Luego de la nacionalización de los hidrocarburos en Bolivia, la Argentina quedó sola. De ahora en adelante será el único país con petróleo de la región que seguirá sin ejercer un control directo sobre este estratégico recurso natural. Ello sucede en un momento en el que, bajo el actual esquema, el país marcha a convertirse en importador neto de hidrocarburos en un contexto de caída de su horizonte de reservas. El espejo boliviano no devuelve a la Argentina su mejor imagen. ¿Es posible, de este lado de la frontera, una medida como la dispuesta por Evo Morales?

El vecino pateó el tablero de los ’90 en materia de “clima de negocios” y “protección de las inversiones”. Entre los gestos de incredulidad y las veladas amenazas de las petroleras y la reacción de sus socios comerciales en defensa de los intereses de sus compañías, o de las compañías que operan en sus territorios, Bolivia decidió establecer una nueva referencia para el reparto de su renta petrolera: 18 por ciento para las empresas y 82 para el Estado en los yacimientos más grandes. A ello sumó una medida que, vista desde la Argentina, es aún más importante: el estricto seguimiento de las inversiones y el completo control del comercio interno y externo a través de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

El decreto de nacionalización, sin embargo, es lo suficientemente laxo (ver recuadro) para que empresas como Petrobras y Repsol ponderen, más allá del discurso defensivo, la posibilidad de seguir operando de manera rentable bajo las nuevas reglas, con las que ya no serán concesionarias, sino contratistas de YPFB. Los mercados bursátiles también creen en esta posibilidad. Las acciones de las petroleras estuvieron lejos del derrumbe. Cualquiera sea el resultado final, la transferencia de renta ya tiene número, el Estado boliviano planea recuperar entre 350 y 400 millones de dólares por año.

Conocida la noticia, la atención argentina pareció concentrarse en el nuevo precio de importación del gas boliviano. Sin embargo, el ajuste de valor, actualmente en alrededor de 3 dólares por millón de BTU, ya era negociado antes de la nacionalización y difícilmente pueda considerarse un resultado directo del decreto del 1º de mayo. Sobre la base de una singular concepción de la solidaridad, como lo es la que se dirige del pobre hacia el rico, los precios pagados por Brasil y las empresas que operan en Argentina están por debajo de los parámetros internacionales.

Gas

Es probable que la pregunta esencial que desde la Argentina debe hacerse a partir de la nacionalización boliviana no sea por el precio, sino por la creciente necesidad local de importar gas. Al margen de las complejas relaciones interempresarias establecidas hasta ahora en el comercio exterior, algunos datos sobre la reconversión gasífera de la matriz energética local, incluida la falta de inversión por el lado de la oferta, brindan una aproximación a la respuesta.

En las últimas semanas los consumidores se enteraron de que deberán aportar, con un cargo fijo en sus boletas, al fideicomiso para financiar dos nuevas centrales eléctricas. Las nuevas usinas estarán funcionando en forma plena recién a partir de 2008 y demandarán, de acuerdo a estimaciones de Cammesa, cerca de 9 millones de metros cúbicos de gas por día, a los que deben sumarse la mayor demanda por la continuidad del crecimiento de la economía.

Según lo reseñado en un informe reservado sobre el sector energético elaborado por la consultora IES el pasado abril, las ampliaciones previstas en los gasoductos permitirían un aumento en la capacidad de transporte, actualmente saturada, de entre 6 y 7 millones de metros cúbicos/día. Para Eduardo Alvarez, autor del informe, esto vuelve imprescindible obras como el nuevo gasoducto de TGN, que podría traer desde Bolivia alrededor de 20 millones de metros cúbicos/día. El costo estimado de esta obra ronda los 1500 millones de dólares para Argentina y otro tanto para el vecino país. Pero el dato de fondo, según Alvarez, es que “por un período prolongado la matriz energética argentina continuará siendo básicamente gasífera, aun con los mayores costos que implicará la mayor participación de las importaciones bolivianas del fluido”.

Los datos sugieren entonces que antes del problema de importación y transporte existe otro, la causa de esta necesidad: la restricción de la oferta interna.

La exploración en busca de nuevas reservas gasíferas está detenida. Según los empresarios del sector consultados por Cash, la falta de inversión comenzó recién a partir de la pesificación y el congelamiento del precio del gas en boca de pozo, aunque no son pocos los especialistas que consideran que el déficit se inició en los tempranos ’90. La posterior liberación de este valor, que podría dejarlo pronto en los 2 dólares por millón de BTU, aun por debajo del actual precio de importación desde Bolivia, representaría un estímulo exiguo. La lógica empresaria es que este precio “no alienta las inversiones”. Según IES, sí resulta suficiente para incentivar la explotación secundaria, es decir: la extracción más intensa de las reservas actuales. A ello se agrega que “los tanteos exploratorios han dado resultados negativos en cuanto a la existencia de reservorios nuevos de magnitud considerable, salvo en áreas específicas de algunas empresas con yacimientos más nuevos”, situación que está lejos de contrarrestar el progresivo deterioro del horizonte de reservas.

Petróleo

En petróleo, la situación es similar. De acuerdo a los números relevados por IES, la evolución de la producción y el consumo muestran que a partir de 2008 se alcanzaría el equilibrio entre ambas variables. En otras palabras, existe fecha cierta para el fin del autoabastecimiento y la transformación de Argentina en país importador neto. En tanto, sólo el 10 por ciento de las inversiones planteadas por las petroleras “apuntan a la exploración de nuevos yacimientos, mientras que el 90 por ciento restante se destinará a aumentar la eficiencia en los actualmente operativos”. Al igual que en gas, la realidad muestra una intensificación de la extracción cuando más de la mitad de estos pozos se encuentran en situación de “recuperación secundaria”, es decir, próximos a su agotamiento.

En resumen, el esquema energético consolidado en los ’90 produjo una transformación de la matriz energética nacional cuyo dato central es la persistente falta de inversión para incrementar la producción frente a los desafíos de la demanda de un país en crecimiento. Cuando el aumento de la producción existe, resulta de la intensificación de las explotaciones existentes, lo que reduce el horizonte de reservas aproximando aceleradamente el momento en el que país se convertirá en importador neto. Romper esta dinámica supone el desarrollo acelerado de inversiones estratégicas cuya magnitud y conducción, dado el comportamiento histórico de las empresas, no puede esperarse de las firmas privadas, pues nada garantiza que nuevas señales de precios, más altos, no se transformen solamente en mayores transferencias de renta al sector privado. El espejo boliviano refleja que el sector público puede cumplir otra función en el control y desarrollo de sus recursos estratégicos.