En el contexto del reciente acuerdo de integración energética firmado entre la Argentina y Bolivia, el gobierno de Néstor Kirchner introduce al Estado como protagonista en un sector estratégico de la economía como el hidrocarburífero. No sólo eso, sino que dados los importantes volúmenes de gas natural a importar, cuya compra y comercialización dependerán exclusivamente de Enarsa, la empresa nacional ingresará al selecto grupo de compañías que concentran la oferta primaria de gas natural.

El referido acuerdo argentino-boliviano es, a priori, beneficioso por los siguientes motivos:

1. Negociación interestatal regida por intereses nacionales y no empresariales. Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) le venderá a Enarsa la producción gasífera. Será esta última la responsable de la comercialización (operadora), con lo cual pasará a gravitar con fortaleza y progresivamente en el mercado gasífero argentino.

2. El nuevo precio acordado de 5 dólares el millón de BTU hasta diciembre de 2006 y 5,50 dólares para 2007 es lógico si se lo compara con el precio internacional que oscila –según el país o la región– entre 10 y 15 dólares el millón de BTU.

3. La mencionada modificación del precio no repercutirá en las tarifas locales.

4. La Argentina se asegura la provisión de gas natural hasta un 30,7 por ciento del consumo local estimado para 2010.

5. El acuerdo implica la construcción del Gasoducto del Noreste (capacidad de diseño original de 20 millones de m3/día, ampliables a 30 millones), cuyas obras estarán finalizadas para 2010 y que será operado conjuntamente por YPFB-Enarsa. Llevará gas natural a Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa, provincias que carecen de ese energético esencial.

6. Fortalecimiento de un proceso de integración energética incluyente y equitativo entre los socios de la Comunidad Sudamericana de Naciones.

A partir de la implementación en 1989 del paquete de privatización, el sector gasífero –como el petrolero– vive gobernado por un oligopolio. El año pasado el 89,6 por ciento del gas natural fue extraído únicamente por seis empresas: Repsol YPF, Total Austral, Pan American Energy, Pluspetrol, Petrobras y Tecpetrol, las cuales sumadas a otras tantas compañías privadas abastecen el 100 por ciento de la oferta primaria del hidrocarburo.

Ahora bien, como consecuencia del acuerdo con Bolivia, en 2007 Enarsa aportará el 7,5 por ciento de los 37.473 millones de m3 que consumirá la Argentina; por lo tanto, el sector privado representará el 92,5 por ciento. Al comenzar a operar el gasoducto del Noreste en 2010, la empresa nacional aportará el 30,7 por ciento de los 42.152 millones de m3 a consumir por el país. En la medida en que la Argentina no prohíba sus exportaciones de gas, para el 2014 las reservas de gas natural se habrán agotado; en tan lamentable situación, su oferta primaria será cubierta totalmente por importaciones de Enarsa.

Las nuevas reglas de juego en la comercialización del gas natural importado por la Argentina son consecuencia del proceso de nacionalización en Bolivia, decretado el 1º de mayo de este año. A partir de entonces, YPFB pasó a gestionar toda la cadena hidrocarburífera comprendida por la extracción, la comercialización interna y externa y la industrialización. De esta suerte, la estatal boliviana propuso sea su homóloga argentina quien adquiera el fluido.

No obstante las particularidades de América latina, tanto Bolivia como la Argentina (al igual que el proyectado Gasoducto del Sur) no hacen sino reflejar una tendencia mundial, a su vez caracterizada por dos aspectos esenciales de creciente trascendencia: intervención estatal e importancia relativa del gas natural. Con el 80 por ciento de los activos en hidrocarburos de propiedad estatal, “el futuro de la industria ha vuelto a manos de los gobiernos”, sostiene la consultora estadounidense IHS-Energy. Con un 64 por ciento de participación, las compañías públicas son las dueñas mayoritarias de las actuales reservas de gas natural a nivel global, mientras que el porcentaje restante está en manos privadas.

De cumplirse los acuerdos firmados con Bolivia, queda por ver si el gobierno nacional reproduce la intervención estatal en los sectores de transporte, distribución, industrialización y fraccionamiento del fluido, hoy en manos del oligopolio privado.

* Bioquímico. Analista energético.