Por Fernando Krakowiak

Estaban por perderlo todo hasta que decidieron tomar la fábrica. Cuando la empresa que los empleaba quebró, resistieron el remate de los bienes, se organizaron en cooperativa y siguieron produciendo para preservar su fuente de trabajo. Al comienzo fueron casos aislados, pero con la profundización de la crisis el modelo se generalizó. Actualmente, hay más de 5000 obreros en todo el país administrando cerca de ochenta pequeñas y medianas empresas entre las que se destacan metalúrgicas, textiles, frigoríficos, autopartistas e imprentas. En algunos casos, los empresarios se fueron por voluntad propia cuando las deudas se volvieron imposibles de afrontar. En otras experiencias los obreros tomaron el control por la fuerza en el momento en que se dejaron de pagar los sueldos y negociaron con la Justicia la continuidad de la fábrica. También hubo acuerdos entre empresarios y trabajadores para salir de la crisis impulsando una administración conjunta. Desde el Estado, ven la iniciativa con buenos ojos porque saben que cualquier alternativa que sirva para mantener los puestos de trabajo es mejor que condenar a los obreros al desempleo. Sin embargo, ni el gobierno nacional ni las provincias aportaron dinero a través de préstamos o subsidios. La única ayuda consistió en expropiar algunas fábricas en Buenos Aires para evitar que los acreedores forzarán el remate de los bienes.
La metalúrgica GIP Metal de Avellaneda fue la primera en ser expropiada luego de declarar la quiebra. El viernes 18 de agosto de 2000 al llegar a sus casas los trabajadores comenzaron a recibir los telegramas de despido y decidieron tomar la fábrica para resistir. “Nos enteramos que la quiebra era fraudulenta porque el patrón tenía pensado volver a abrir con otro nombre a través de un testaferro para no pagar una deuda de 4 millones de pesos”, relató a Cash Roberto Salcedo, uno de los 54 trabajadores que durmieron junto a las máquinas durante más de cuatro meses. Cuando el desalojo era inminente, gestionaron ante la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires una ley de expropiación como última alternativa. El abogado Luis Caro, por entonces asesor jurídico de la Federación de Cooperativas de Trabajo de la Argentina, les explicó la situación a varios legisladores y logró que en diciembre de ese año se sancionara la ley que declaró la expropiación. El inmueble fue donado a los trabajadores, quienes formaron la Cooperativa Unión y Fuerza para hacerse cargo de la empresa y volver a producir. “Muchos nos dijeron que los compañeros no iban a poder, pero los ayudamos a capacitarse y ahora se desempeñan correctamente”, afirmó Caro. La cooperativa recuperó algunos clientes y comenzó a fabricar caños para agua y capilares para radiadores. Tienen una producción de 30 toneladas mensuales y afirman que podrían llegar a 150 toneladas si pudieran incorporar cuatro trasfiladoras.
Una situación similar vivieron los trabajadores de Papelera Platense. El 4 de abril de 2001 la empresa presentó la quiebra y cuarenta empleados ocuparon la fábrica para reclamar por los tres meses de sueldo que les adeudaban. Pocas semanas después la Legislatura de la Provincia expropió el inmueble y a partir de junio la empresa volvió a funcionar bajo control obrero. Héctor Garay, presidente de Fecootra, señaló a Cash que “la reapertura fue posible porque quedaba algo de materia prima, si no, deberían haber cerrado”.
No todos los emprendimientos tuvieron la misma suerte. Los trabajadores de la ex empresa Siam atravesaron numerosas dificultades para reflotar la compañía luego de que Aurora Grundig declarara la quiebra en 1997. Formaron la Cooperativa Industrial de Trabajo Julián Moreno (CIAM), pero les fue imposible competir y dos años después se terminaron fundiendo. En ese momento, se contactaron con La Huella de Bilbao, una cooperativa dedicada al gerenciamiento de empresas que les propuso crear un complejo productivo incorporando pymes que pudieran integrarse entre sí para mejorar su eficiencia. En mayo de 2001, los trabajadores le cedieron la gerencia general de la empresa a La Huella de Bilbao para que impulse su proyecto. Luis Perego, responsable de la iniciativa señaló a Cash que “durante nuestra gestión logramos reactivar la fábrica y se incorporaron al predio veinte pymes a las que se les cobra un alquiler mensual”. CIAM todavía arrastra la deuda dejada por Aurora, pero está tratando de acordar con el juez y los acreedores la obtención del terreno en fideicomiso por 30 años. Mientras tanto sigue comercializando los electrodomésticos con la marca original, que pertenece a la quiebra.
Los trabajadores de la fábrica cordobesa de tractores Zanello también recurrieron a una alianza para salir adelante. En junio del año pasado formaron la cooperativa Las Varillas anticipándose a la quiebra de la empresa. Cuando el cierre se produjo, crearon un consorcio compuesto por la cooperativa, los concesionarios comerciales, algunos ex ejecutivos de la firma y el municipio de la zona. Así consiguieron el capital de trabajo para salir adelante.
Un caso atípico es el de la textil Brukman, ubicada en el barrio de Once. Los cincuenta trabajadores que ocupan la fábrica desde diciembre del año pasado reclaman que el Gobierno estatice la empresa porque afirman que solos no están en condiciones de competir. “Lo ideal sería que la fábrica se estatice y pudiéramos convertirnos en proveedores de guardapolvos y sábanas para los hospitales públicos”, afirmó a Cash Celia Martínez, quien por estos días sobrevive junto a sus compañeros cosiendo gorritos color celeste y blanco para festejar el Mundial de Fútbol.
El de Brukman es un reclamo aislado, pero las causas que lo motivan en muchos casos son compartidas por otras empresas. La imposibilidad de competir en igualdad de condiciones es un fantasma que sobrevuela la realidad de estas nuevas pymes obreras que carecen de capital de trabajo y arrastran deudas millonarias de la gestión anterior. La voluntad de los obreros es indiscutible y en algunos casos ha hecho verdaderos milagros. Habrá que ver si con eso alcanza para consolidar un modelo alternativo capaz de sobrevivir en un mercado donde sólo se apoya las iniciativas que son capaces de demostrar que no necesitan ayuda.