Los beneficios que se logran con las inversiones extranjeras directas son, entre otros, las eventuales ventajas para los países receptores de la transferencia de tecnologías, las oportunidades de empleo, los flujos directos de dinero y los mayores ingresos para gobiernos locales y nacionales. Por lo tanto no ha resultado una sorpresa observar que Uruguay ha estado más que entusiasta en aceptar la construcción de grandes plantas de pulpa madera en las orillas del río Uruguay, límite natural internacional, cuya otra ribera pertenece a Argentina. La planta de la empresa finlandesa Botnia producirá un millón de toneladas anuales de pulpa. El proyecto será la mayor inversión extranjera en la historia de Uruguay y, de acuerdo con estimaciones realizadas por Botnia, podría contribuir a un crecimiento del 1,6 por ciento del PIB. Básicamente, la instalación de Botnia se justifica por el rápido crecimiento que alcanzan en la región los árboles de eucaliptos y el menor nivel de los costos laborales, llevando a que producir cueste la mitad que en Finlandia. La pulpa no estará destinada a los mercados de América del Sur, sino que será transportada a Europa y China.

Existen, de todas formas, algunas nubes negras sobre el proyecto de Botnia. Por lo pronto, se han manifestado preocupaciones ambientales por parte de organizaciones cívicas en Uruguay y Argentina. Por detrás de los temores ambientales existe también una cuestión más compleja, como es el de los beneficios concretos de los planes de Botnia. La empresa tiene en este momento en Finlandia cinco fábricas. Su producción combinada es de 2,7 millones de toneladas –tres veces el volumen esperado del emprendimiento de Uruguay– y emplea en forma directa a 1600 personas. Las plantas se ubican esencialmente en pequeños pueblos y su significación para las comunidades circundantes es crucial. Para las municipalidades locales el principal beneficio se obtiene por la recaudación de impuestos del personal de la firma. Asimismo, debe mencionarse la significación del impuesto a la propiedad que entra directamente a las arcas del gobierno municipal. En tanto, las imposiciones a las ganancias/dividendos y el IVA son percibidas en Finlandia por el Estado nacional.

“Botnia negoció la exención de variadas obligaciones impositivas”, apunta Jorma Penttinen.

Botnia ha podido negociar en Uruguay la exención de ese tipo de obligaciones. El predio para su localización fue alquilado por un período de 30 años por 20.000 dólares, que es prácticamente nada. La especial legislación de zona franca garantiza que la empresa no deba pagar arancel alguno para la importación de maquinarias y equipamiento, significando beneficios tributarios de casi 100 millones de euros en un proyecto de 1000 millones. La mayor parte de los equipos son fabricados en Finlandia. Más aún, la firma no deberá pagar impuestos sobre la renta para operaciones en una zona franca. Pagará impuestos por origen de dividendos, servicios y trabajos de ensamblado. Las ganancias serán distribuidas en la forma de dividendos a accionistas del exterior y, por lo tanto, exportados desde Finlandia hacia otros países. Siendo que los costos de producción se reducirán notablemente, la pulpa se venderá a precio internacional.

Se estima que la contribución de la actividad de la planta a la economía uruguaya será de 200 millones de dólares anuales, generando pagos impositivos en torno de los 25 millones de dólares. A lo largo del período de construcción el proyecto emplea alrededor de 4500 trabajadores y con posterioridad la planta necesitará un plantel permanente de 300 personas. Se indica que en forma indirecta la inversión generará 8000 puestos de trabajo, sobre todo en las plantaciones de eucaliptos. De acuerdo con Botnia, el emprendimiento ya ha llevado a que sea el mayor empleador privado de Uruguay. Las eventuales futuras inversiones por cierto demandarán las mismas ventajas por parte del Estado uruguayo y las compañías pretenderán también gozar del privilegio del no pago de impuestos. De por sí, la importancia de este tipo de proyecto de envergadura tiene una enorme significación para el Uruguay y brindar exenciones impositivas es transferir poder hacia empresas del exterior. Esta puede ser una sensible pérdida para la democracia.