“Están en juego intereses económicos muy importantes”, denuncia Horacio Pelosi, presidente del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Se refiere a la presión que viene ejerciendo el Banco Mundial para modificar de raíz el sistema notarial que se aplica en Argentina. En especial, para las operaciones inmobiliarias. El objetivo sería, de acuerdo a su visión, tender un puente para la entrada de compañías aseguradoras internacionales, que son las que operan en Estados Unidos. De prosperar las sugerencias del organismo, florecería un negocio muy redituable para el capital financiero a costa de la seguridad jurídica y de las garantías que ofrece el sistema de registración actual, insiste Pelosi.

El conflicto estalló a raíz de la publicación de un documento preparado por el Banco Mundial. Se titula Doing Business y allí se acusa a los notarios que operan bajo el sistema latino de “encarecer, entorpecer y ser un cuello de botella” para la tramitación de operaciones inmobiliarias y comerciales.

El informe señala que los escribanos ejercen “una intermediación inútil” y se transforman en “una carga innecesaria”. En otro párrafo, sostiene que “los servicios que proporcionan los notarios” en la constitución de sociedades comerciales “son rutinariamente ejecutados por empleados públicos que desempeñan otras funciones. Y los empleados de los registros de comercio son tan hábiles como los notarios para hacerlos”.

Semejantes afirmaciones causaron indignación en el Colegio de Escribanos. Según cuentan, los 8300 notarios que existen en Argentina pasaron a identificar al Banco Mundial como su enemigo público número uno. “¿Cuál es la razón de este ataque?”, se pregunta Pelosi. “El interés de las compañías aseguradoras estadounidenses de expandir su negocio hacia América latina”, interpreta. Lo justifica con una explicación erudita sobre cómo operan los sistemas notariales latino y anglosajón. El primero tiene a la Argentina como uno de sus referentes, pero se utiliza en 73 países, incluidos Alemania, Indonesia, Rusia, Japón y China.

“Los escribanos en el régimen anglosajón son personas autorizadas por el Estado para certificar firmas. Nada más. No redactan documentos, no asesoran a las partes, no tienen conocimientos de derecho, ni garantizan la legitimidad de los actos”, señala Pelosi. El costo por tan magro servicio es, en consecuencia, bajo en comparación con el de los notarios latinos. En base a esa conclusión, el Banco Mundial insiste a los países latinoamericanos, sobre los que puede ejercer mayor presión, que cambien hacia el sistema estadounidense.

“La función del notariado latino es totalmente diferente”, se defiende Pelosi. “En primer lugar, hay que ser profesional del derecho. Se accede al ejercicio de la función mediante concurso de oposición y antecedentes. Así como con el título de abogado no se puede instalar un juzgado, una defensoría o una fiscalía, tampoco se puede instalar una escribanía”, señala. “En el sistema latino el escribano tiene obligatoriamente que ser asesor imparcial de las partes”, continúa. “Y tiene la importante función de la legalidad: el escribano determina si las transacciones comerciales o actos civiles en los que interviene se adecuan a la legislación vigente en el país”. Además, “el escribano controla la capacidad, habilidad y posibilidad de las partes para realizar determinado acto”.

Su presencia, en definitiva, es garantía de que las operaciones que lo involucran se ajustan a derecho. En el caso de las transacciones inmobiliarias, el resultado es que el comprador del inmueble puede estar seguro de que nadie se lo quitará a través de una acción legal. En cambio, en Estados Unidos, adonde el sistema notarial es mucho más informal y precario, los compradores no tienen tal garantía. La forma de cubrirse es mediante pólizas de seguros, que pagan de por vida. Hay miles de “acciones de reivindicación”, como se denominan los juicios para recuperar viviendas. Por otra parte, al costo del seguro hay que agregarle el de los abogados, que también cobran tarifas elevadas.

Pelosi da cuenta de un estudio realizado el año pasado en un congreso internacional en México en el que “quedó perfectamente demostrado” que los costos finales del sistema latino son inferiores a los del anglosajón, además de ser el sistema que se utiliza aquí mucho más seguro y eficiente.