Fueron funcionarios públicos. Se desempeñaron como ministros, secretarios de Estado, asesores e incluso como jueces. En la mayoría de los casos, ocuparon cargos clave durante el proceso de privatización de las empresas de servicios públicos. Elaboraron los pliegos de concesión, les pusieron precio a las compañías estatales, concretaron las ventas, asesoraron en materia legal, diseñaron los marcos regulatorios y tuvieron a su cargo las modificaciones normativas que se introdujeron en los años posteriores. Durante los noventa cumplieron esa tarea. Ahora se desempeñan en el sector privado con ese mismo objetivo. O sea, trabajar para esas grandes empresas. Esos “patriotas”, en los últimos meses, han testimoniado a pedido de las privatizadas y otras compañías extranjeras en los juicios que se llevan adelante contra Argentina en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), un tribunal dependiente del Banco Mundial que deberá decidir si corresponde indemnizar a esas compañías por la pesificación y el congelamiento de tarifas (ver aparte).

Cash revela a continuación los nombres de los “expertos” argentinos que en esta batalla judicial internacional juegan para el equipo rival, en una disputa que le puede llegar a costar al país cerca de 17 mil millones de dólares.

Alberto Bianchi. La empresa Electricite de France lo citó como experto en el juicio contra Argentina. Bianchi es un jurista de larga trayectoria. En su currículum destaca haber sido asesor legal de la Comisión Nacional de Comunicaciones (1997-1999), asesor en la privatización de Obras Sanitarias de la Nación para la elaboración del marco regulatorio y documentación contractual para la concesión (1992-1993) y asesor en la privatización de la Dirección Provincial de Obras Sanitarias de Santa Fe (1995). También elaboró con Rodolfo Barra uno de los recursos presentados para posibilitar la re-reelección frustrada de Carlos Menem.

Carlos Manuel Bastos. Se presentó como testigo en las demandas iniciadas contra la Argentina por las norteamericanas AES International (empresa a cargo de tres distribuidoras y ocho generadoras eléctricas) y El Paso Energy (controlante de la generadora Capex). Su tarea fue detallar qué garantías tenían esas empresas y cómo éstas fueron vulneradas por el Estado. Bastos no es un testigo cualquiera. Asumió como secretario de Energía en abril de 1991 de la mano del entonces ministro de Economía Domingo Cavallo. Fue responsable del planeamiento, definición y ejecución de las políticas públicas dentro del sector. Tuvo un papel protagónico en la privatización de YPF, Segba y Gas del Estado. En octubre de 1996 renunció a su cargo y se refugió en su consultora privada hasta que en marzo de 2001 volvió a la función pública con Fernando de la Rúa. En esa segunda oportunidad, fue ministro de Infraestructura y Vivienda hasta que el estallido de diciembre de 2001 terminó con el gobierno de la Alianza. Desde entonces, la experiencia y los conocimientos acumulados en la gestión pública están al servicio de empresas privadas que demandan por sumas millonarias a la Argentina.

Manuel Abdala. Entre abril de 2002 y febrero de 2005 testimonió 14 veces en el Ciadi como testigo experto convocado por empresas extranjeras que le reclaman al Estado una indemnización por “trato injusto” y “expropiación” de sus inversiones. En la mayoría de los casos, su tarea consistió en valuar las “pérdidas” de las compañías a raíz de la pesificación y congelamiento de tarifas. Sus servicios fueron prestados a las francesas Suez (Aguas Argentinas, Aguas de Córdoba y Aguas Cordobesas) y Electricite (Edenor), las españolas Telefónica y Gas Natural Ban y las norteamericanas AES, Enron (TGS), Pan American Energy y El Paso, entre otras. Del otro lado del mostrador, Abdala tuvo un papel central como consultor del gobierno argentino durante la década del ‘90. Asesoró a la Secretaría de Energía en el armado del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), trabajó como consejero económico de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones y del Enargas, le puso precio a la compañía telefónica de Entre Ríos para ser privatizada, participó en la reestructuración de la Comisión Nacional de Energía Atómica e intervino como consejero económico en la estrategia de privatización de Yacyretá.

Patricio Perkins. Su testimonio fue solicitado por las empresas estadounidenses CMS (accionista de Transportadora Gas del Norte) y LG&E (accionista minoritaria de Gas Natural), para expresar su opinión sobre “ciertas declaraciones realizadas por la República Argentina en relación con la privatización de Gas del Estado y el marco regulatorio sancionado”. Perkins conoce sobre el tema porque en 1991 el Comité de Privatización lo designó director ejecutivo del Proyecto de Privatización de Gas del Estado. En ese carácter, lideró el proceso a través del cual el monopolio estatal fue dividido en diez compañías privadas (ocho distribuidoras y dos transportistas). Entre 1995 y 1999, se desempeñó como presidente del directorio de Aguas Argentinas. También fue miembro del directorio de YPF (1995-2001) y presidente de la Asociación de Empresas de Servicios Públicos (1997-1999), entidad integrada por compañías de teléfono, agua, electricidad y gas natural. En uno de los escritos presentados ante el Ciadi, define su opinión como “independiente e imparcial” y agrega que “desearía recalcar el hecho de que no tengo ninguna afiliación política y que las opiniones vertidas en este testimonio son exclusivamente profesionales”.

