En el ámbito internacional y también en el gobierno nacional han empezado a asignarle creciente importancia al papel que tiene la cultura como instrumento de desarrollo social y económico de una comunidad. Si bien ha sido usual destacar la importancia de la cultura como refuerzo de la identidad de un pueblo y como instrumento de cohesión social, no abundan los estudios que hicieran foco en su dimensión económica. Pese a esa carencia, se han comenzado a publicar informes oficiales y privados que resaltan el impacto económico que generan distintas actividades culturales (editorial, discográficas, producción de películas). Esta producción cultural conforma una verdadera industria que se destaca por el valor agregado que aportan sus participantes. En los países desarrollados están proliferando trabajos sobre la contribución de las industrias culturales al crecimiento económico, empleo y desarrollo.

En el continente americano también se están generando distintos trabajos que intentan medir el impacto del sector cultural en el Producto Interno Bruto y en el empleo de cada país. En México, se presentó en el 2004 una investigación encargada por la Sociedad de Autores y Compositores de Música y la Sociedad General de Escritores de México, que afirma que la industria cultural genera el 6,7 por ciento del PIBI del país azteca. En la Argentina existen algunos estudios parciales que sostienen que el sector cultural aporta alrededor del 4,5 por ciento del PIB y el 4 del empleo total.

La actual coyuntura económica caracterizada por un tipo de cambio competitivo ha permitido que la producción nacional pueda capturar mercados externos. Según la Subsecretaría de Industrias Culturales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, las exportaciones de contenidos de las industrias culturales porteñas se duplicaron entre 2003 y 2005. Las actividades vinculadas con el sector editorial (libros, periódicos y otros productos editoriales) están a la cabeza de las exportaciones.

Los funcionarios de la Secretaría de Industria de la Nación, consultados por Cash, coinciden en afirmar que la actividad editorial es una de las industrias con mayores posibilidades de crecimiento.

La recuperación del sector editorial, en general, y de las empresas nacionales, en particular, se produjo luego de una profunda crisis que tuvo su origen en el achicamiento del mercado y la irrupción de las multinacionales durante la década del ’90. El contacto directo con el autor, la creatividad y la innovación permitieron a muchas editoriales nacionales resistir el embate y permanecer de pie. Pero a pesar de que el escenario cambió, permanecen los reclamos por la ausencia de políticas públicas que permitan un desarrollo de la actividad. Recibiendo alguno de estos planteos, el diputado por el Frente para la Victoria Jorge Coscia presentó un proyecto de ley que propone la creación de un Instituto Nacional del Libro.

La iniciativa tiende a dotar al Estado de un instrumento que le permita fomentar la producción y comercialización del libro. Este instituto estaría presidido por un funcionario elegido por el Poder Ejecutivo y tendría un Consejo Asesor y una Asamblea Federal para la fijación de las políticas. Uno de los puntos centrales del proyecto es el que establece la creación del Fondo de Fomento del Libro Argentino que se integrará con el 1 por ciento de las ventas de libros realizados por empresas editoriales, el 0,5 por ciento de las de libros realizadas por las empresas distribuidoras y el 0,5 por ciento de las realizadas en comercios al por menor. Esos recursos serían destinados al otorgamiento de créditos y subsidios para el fomento de la actividad, con prioridad para las pymes.

Los editores agrupados en la Cámara Argentina de Publicaciones –que mayoritariamente agrupa a las editoriales de capitales extranjeros como Santillana, Planeta y Sudamericana– manifestaron su rechazo al proyecto. Para manifestar su oposición apelaron a la inconveniencia de generar organismos burocráticos que van a obstaculizar el normal desarrollo de la actividad. La iniciativa en cambio tiene el apoyo de la Cámara Argentina del Libro –empresas nacionales–, que entiende necesario que el Estado no se desentienda de la definición de las políticas culturales. Si bien la dinámica del sector cultural argentino es reconocida internacionalmente, también se suele señalar la falta de articulación del sector público y el privado para convertir la producción cultural en una palanca de desarrollo social y económico. El Instituto Nacional del Libro pareciera ser una herramienta que apunta en esa dirección.