La discusión económica por las retenciones tiene dos componentes principales: el fiscal y el efecto precios internos. Hablar hoy de la política pública hacia el sector agropecuario es, de manera directa o indirecta, meterse en estas dos cuestiones. Un análisis maniqueo podría decir que la dimensión fiscal es mala y la de precios es buena. De hecho, la legitimación política de la medida siempre enfatizó sobre la contención de precios. Pero, acercándose, esta vez el legitimador podría decir lo contrario; que lo bueno es la dimensión fiscal, pues el impacto en los precios internos será menos importante.

Las recientes subas de retenciones aportarán, por sí solas, 8000 millones de dólares adicionales (incluidas las petroleras): 0,8 puntos porcentuales del PIB, que para el caso es lo mismo que decir del superávit fiscal. Esto es malo para quienes las pagan, pero bueno para la consistencia fiscal, punto de partida del círculo virtuoso disparado por una potencial baja de la tasa de interés. Puede decirse también que el implícito recorte sobre los ingresos privados no afectará al consumo (agregado), pues gravan a los sectores de la población con menor propensión (marginal) a consumir. Sería incompleto no agregar que un recorte sobre los ingresos privados no afecta a la inversión, pero el efecto precios internacionales es tan potente que, aun con mayores alícuotas, los productores agrícolas tienen un horizonte de mayores ingresos. Se habla de los productores agrícolas, no de los pecuarios, pues en el caso de los circuitos de la carne y de la leche las lógicas son diferentes.

Las subas de retenciones aportarán al fisco 8000 millones de dólares adicionales. Foto: Daniel Jayo

Según se detalla en el último informe de la consultora Bein & Asoc., el tradicional efecto de las retenciones sobre los precios internos, es decir sobre la moderación de la inflación, será esta vez más limitado. Sin embargo, para el caso de los alimentos el informe también indica que la causa no está en la macroeconomía del impuesto, sino en que la medida coincidió con la reapertura de los registros para las exportaciones de trigo y maíz. Lo que frenaba los precios internos, se sostiene, era mantener estos registros cerrados. Por detrás de la afirmación está la realidad. La reapertura de las exportaciones de trigo debió cerrarse nuevamente luego de tres semanas por la rápida escasez generada en el mercado interno. Pero lo que en realidad sucede en estos mercados no es que las retenciones no cumplen su función, sino que, al menos en estos casos, no alcanzan para frenar las ventas al exterior dados los precios internacionales. Para los hacedores de política algunas preguntas son inmediatas: ¿Se requiere un instrumento adicional, los registros, porque las retenciones no son aquí lo suficientemente altas? ¿O el problema es la oferta?

Menos probables resultan los mismos argumentos aplicados al sector lácteo. El informe de Bein & Asoc. sostiene que la fijación de un precio local de alrededor del 60 por ciento del que se consigue en el mercado internacional –en noviembre pasado el precio de corte para la exportación de la tonelada de leche en polvo se incrementó de 2100 a 2650 dólares– es un desincentivo a la producción. Pero es probable que los redactores del informe no se hayan detenido lo suficiente en el sector. El precio recibido por los exportadores, aun con retenciones, se encuentra en los máximos históricos. Quizá el verdadero problema resida entonces en cuánto de los mayores ingresos reales llega a los productores primarios y no en la imposibilidad de la industria de recibir el precio pleno internacional.

En los próximos meses, no obstante, el freno en los precios de los alimentos no vendrá de la política económica. Muchos productos frescos ya no sufren los efectos del clima, y la estacionalidad juega a favor de la oferta. El problema es que, junto con el verano, no desaparecerán las tensiones entre oferta interna y demanda externa; entre mercados oligopólicos y mercados competitivos y entre políticas globales y sintonía fina sectorial.

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