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No existe, a priori, una sola manera de explicar el ingreso de Enrique Eskenazi a YPF de Argentina, la operación financiera y de compra de una porción de una compañía más importante de los últimos años en cuanto a los millones de dólares involucrados. Ante semejante transacción, más allá de las cifras, importa su influencia en la economía y en la administración de un recurso estratégico no renovable. Como siempre que se tratan relaciones económicas conviene ponderar, entonces, las miradas desde ambos lados del mostrador.

El vendedor

Del lado de los accionistas de la firma española el panorama es diáfano.

El fuerte de la pata argentina siempre fue la provisión de materias primas a bajo costo y no necesariamente su mercado interno. El petróleo no deja de subir en el mundo por varias razones: porque baja el dólar, porque suben las materias primas y, sobre todo, porque se trata de un bien escaso con costos de extracción crecientes. En términos económicos, al mayor precio internacional del crudo, y al margen de la regulación de la oferta por la OPEP, concurren tanto aumentos de valor (en sentido clásico) como escasez. No existen, además, indicios de que el proceso se detenga, cualquiera sea el plazo considerado.

La tendencia que acompañó a la privatización de YPF fue la progresiva desregulación del mercado energético, pero el cambio de siglo trajo nuevos aires. Las retenciones a las exportaciones de crudo, que llegaron con la salida de la convertibilidad con una alícuota del 20 por ciento, saltaron en agosto de 2004 al 45 por ciento nominal para un barril por encima de los 42 dólares y, luego, el 15 de noviembre de 2007 volvieron a subir a un aparentemente extraño nominal del 120 por ciento. En términos reales, obviando fórmulas complicadas, para un barril a 100 dólares la retención efectiva pasó del 31 al 55 por ciento, convirtiendo al fisco en socio mayoritario del negocio exportador y consolidando “la recuperación de la renta petrolera”. Si los accionistas de la casa matriz española clamaban por no reinvertir en Argentina, la decisión del 15 de noviembre aceleró un proceso ya iniciado.

Visto desde la perspectiva de cualquier petrolera, la ecuación de rentabilidad no es guiada por la repetida lógica del costo de extracción más una ganancia razonable, sino por la posibilidad de obtener para su producción el precio pleno del mercado internacional. La decisión empresaria en cualquier sector será siempre reorientar las inversiones adonde pueda conseguir el mejor precio, y retirarlas, en la medida de lo posible, de donde se lo restringe. De hecho, la retirada parcial de Argentina fue seguida esta semana por un anuncio de Repsol YPF de inversiones por 4700 millones de dólares en la refinería de Cartagena, Murcia, en el sur de España. La inversión representa casi un tercio del valor nominal de 15.000 millones asignado a la filial argentina en la operación de compraventa parcial.

Conseguir vender parte de la filial local y hacerse de algunos fondos fue una noticia bien recibida por los inversores. Una vez conocido el dato, los precios del papel de Repsol comenzaron a subir en todas las bolsas del mundo donde cotiza. El pasado 9 de enero, Morgan Stanley subió la calificación de la acción y previó su suba a lo largo de 2008. También esta semana y en aras de hacerse de nuevos fondos, la filial argentina aprobó la emisión de Obligaciones Negociables por 1000 millones de dólares sin que se especifique cuál será el destino de los recursos.

El comprador

Menos diáfana que la perspectiva empresaria, pero igualmente explícita, resultó la definición del comprador realizada por el titular de Repsol YPF, Antonio Brufau. “El Grupo Petersen es el socio más idóneo por su experiencia en mercados regulados (...) y por su conocimiento de la realidad argentina”, afirmó el ejecutivo según el comunicado del 21 de diciembre pasado.

No hacen falta exegetas para interpretar la referencia de Brufau. Si la primera lógica de los accionistas fue reducir la exposición en Argentina, la segunda es defender la inversión restante corriendo con el posible caballo del comisario. Mucho se especuló sobre la proximidad del grupo al matrimonio presidencial. De la observación del entramado empresario surge que si bien el grupo es preexistente a la actual administración, registró con ella una fuerte expansión, en particular a partir de su ingreso al sector financiero en 1996 y con la compra del Banco de Santa Cruz en 1998.

Nacido en la actividad de la construcción en 1918 según la información institucional, pero constituido como sociedad anónima recién en 1941 con la firma Petersen, Thiele & Cruz (PT&C), participó de muchas grandes obras, desde la construcción de la propia sede central de YPF en la porteña Diagonal Norte, al edificio del ex ATC, obras de la represa de Yacyretá, el estadio mundialista de Mendoza, la ampliación del puerto de Ushuaia o la infraestructura de Puerto Madero, entre otras. Si bien el grupo cuenta con áreas de “servicios urbanos” y “agroindustrial” (Santa Sylvia), la diversificación más importante se inició en 1996 con la adquisición del Banco de San Juan. En 1998 adquirió el Banco de Santa Cruz. En 2003 el Nuevo Banco de Santa Fe y en 2005 el Nuevo Banco de Entre Ríos. La unión de estos cuatro bancos lo convirtió en el principal grupo de banca regional del país orientado especialmente al sector minorista. También indica que lo que en principio fue diversificación se convirtió, hasta ahora, en la actividad principal.

En cuanto a la composición y relaciones accionarias de las firmas del grupo, un estudio realizado por el diputado Claudio Lozano mostró que se trata esencialmente de un conglomerado unifamiliar en el que el grueso del capital está en manos de una sola persona. Otro dato es que el accionista principal ingresó a la firma madre recién en la década del ‘80.

