Desde la salida de la convertibilidad, se establecieron nuevas reglas macroeconómicas en el país, pero no se cambiaron las reglas operativas ni las prácticas de la mayoría de las instituciones. El actual debate acerca de las finanzas de la Ciudad de Buenos Aires debe entenderse como un ejemplo más de ello, al menos en dos aspectos. Por un lado, problemas por no encarar una reforma estructural y progresiva del sistema tributario de manera coordinada entre la jurisdicción nacional y las locales. Por el otro, la pretensión de que los bancos públicos tengan una función más promotora de la producción y el desarrollo social, pero bajo las normas técnicas y las prácticas políticas vigentes en el pasado.

La Ciudad es una de las jurisdicciones con mayor capacidad para generar recursos propios y en el contexto de recuperación económica logró acumular un fuerte superávit fiscal. Bajo el amparo de esta situación, se aprobaron gastos cuya ejecución compromete recursos presentes y futuros, pero sin modificar la estructura tributaria ni programar fuentes complementarias de financiamiento. Cuando los previsibles problemas emergieron, vuelven a manifestarse las crispaciones propias de un escenario económico y financiero diferente.

Lo más destacado del debate actual es el pretendido aumento del ABL. Menor difusión tiene otra medida aprobada por una gran mayoría de miembros de la Legislatura porteña: una “contribución especial” del Banco de la Ciudad de Buenos Aires al Tesoro de la ciudad, por un monto que podría superar los 200 millones de pesos asignados como “techo” para el corriente ejercicio. Este tipo de contribuciones no está previsto en la Carta Orgánica del BCBA, que ni siquiera contempla la posibilidad de distribuir utilidades al Tesoro. La aplicación de este mecanismo abre las puertas para que a futuro se proceda a descapitalizar a éste u otros bancos públicos, cuando así lo reclamen urgencias coyunturales de los gobiernos de turno.

Es llamativo que esta descapitalización del BCBA se apruebe en el medio de fuertes turbulencias financieras cuando lo que se busca es capitalizar a las instituciones bancarias para fortalecerlas. En este sentido van medidas como el cambio en los criterios de valuación de los títulos públicos que tienen en cartera e incluso algunos pretenden que el Banco Central salga a comprarlos en el mercado para levantar su precio y disminuir el impacto negativo en los balances.

Pero mientras se hace esto, siguen vigentes las normas de regulación bancaria del pasado, las cuales obligan a los bancos públicos a competir en el mercado como cualquier banco comercial y someterse a sus mismas reglas. Algunas preguntas al respecto:

• ¿Cómo pueden hacerlo si en cualquier momento el poder político puede descapitalizarlos?
• ¿Cómo evaluarán las calificadoras de riesgo de las entidades la posibilidad de que los bancos públicos se vean afectados de este modo?
• ¿Cómo puede elaborarse el plan de negocios de un banco público si en cualquier momento le disminuyen su patrimonio, modificando sus utilidades proyectadas y las reglas técnicas de solvencia patrimonial?
• ¿Con qué criterios deben establecer su política crediticia, de tasas de interés, de capacitación de personal?
• ¿Qué dirán quienes proclaman la ineficiencia de los bancos públicos y reclaman su privatización, pero aprueban medidas como ésta?
• ¿Qué argumentarán quienes dicen defender e impulsar a la banca pública pero apoyan acciones de esta índole?

Una vez más la fortaleza de las instituciones públicas parece un detalle menor. Sin embargo, es evidente que una estrategia de largo plazo al servicio del desarrollo armónico del país necesita planificar una reforma tributaria progresista y capitalizar a la banca pública. Nada habrá de cambiar en estos aspectos si las medidas continúan tomándose en función de arreglos y seudocompromisos de corto plazo.

* Economista, investigador del Ciepp.