El presente proceso electoral de la ciudad de Buenos Aires transcurre en una escalada de propuestas y contrapropuestas delineadas por los sondeos de opinión pública, que dejan de lado los recorridos previos seguidos por los gobiernos de la ciudad y a la vez una profundización sobre la viabilidad técnica y/o fiscal de lo que se le dice a la población. La crisis institucional provocada por el derrocamiento de Aníbal Ibarra en el 2006 pareciera haber generado un estado de amnesia política que pretende eludir sistemáticamente cualquier referencia a las acciones de ese gobierno, y por ende poder compararlas con el estado actual de las cosas. Aspecto que debiera ser centralmente considerado en las propuestas de todos aquellos que aspiran a asumir la Jefatura de Gobierno el 10 de diciembre de 2007. Si los candidatos no desean caer en recursos demagógicos el primer punto a preguntarse es si la ciudad de diciembre de 2007 se encontrará en mejores condiciones para ejecutar políticas públicas que la de diciembre de 2005.

Para aportar algunos insumos a esa respuesta, el primer análisis a realizar es la situación de sus cuentas públicas. Las cifras revelan que durante el quinquenio ibarrista las finanzas públicas de la ciudad, aun en la profunda crisis de la convertibilidad, presentaron una singular solidez. En el bienio más grave de la crisis –2001 y 2002– el déficit fue del 8,5 y del 3,0 por ciento de los ingresos, respectivamente.

El segundo elemento a tener en cuenta de ese período fue la reestructuración sin default de los servicios de la deuda y el progresivo aumento de la tasa de inversión pública. A partir del 2003, dicho coeficiente alcanza el 9,2 por ciento de los ingresos, duplicándose en el 2005 con el 18,5, constituyendo uno de los picos de inversión pública ejecutada más altos que registra la ciudad en décadas.

El fuerte incremento de la inversión (234 por ciento en el lapso 2003-2005), muy por encima de la recaudación (54) y del índice de precios (23) se explica porque en la salida de la crisis hubo una clara definición política de expandir, al compás del proceso de recuperación económica, el gasto de capital mucho más que el gasto corriente.

En el período 2001-2005, que atraviesa uno de los peores crac financieros del país, la ciudad emerge al cabo del mismo con sus cuentas públicas superavitarias, un menor peso de los servicios de deuda sobre el presupuesto sin default y la inversión pública en plena expansión. Al fin del 2005, 228 obras terminadas, 91 en ejecución (entre ellas más de 12 kilómetros de subte) y 118 en proceso licitatorio son testimonio de lo afirmado.

Ahora bien, veamos qué presenta el 2006 y qué se proyecta para el 2007. En primer lugar se altera la ecuación final dominante en el período previo. Dado que, o se sostiene la tasa de inversión en torno del 20 por ciento conforme al sendero de expansión trazado y el presupuesto arroja un déficit de casi 1100 millones de pesos, o disminuye fuertemente el nivel de gasto de capital y el presupuesto se equilibra. La hipotética ejecución de los 1802 millones de pesos de gasto de capital previstos para el 2006 requerirían de un déficit presupuestario de 1097 millones de pesos. Por el contrario, si se verifican los pronósticos de subejecución del gasto de capital, el presupuesto sería equilibrado pero la tasa de inversión descendería al 9,4 por ciento, respecto del 18,5 del 2005, es decir, a la mitad. Sobre lo que sí hay certeza es sobre que el aumento del gasto corriente superó con creces el de los períodos previos, casi 2000 millones de pesos en el 2006 respecto del 2005, equivalente a un 43 por ciento de incremento, siendo oportuno recordar que en todo el período 2001-2005 el gasto corriente aumentó un 61 por ciento. Cuando se pretende evaluar dónde está el mayor impacto de dicho incremento se advierte con claridad que algo más de 1200 millones de pesos corresponden al rubro remuneraciones.

En síntesis, el 2006 presenta un drástico cambio respecto de la gestión previa, pues se deteriora la posibilidad de financiar inversión pública al calor de una evolución favorable de la recaudación para engrosar el gasto corriente, esencialmente en remuneraciones. Además de los aumentos salariales generales, una parte importante de las remuneraciones se ubica en el abultamiento de la superestructura del gobierno, la creación de los 12 ministerios con sus correspondientes subsecretarías –con más de 80 direcciones generales– y 150 cargos de asesores representan un abultamiento de 200 millones de pesos de gasto corriente por año, que significa la expansión de la cúpula gubernamental más importante que ha tenido la ciudad en una década.

Esta reseña pretende arrojar luz sobre el drástico cambio en el manejo de la cuentas públicas que se produjo en el 2006 respecto de lo acontecido en el período 2001-2005, cuya arista más saliente es que del equilibrio fiscal y la fuerte expansión de la inversión pública (2001-2005) se pasó al déficit presupuestario y el aumento significativo del gasto corriente rígido. Este último dato debe ser contemplado por aquellos candidatos que realizan propuestas imaginando la realidad fiscal y de gestión del 2005 y se saltean la transición ocurrida en el lapso 2006-2007.

* Ex secretario de Infraestructura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.