En lugar de aprovechar el contexto de crecimiento económico a “tasas chinas” para implementar regulaciones laborales necesarias y reducir la precariedad del mercado de empleo, el Gobierno continúa descansando en las virtudes del “derrame” del crecimiento intensivo en empleo. Mientras tanto permanece un stock de asalariados contratados al margen de toda protección legal. A inicios de 2007, unos 4,7 millones de asalariados no se encontraban registrados, 44 por ciento del total. El crecimiento al estilo chino se articula con la explotación laboral y la exclusión social.

El eje central de la estrategia oficial para resolver ese problema fue y sigue siendo de neto corte macroeconómico: mantener una elevada tasa de crecimiento para generar puestos de empleo y reducir la desocupación abierta. Los restantes ejes se dirigen al sector formal, tanto en materia de ingresos y actualización de salarios, como de mejora en las relaciones laborales. ¿Cuáles han sido los resultados? Exitosos en lo cuantitativo porque la generación de empleo logró absorber parte del desempleo abierto, pero no en lo cualitativo. De hecho, el principal problema que manifiesta hoy el mercado de empleo es la elevada informalidad y precarización laboral, de lo que dan cuenta distintos indicadores, a saber:

• La proporción de asalariados no registrados, si bien disminuyó algunos puntos en los últimos años, continúa en los mayores registros históricos.

• Permanecen “zonas francas” de empleo precario y actividades no registradas. Un ejemplo es la feria La Salada, en Lomas de Zamora.

• Subsiste la “contratación esclava” en actividades intensivas en empleo, que se expande al ritmo del crecimiento económico. Basta citar las condiciones laborales de los talleristas del rubro confección y vestimenta, y sus trabajadores inmigrantes indocumentados.

• Se agrega el cuentapropismo informal que también carece de toda protección social, actual y futura, ya que lo más frecuente es que no cuenten con aportes a la seguridad social.

“Terminar con la precarización laboral, como las pasantías”, propone Giosa Zuazúa.

¿Cuál es la acción del Gobierno para reducir el empleo no registrado? La fiscalización a empresas y locales, encarada desde el Ministerio de Trabajo con el Plan de Regularización iniciado en 2003. El problema es que las prácticas de esta fiscalización se despliegan como si en el entramado económicoproductivo no hubiesen existido cambios. Y allí aparece uno de los problemas para que el control sea efectivo. En realidad se implementan las mismas acciones de política de los años de la industrialización, en una economía que ha sido transformada por la desindustrialización, las privatizaciones y el proceso general de globalización.

Actualmente no alcanza con fiscalizar a una microempresa o a una pyme para controlar el no registro de sus trabajadores. En muchos casos el foco del problema se encuentra en la implementación de estrategias de subcontratación y tercerización implementadas mayormente durante los años noventa, tanto en las grandes empresas industriales, en las de servicios públicos privatizados, como en la misma actividad del Estado. En este caso, una primera acción necesaria es el desarrollo de un marco normativo que regule el vínculo de subcontratacióntercerización, tanto en la esfera privada como en la esfera pública. Esto ya viene realizándose en otros países, donde se ha aceptado la flexibilización productiva pero a cambio se intenta regular la flexibilización laboral para proteger a los trabajadores. Es en el contexto de este nuevo marco normativo que debe actuar el control y fiscalización del Estado.

Una segunda acción para reducir el empleo precario consiste en reelaborar una normativa que proteja al trabajador a domicilio. Nuevamente, esta legislación debe considerar las transformaciones actuales en las cadenas de valor y regular adecuadamente la migración de trabajadores de países limítrofes que aceptan condiciones precarias por encontrarse indocumentados. La cuestión es que esas actividades son intensivas en empleo, como la textil y de confección o la industria del cuero. Son cadenas de valor en las cuales el trabajo a domicilio o de pequeños talleres abunda en un entorno de baja incorporación de tecnología. Son industrias donde se redujeron costos por medio del empleo precario, llegando a situaciones de explotación laboral infrahumanas.

Una tercera acción es terminar con figuras típicas de precarización de las relaciones laborales que no han sido combatidas por el Gobierno, cuya característica es fraguar una relación laboral asalariada. En esta línea se incluye el contrato de “pasantía” –utilizado mayormente por grandes empresas para contratar estudiantes próximos a recibirse sin reconocerles una relación asalariada, pero también utilizada por el propio Estado– o la contratación por medio de empresas de trabajo temporario que permiten presentar una relación de empleo permanente como transitoria o “a prueba”. Una cuarta acción se refiere exclusivamente a la órbita del Estado como empleador. En los ’90 se generalizó la contratación de personal excluido de la planta permanente o transitoria que, aunque desarrolla tareas en el mismo rango que el personal de planta, su vínculo laboral depende de un contrato que no avala relación de dependencia. Estos contratos toman diversas formas: locación de servicios, contratos financiados por fondos especiales o internacionales como Banco Mundial, pasantías.

El problema del empleo precario se debe abordar de un modo integral. El contexto de crecimiento es positivo para accionar sobre estos ejes.

* Investigadora del Ciepp.