Por Natalia Aruguete

La suba de precios, con la consecuente pérdida del poder adquisitivo, y la inminente actualización de las tarifas de los servicios públicos provocaron la reacción de los consumidores. Las asociaciones que los representan comenzaron a replantearse su papel ante ese nuevo escenario. Al respecto, muchas organizaciones admiten que no han logrado ser representativas de los sectores más pobres. Existen 16 organizaciones reconocidas en todo el país. Pero pocas provincias cuentan con esas asociaciones y los sectores más pobres ni siquiera saben que existen. “Los sectores de menos recursos viven una situación de derrota y de impotencia absoluta frente a la posibilidad de reclamar”, justificó ante Cash Patricia Vaca Narvaja, presidenta de Consumidores Argentinos.
Américo García, miembro de la Unión de Usuarios y Consumidores, mencionó en ese sentido que, en algunos casos, “las asociaciones hacen más un trabajo de lobby que de representación concreta de los usuarios”. La entidad que representa está creando nuevas filiales en el interior, además de las que ya posee en Santa Fe, Misiones, Río Negro, Córdoba y Buenos Aires. En esta última provincia, por ejemplo, está realizando un relevamiento sobre la situación de los servicios públicos en la villa 20 y el barrio Rivadavia.
Esas asociaciones para funcionar deben estar registradas en la Secretaría de la Competencia y la Defensa del Consumidor, contar con una trayectoria en el área, ejercer la actividad en dos distritos como mínimo y no aceptar subsidios del sector privado. Esto produjo que la Liga de Amas de Casa dejó de ser reconocida como asociación de consumidores, ya que posee una política vinculada a las empresas. Ana María Luro, presidenta de Adelco, enfatizó que “está prohibido por la ley tener subvenciones de empresas. No se puede hacer investigaciones y pelearse con las mismas empresas de las que se recibe dinero”.
Adelco es una de las asociaciones históricas, que nació hace 21 años. Cuenta con recursos, representación internacional y un equipo técnico reconocido. En su página de Internet, una leyenda define su perfil: “Nuestro campo de acción es el consumo. Todo consumo, nada más que el consumo”. Su postura se diferencia de las organizaciones más críticas por haber apoyado las privatizaciones. Luro la justificó diciendo que “Adelco tuvo la virtud de vivir la década del 80 con las empresas estatales y hay una diferencia importante en la calidad del servicio. Con las privatizaciones se ha dado calidad a los servicios y se ha puesto el acento en que haya competencia a través del ente regulador”.
Vaca Narvaja se diferenció de Adelco en la concepción que tienen del consumidor y de la función que debe ocupar el Estado en la sociedad. Adelco reivindica que su campo de acción es el consumo. En cambio, el objetivo de Consumidores Argentinos es reincorporar al mercado a quienes han sido excluidos de éste: “Nuestra prioridad pasa por los consumidores que menos tienen. Por eso, nuestra batalla tiene que ver con los alimentos y los precios en términos de la distorsión que existe, y con la tarifa social de los servicios públicos”.
La imposibilidad de extenderse hacia el interior del país está dada en parte por la falta de financiamiento. Un tema que también ha generado posiciones encontradas. Durante los primeros años, la Secretaría de la Competencia otorgaba la mitad del subsidio a Adelco y la otra se dividía en forma conjunta entre el resto de las asociaciones. Este mecanismo fue cambiando hasta llegar a un reparto equitativo en 2000. Luego, el “déficit cero” dejó sin recursos al Estado para subvencionar al sector.
En ese escenario, el aumento de los servicios públicos aparece como un hecho inminente. Las presiones de los gobiernos europeos y del FMI fueron más fuertes que los argumentos del único representante de los consumidores que participó de la renegociación, Ariel Kapplan. Pedro Bussetti, presidente de Deuco, sostuvo que tratar sólo el tema tarifas es una “trampa”, ya que se deberían renegociar los contratos. Y esto deberíaimplicar una investigación de los incumplimientos de algunas empresas y la consecuente rescisión de los contratos. Algunas asociaciones advirtieron que recurrirán a la Justicia si se implementan los ajustes sin audiencias públicas previas.