Enrique Eskenazi posee el 97,87 por ciento del capital de la firma madre, PT&C SA. Su esposa, Silvia Storey de Eskenazi, es la titular del 2,13 restante. A su vez la empresa madre posee el 55 por ciento de Mantenimiento y Servicios (Constructora). El otro 45 por ciento es propiedad directa de Enrique Eskenazi. PT&C posee también el 99,98 por ciento de Santa Sylvia SA (aceites y vinos) y el 3,34 por ciento de América Latina Logística Mesopotámica, una ferroviaria transportadora de cargas. En el sector agropecuario el grupo es dueño el 29,65 por ciento de la productora de cereales Tormey y Silvera Sociedad de Hecho.

A estas empresas se suma la propiedad del 100 por ciento de Estacionamientos de Buenos Aires, firma que brinda servicios para las playas de estacionamiento (90 por ciento Enrique Eskenazi y el 10 por ciento su hijo, Matías Eskenazi) y del 100 por ciento de la empresa de servicios de transporte aéreo Marviol SA (95 por ciento Sebastián Eskenazi, el otro hijo, y 5 por ciento Enrique).

En el sector financiero, Enrique Eskenazi es dueño del 87 por ciento de Administradora de San Juan SRL, proveedora de tarjetas de crédito, y 87 por ciento de la financiera Valorar SA.

La administración de los cuatro ex bancos provinciales se realiza a través de Petersen Inversiones SA (PISA). El 81,46 por ciento del paquete pertenece a Enrique y el 16,77 a Sebastián, quedando el 1,77 restante para Silvia Storey. PISA posee el 69,13 por ciento del Banco San Juan, quien a su vez posee el 51 por ciento del Banco de Santa Cruz y del 93,39 por ciento del Nuevo Banco de Santa Fe, a su vez propietario del 64,4 por ciento del capital del Nuevo Banco de Entre Ríos.

Hasta mediados de 2007 el grupo no presentaba inversiones vinculadas al sector energético. Pero el 20 de agosto último fue inscripta en el Registro Mercantil de Madrid, España (www.rmc.es), Petersen Energía SA, la compradora del paquete accionario de YPF. La inscripción estuvo a cargo de Deloitte Abogados y el capital declarado fue de 60.102 euros.

Según los registros el objeto de la nueva firma es la “actividad de inversión, gestión y administración de valores, títulos, bonos y/o acciones que cotizan en bolsas y/o mercados de valores”. Parte de estos datos también fueron detallados en las presentaciones de Repsol YPF a la estadounidense SEC con motivo de la compraventa de acciones, un indicio de que la participación de Eskenazi como “socio argentino” de YPF es el resultado de un largo proceso de maduración.

El resultado

La apertura del capital accionario de YPF llegará al 45 por ciento.

Como se anunció el 21 de diciembre pasado, Petersen Energía adquirirá inicialmente el 14,9 por ciento de las acciones por 2235 millones de dólares. El “Grupo Petersen” realizará un aporte propio de cerca del 10 por ciento de este valor. El resto se cubrirá en partes aproximadamente iguales con el financiamiento de cuatro bancos –Crédit Suisse, BNP Paribas, Goldman Sachs e Itaú– y un crédito del propio vendedor por 1015 millones de dólares, poco más del 45 por ciento de la operación. Según se señaló desde Repsol YPF este financiamiento –vendor’s loan– es “una práctica habitual en operaciones internacionales de este tipo”. En una segunda etapa, con un plazo máximo de cuatro años, Eskenazi podrá ejecutar una opción de compra sobre otro 10,1 por ciento de las acciones hasta alcanzar el 25 por ciento del total. La opción supone por supuesto el mantenimiento de condiciones financieras similares (precio).

El 20 por ciento que resta para llegar a la apertura del 45 se realizará a través de una oferta pública de acciones. Si bien es cierto que resulta difícil prever quiénes serán los compradores de esta parte del paquete, algunas de las provincias petroleras dejaron trascender su voluntad de ingresar a la empresa.

El ingreso del socio argentino “con experiencia en mercados regulados” más la posible suma de los estados provinciales al directorio dio lugar a especulaciones entre los analistas del mercado petrolero. Se habló de una presunta “argentinización” y de que se estarían dando los primeros pasos hacia la “reestatización” de la firma española en el marco de políticas más agresivas en el continente, como en los casos de Bolivia, Venezuela y Ecuador.

Más allá de las hipótesis, los datos hasta ahora sólo muestran una operación entre privados. También que Repsol YPF continuará manteniendo el 55 por ciento del capital y con ello el control de su filial argentina. Las únicas especulaciones todavía plausibles vienen por el lado de las necesidades de inversión. Las cifras de constante caída de la producción y del horizonte de reservas desde 1998 son alarmantes en una economía que crece, lo que se suma a que “en condiciones de mercado” la compañía no tendría incentivos para invertir en exploración en Argentina vis à vis otras áreas del mundo, como el Golfo de México o Libia.

Fuentes gubernamentales presentaron a Cash una visión más optimista. Dijeron que la presencia del empresario argentino como vicepresidente de la filial local serviría para impedir que la firma española venda 37 áreas de exploración para hacerse de más recursos. También señalaron que Eskenazi contrató un equipo de ex directivos de YPF y Enarsa para desarrollar planes de inversión con miras al aumento de la producción, tanto vía exploración on y offshore, como a través de mejoras en la tecnología de extracción.

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