiados. En este marco, ¿cuál es exactamente el problema de “distorsionar precios relativos” en un contexto de tremendas distorsiones en los ingresos? ¿La eficiencia debe ser la base de cualquier discusión sobre el tema de subsidios? ¿O lo importante debería ser diseñar un programa de subsidios lo más equitativo y aplicable posible, y acorde con las características particulares de cada país?
Un asunto clave cuando se trata de subsidios es el financiamiento: ¿quién y cómo se financia el subsidio? Una de las formas posibles de financiamiento, en particular en países en los que el Estado enfrenta problemas crónicos de presupuesto y que tiene grandes niveles de desigualdad, es a través de un subsidio cruzado: la empresa regulada cobra tarifas por encima de los costos a los consumidores más ricos y tarifas por debajo de los costos a los consumidores más pobres. En este caso, el subsidio lo paga la demanda, específicamente los consumidores más ricos (cuya disposición a pago es alta), y en el agregado esto debe ser neutral para los ingresos de la concesionaria.
Nuevamente suele argumentarse que los subsidios cruzados son altamente distorsivos y que provocan grandes ineficiencias en el sector. Una de las ineficiencias que se cita, por ejemplo, es la siguiente: los consumidores más ricos son quienes consumen más electricidad y éstos podrían responder a un aumento de los precios disminuyendo su consumo; esto provocaría una caída de la demanda agregada y por ende, el sistema podría quedar sobreinvertido (capacidad ociosa). Este argumento implica reconocer que resultan más relevantes las ganancias de la concesionaria que, por ejemplo, el ahorro de un bien escaso –con todos los beneficios medioambientales y sociales que esto podría tener–.
La sustentabilidad del sector no debe confundirse con la sustentabilidad de las empresas que proveen el servicio. Debe en cambio (más aún considerando que se trata de un servicio público) contemplarse desde una perspectiva más integral: el sector es sostenible económicamente si se alcanzan dos objetivos simultáneamente: los precios de la energía deberán cubrir los costos económicos de la prestación del servicio tanto como asegurar el pago por parte de usuarios. Entendida así, cualquier discusión sobre las tarifas implica reparar en la capacidad de pago de todos los consumidores, tanto como en la suficiencia financiera de las empresas.
Por otro lado, si fuera posible diferenciar a los consumidores más ricos de los más pobres con un mínimo de error (y yo creo que es posible), un subsidio cruzado sería justamente, redistribuir ingresos. ¿Dónde está la distorsión? Todas las consideraciones relacionadas con la racionalidad enla definición de eficiencia cuando nos referimos a la provisión de servicios públicos antes mencionada se repiten.
No se pretende discutir aquí cuál es el mejor tipo de subsidio. Esto, tanto como la forma de financiamiento, deberá decidirse en función de los recursos disponibles del Estado y de la capacidad financiera e institucional del mismo, así como de las particularidades sociales y económicas del país. Lo que no debe suceder cuando se diseñan políticas públicas es olvidar el tema de fondo: el Estado no debe ceder nunca su rol esencial como redistribuidor de ingresos (más aún en países en donde la desigualdad es un problema estructural). Los servicios públicos (ya sea que estén en manos privadas o estatales) son esenciales para las políticas redistributivas. Con esto, las desigualdades de ingresos y la mejora de las condiciones de vida de los grupos menos favorecidos deben ser la base de cualquier futura reforma en el sector.

* Especialista en temas energéticos, [email protected]