Pocos fueron quienes esta semana repararon en el carácter jurídicamente impecable del decreto de nacionalización firmado por el gobierno de Evo Morales. En los considerandos se expresa que, según la constitución boliviana, “los hidrocarburos son bienes nacionales de dominio originario, directo, inalienable e imprescriptible del Estado, razón por la que constituyen propiedad pública inviolable”.

La Constitución sostiene la facultad del poder legislativo para aprobar los contratos de “explotación de riquezas nacionales”. Luego, “las actividades de exploración y producción de hidrocarburos se están llevando adelante mediante contratos que no han cumplido con los requisitos constitucionales”. En otras palabras, mediante contratos ilegales.

Los argumentos políticos también son contundentes. La recuperación de sus recursos no sólo costó “sangre” en las luchas del pueblo boliviano, sino que fue decidida por un plebiscito vinculante celebrado en julio de 2004.

De los artículos surge que el estado boliviano no confisca las empresas, sino que establece nuevas reglas. Todos los hidrocarburos extraídos por las multinacionales deberán ser entregados a YPFB, quien asumirá “su comercialización, definiendo las condiciones, volúmenes y precios tanto para el mercado interno como para la exportación y la industrialización”.

Por 180 días se establece un “período de transición” para alcanzar nuevos contratos que “cumplan las condiciones y requisitos legales y constitucionales”. Mientras tanto, el valor de la producción extraída se repartirá en razón de 82 por ciento para el Estado y 18 para las empresas, pero sólo para las firmas que extraen “más de 100 millones de pies cúbicos diarios de gas natural”. Las demás seguirán con las condiciones actuales, al menos durante la transición. La inversión realizada por las petroleras será reconocida después de lo que promete ser una minuciosa auditoría del Ministerio de Hidrocarburos y Energía. Los datos obtenidos servirán de base para el reparto de la renta en los nuevos contratos.