Amalia Martínez Christensen. Declara como testigo experta a pedido de la empresa chilena Enersis en el juicio contra Argentina. Entre sus antecedentes se destaca su paso por el Ministerio de Economía como asesora de Domingo Cavallo durante la renegociación de la deuda que culminó con la firma del Plan Brady en 1992. También fue asesora del directorio del Banco de la Provincia de Buenos Aires y directora del Banco Central, designada por el ex presidente Fernando de la Rúa, entre 2001 y 2002.

Daniel Montamat. La empresa norteamericana de energía El Paso Energy (Capex) lo presentó como testigo experto ante el Ciadi en la disputa que mantiene con Argentina. Montamat fue director de Gas del Estado entre 1985 y 1987, director y presidente de YPF entre 1987 y 1989. Luego se dedicó a asesorar empresas energéticas, hasta que en 1999 fue convocado por el presidente Fernando de la Rúa para hacerse cargo de la Secretaría de Energía, donde se desempeñó hasta el año 2000.

Alfredo Mac Laughlin. La empresa norteamericana LG&E lo presentó como testigo experto en la demanda formulada contra el Estado por 268 millones de dólares. Mac Laughlin fue asesor del ex ministro de Economía Domingo Cavallo, desde marzo de 1991. En ese carácter tuvo intervención directa en la formulación de los programas de privatización, incluyendo los de las empresas estatales de electricidad, con participación especial en la privatización de Gas del Estado. En su testimonio afirma que “LG&E me ha pedido que atestigüe sobre la estructura de dichas privatizaciones y los fines perseguidos por el Gobierno en las mismas”. También se desempeñó como consultor de la Secretaría de Finanzas, fue miembro del directorio del Banco Hipotecario, secretario de Economía de la municipalidad de la ciudad de Buenos Aires y asesor del gobierno de la provincia de Buenos Aires. En la actualidad es miembro del directorio de la Bolsa de Comercio y de varias empresas privadas.

Pedro Alfredo Miguens. Fue citado por la empresa Telefónica para testimoniar como experto. Sus antecedentes en el Estado incluyen su desempeño como secretario letrado de la Corte Suprema de la Nación en 1976 y su cargo de juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital Federal desde 1980 hasta 1994.

Gustavo Bossert. La empresa alemana Siemens, quien demandó al Estado por la ruptura de un contrato para la confección de los DNI, lo citó como experto jurista en la etapa de jurisdicción para que testimoniara si la compañía había hecho lo correcto al presentar la demanda en el Ciadi, pues el tratado bilateral de inversiones firmado con Alemania estipula un plazo mínimo de 18 meses antes de recurrir a la Justicia internacional. Bossert avaló la decisión de la compañía al afirmar que en esos 18 meses Siemens no hubiera podido resolver la cuestión en los tribunales locales. Entre los antecedentes de Bossert se destaca de manera excluyente haber sido miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación entre 1994 y 2002.

Héctor Mairal. Fue citado como experto en la demanda iniciada por las empresas Sempra y Camuzzi. En la actualidad es profesor titular de la cátedra de Derecho Administrativo en la Universidad de Buenos Aires. Fue director nacional de Comercio Exterior (1961-1962) y asesor legal del Ministerio de Economía en el Servicio de Promoción de Inversiones Extranjeras (1968-1969). Además, asesoró al Estado en la venta de YPF y en las concesiones de gas del Estado y Entel.

Pablo Spiller. Testimonió a pedido de las mismas multinacionales que Manuel Abdala, pues es su socio en la consultora LECG. Es uruguayo, pero también trabajó como consultor del Estado argentino. En 1998 fue asesor del Etoss en la renegociación del contrato de concesión de Aguas Argentinas y miembro del Comité de selección del presidente del Enargas. En 1997 asesoró al Ministerio de Economía en la privatización del Correo y en 2000 fue consultor de la Secretaría de Energía.

Ricardo Arriazu. Declara como testigo experto a pedido de la empresa Electricite de France (controlante de Edenor) en la causa que esa multinacional le inició al Estado. Arriazu es consultor económico y financiero de reconocidas empresas. Entre sus antecedentes se destaca haber sido asesor del Banco Central durante la última dictadura militar, cuando la presidencia del organismo estuvo a cargo de Adolfo Diz. También fue asesor del Ministerio de Economía y director ejecutivo alterno del FMI representando a Argentina y a otros países del Cono Sur.

Los ex funcionarios públicos que integran este listado argumentan que testimoniaron a pedido de las empresas en su rol de profesionales “independientes” sin violar disposiciones legales. Pero ninguno de los poderosos estudios de abogados que patrocinan las causas contra Argentina los hubiera invitado a declarar sin antes asegurarse de que su opinión sea funcional a los intereses de las compañías, puesto que en varios casos trabajan para las privatizadas.