En las últimas semanas se intensificó el lobby empresario que presiona por un aumento en las tarifas de los servicios públicos. Detrás de ese reclamo hacen causa común no sólo las privatizadas, sino también el FMI, el G-7 que nuclea a las naciones más desarrolladas, las embajadas de los países donde operan las casas matrices de las empresas y numerosas consultoras privadas. El argumento principal es el “congelamiento” de precios que supuestamente persiste desde la devaluación. El Gobierno no cuestiona públicamente ese discurso porque le sirve para mostrarse duro con las privatizadas. Sin embargo, en los últimos años se registraron fuertes subas de tarifas en distintos segmentos que se reflejan en las ganancias millonarias declaradas por los principales operadores en sus balances.

Según un relevamiento realizado por Cash, las grandes industrias y comercios pagan la electricidad un 100 por ciento más cara que en 2001, para los pequeños comercios la suba fue del 90 por ciento, los usuarios residenciales de Capital y Gran Buenos Aires que no disminuyeron su consumo debieron enfrentar incrementos de más de 10 puntos por el programa de penalización y en la mayoría de las provincias se registraron ajustes mayores. En gas, la suba de tarifas para industrias y comercios llegó al 300 por ciento. Para los usuarios residenciales de Gas Ban el ajuste fue de 15 por ciento y el resto permaneció con tarifas congeladas, aunque si mantuvieron su consumo debieron enfrentar las penalidades del Pure. En peajes las subas promedian 15 por ciento y en Correo entre 30 y 100 por ciento. En telefonía fija el pulso permaneció sin cambios, pero se eliminaron descuentos. Además, el minuto prepago de los celulares aumentó entre 5 y 20 por ciento. También hubo casos donde la tarifa directamente se dolarizó, como las tasas aeroportuarias, el peaje en vías fluviales y las tasas y servicios de terminales portuarias.

Foto: Alfredo Argento

Electricidad

Grandes industrias y comercios. Desde la devaluación, la tarifa para este segmento aumentó 104 por ciento (de 67 a 137 pesos por MW/h). El ajuste se debió fundamentalmente al precio de la electricidad, que subió gradualmente de 26 a 79 pesos por MW/h (204 por ciento), y de la distribución, que pasó de 28 a 40 pesos por MW/h (42 por ciento). En el caso de la distribuidora Edelap, el Gobierno había autorizado en julio de 2005 una suba de 23 por ciento en la tarifa media de distribución, retroactiva a mayo de ese año, pero como los usuarios residenciales no fueron alcanzados por el ajuste, el impacto sobre industrias y comercios terminó siendo mayor. Edesur y Edenor aplicaron un aumento similar en febrero de este año, retroactivo a noviembre de 2005. Además, a este segmento del mercado se le cobra otro cargo para el financiamiento de dos nuevas centrales (Timbúes y Campana) que impulsa el Gobierno y desde 2004 está vigente un Programa de Uso Racional de la Energía Eléctrica (Puree) que penaliza con subas a todos los usuarios que consumen por encima del año anterior y beneficia con un descuento a los que demandan menos. Como los castigos siempre son mayores que los premios, las distribuidoras depositan dinero en un fideicomiso. El Gobierno las autorizó recientemente a tomar “prestado” recursos de ese fondo para afrontar incrementos en sus costos.

Pequeños comercios. Para este segmento la situación evolucionó de manera similar, aunque el impacto del ajuste fue menor. La tarifa aumentó 89,5 por ciento (de 67 a 127 pesos por MW/h) debido a los incrementos en el precio de la electricidad (de 26 a 69 pesos por MW/h, 165 por ciento) y la distribución (de 28 a 40 pesos por MW/h, 42 por ciento). Para este segmento también rige el Puree.

Usuarios residenciales. Los clientes de Edesur, Edenor y Edelap permanecen con tarifas pesificadas y congeladas desde la devaluación. La única modificación provino del Puree. Por ejemplo, un usuario residencial que consume 1000 kw/h por bimestre, en 2003 pagaba 74,6 pesos y ahora 83 pesos (11,3 por ciento), por no haber reducido su consumo como establece el programa de premios y castigos. En el resto del país, la distribución está bajo la órbita provincial y en varias jurisdicciones, como Entre Ríos, Jujuy, La Rioja y Córdoba, los usuarios residenciales debieron afrontar aumentos.

Gas

Grandes industrias. Desde la devaluación, la tarifa para este segmento aumentó entre 200 y 300 por ciento, según el cliente. El ajuste se debió fundamentalmente al precio del gas en boca de pozo, que subió de 1,3 peso el millón de BTU a una banda que va de 4,4 a 7,8 pesos (entre 240 y 500 por ciento). Es difícil estimar el valor promedio porque a partir de 2004 cada industria comenzó a negociar el precio individualmente con el productor, pero si se toma como referencia el Megsa se puede ver que actualmente están pagando entre 1,40 y 1,80 dólar (4,4 a 5,7 pesos) por millón de BTU y algunas firmas llegan a pagar 2,50 dólares (7,8 pesos). El otro componente que influyó en la suba fue la remuneración para transporte y distribución que aumentó 45 por ciento. Además, el Gobierno adicionó cargos para la constitución de fondos destinados a financiar las obras de expansión en transporte. Si bien no existe información oficial, se han detectado dos cargos a grandes usuarios que se aplican sobre la tarifa de transporte y que representan incrementos extra del 70 por ciento (en el área de TGN) y 180 por ciento (en todo el país).

Pequeñas industrias y grandes comercios. Estos clientes están pagando el gas al mismo precio que los grandes usuarios, pero su ajuste fue más gradual. En diciembre de 2001, pagaban 1,3 dólar el millón de BTU. Luego de la devaluación, tuvieron tarifas pesificadas y congeladas hasta mayo de 2004. En ese momento se estableció un sendero de transición que obligó a estas empresas a negociar con los productores antes de julio de 2005. Sin embargo, el pasaje se retrasó hasta al menos fin de ese año. En transporte y distribución, el aumento promedio también fue de 50 por ciento y además se incluyeron cargos extra para financiar obras de expansión.

Usuarios residenciales y pequeños comercios. Tuvieron tarifas pesificadas y congeladas hasta abril de 2007, cuando a los clientes de la distribuidora Gas Ban, 1,3 millón de hogares del norte de la provincia de Buenos Aires, se les aplicó un aumento de 25 por ciento sobre el precio de distribución, retroactivo a noviembre de 2005, que no podía superar el 15 por ciento de la tarifa promedio. Por ejemplo, para un consumo promedio de 400 m3/bimestre el aumento fue de 12,2 por ciento. Además, se sumó otro incremento de 2,0 por ciento para financiar obras de ampliación del sistema de distribución en áreas de baja densidad poblacional. El monto retroactivo se comenzará a pagar en cuotas recién a partir de enero de 2008. Las otras ocho distribuidoras todavía no les aplicaron subas a los clientes residenciales ni pequeños particulares, pero desde 2004 rige el Programa de Uso Racional de la Energía (Pure) que penaliza con un cargo a todos los usuarios que consumen por encima del año anterior y aventaja con un descuento a los que demandan menos.

Red de accesos a la ciudad de Buenos Aires

El gobierno de Kirchner autorizó incrementos tarifarios en los peajes de 15 por ciento en promedio. Los accesos Norte y Oeste aplicaron el ajuste en abril del año pasado. En los ramales Pilar y Campana del Acceso Norte, concesión a cargo de Autopistas del Sol, la tarifa para los autos subió de 1,90 a 2,20 pesos (15,7 por ciento) y en el ramal Tigre de 1,50 a 1,70 (13,3). Por su parte, el trayecto Liniers-Luján del Acceso Oeste, operado por el Grupo Concesionario Oeste, trepó de 3,00 a 3,40 pesos (13,3). En los acuerdos se incluyó también una cláusula gatillo que le permite al concesionario solicitar un nuevo ajuste tarifario cuando la variación en el valor medio del Indice de Precios Internos al por Mayor y el Indice de la apertura de Mano de Obra del Costo de la Construcción supere el 15 por ciento tomando como base el mes de diciembre de 2004. Luego bastará con que los costos superen el 5 por ciento respecto de la última revisión para aplicar otra suba. A comienzos de este año, también se dio luz verde a los incrementos en las autopistas Buenos Aires-La Plata (Coviares) y Riccheri–Ezeiza-Cañuelas (AEC), pero recién estarán vigentes a partir de enero de 2008.

Telefonía

La tarifa de la telefonía fija se mantuvo congelada desde la devaluación. El único cambio fue la eliminación de los descuentos para las comunicaciones en el horario de 20 a 21 al extender el horario pico. En el mercado de los celulares, sí hubo variaciones. La mayoría de los clientes son prepagos y los precios en ese segmento subieron. Desde abril de 2004, el minuto en la tarjeta de 10 pesos Activa Joven de Movistar aumentó 5,5 por ciento (0,96 a 1,013 peso) y la vigencia del crédito se redujo de 60 a 30 días, forzando a los usuarios a tener que consumir más. En la tarjeta Activa Clásico el minuto subió 4,9 por ciento (0,87 a 0,913) y el crédito tuvo la misma reducción. Mientras que en la tarjeta Activa Clásico de 50 pesos, la suba fue de 4,1 por ciento (0,56 a 0,583) y la vigencia del crédito cayó de 150 a 90 días. Una situación similar se observa en Personal Telecom. En el mismo período, el minuto en la tarjeta prepaga de 10 pesos Ultra Light aumentó 23,6 por ciento (de 0,76 a 0,94 centavos) y en la de 50 pesos, 14 por ciento (de 0,57 a 0,65). El dato cobra mayor significado si se toma en cuenta que en los últimos cuatro años la cantidad de clientes celulares se cuadriplicó y muchos de ellos son prepagos. Donde se registraron rebajas es en el segmento de clientes pospagos, pues la intención es tentar a los prepagos para que adhieran a un abono que le garantice a la empresa un ingreso fijo todos los meses.

Correo

Correo Argentino fue una de las empresas de servicio público estatizadas durante la gestión del presidente Néstor Kirchner, pero eso no evitó el ajuste. En julio de este año, la firma aumentó la tarifa de todos sus servicios hasta un 100 por ciento, fijando un nuevo piso para el resto del mercado. La carta simple de 20 gramos subió 33 por ciento (de 0,75 a 1 peso) y la carta documento 39 por ciento (de 20,5 a 28,5 pesos). Además, se eliminó la opción de 20 gramos de las cartas Plus, Rápida Plus, Certificada Plus y Expreso Plus y se elevó el corte de 100 a 150 gramos en todos los casos. Por lo tanto, quien antes enviaba una carta Plus de 20 gramos pagaba 2,25 y ahora debe abonar 4,50 pesos, un 100 por ciento más. En la Rápida Plus la suba llegó al 70 por ciento (6,5 a 11 pesos), en la Certificada Plus al 60 por ciento (7,5 a 12 pesos) y en la Expreso Plus al 45,4 por ciento (de 11 a 16 pesos).

Los datos demuestran que las tarifas se han ido ajustando, en algunos casos de manera significativa, dando por tierra con un discurso que victimiza a las empresas privatizadas, mientras éstas cuentan sus ganancias por millones.